Navy Pillay, alta comisionada de la ONU

La crisis de la administración de justicia de Bolivia “se agravó” durante el último año y se caracterizó por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los indígenas, la polémica elección de jueces y los altos niveles de violencia contra mujeres, según las conclusiones del Informe Anual de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentado ayer en Ginebra.

El informe propone numerosas medidas para mejorar la administración de justicia, entre éstas analizar el proceso de selección de jueces y consolidar la independencia judicial y las reformas estructurales.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que “son recomendaciones importantes y hay que reflexionar sobre ellas”.

El documento presentado por Pillay alude a las polémicas elecciones celebradas en octubre pasado, en las que se eligieron a 56 magistrados de los máximos tribunales judiciales en un proceso que el Gobierno promovió como avance democrático y al que la oposición respondió con el voto en blanco y el voto nulo.

Respecto a este proceso, la alta comisionada opinó que se pudo haber incluido “criterios meritocráticos con ponderaciones para un procedimiento de evaluación más completo”, al tiempo que opinó que el proceso de información al público “es otro aspecto a mejorar en el futuro”.

Pillay instó al Gobierno de Bolivia a “analizar detenidamente” el reciente proceso de elección de altos cargos judiciales con el fin de evaluar estos dos aspectos de la votación.

Asimismo, pidió a estas nuevas autoridades judiciales que contribuyan “a la consolidación de la independencia judicial y coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de justicia”.

La alta comisionada criticó que Bolivia aún no cuente con un marco legal específico (excepto en hidrocarburos) que garantice el derecho a consulta de los pueblos indígenas y recordó que durante el pasado año siguieron sin implementarse medidas efectivas para protección de los pueblos indígenas más vulnerables.

Respecto a la violencia contra las mujeres, el informe recoge que en los ocho primeros meses de 2011 en el país murieron 226 mujeres, lo que supone un incremento del 60 por ciento respecto al año anterior, cuando 144 mujeres fueron asesinadas.

Romero señaló que se debe considerar que el problema de la justicia en el país es estructural y adolece de muchas fallas, entre ellas procesos lentos y que no es completamente gratuita. Bajo ese panorama, hizo énfasis en que las reformas judiciales, emprendidas hasta ahora por el Gobierno, “son sólo un paso” y que entre las tareas previstas para continuar están, fundamentalmente, operativizar la coordinación entre el sistema ordinario de justicia y el indígena; actualizar los códigos, modificar los procedimientos, ejercer mayor control sobre fiscales y jueces, modernizar las instituciones donde funciona la administración de justicia y desarrollar un programa de capacitación permanente para jueces y fiscales.

Por su parte, la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola calificó el informe de la ONU como “muy elemental, parcializado e incompleto” porque no detalla varios aspectos que debieron ser tomados en cuenta, como por ejemplo la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas o el acaparamiento de poder del Ejecutivo, entre otros.

“En los casos del crecimiento del narcotráfico no se pronuncia, por eso es un informe incompleto y totalmente parcializado porque hay casos mucho más fuertes”, dijo.

Añadió que los representantes de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa y Denis Racicot, son “amigos íntimos del presidente Evo Morales porque siempre han legitimado y valorado los actos del Gobierno”.

AVANCES

Según el informe de la ONU, el país avanzó en la discusión de algunas medidas legislativas y de prevención y protección para mujeres y niñas, si bien concluyó que “todavía queda mucho por hacer”.

Por otra parte, Pillay destacó los avances conseguidos en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, así como la celebración de las elecciones judiciales, si bien insistió en la necesidad de revisar el procedimiento de preselección de los aspirantes y de información a los votantes.

Fuente: Los Tiempos

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