Denuncian negligencia en la investigación

Noventa y un días después que una periodista fuera atropellada por un vehículo que iba en contraruta en medio de un bloqueo de caminos, comienzan a enderezarse las investigaciones y salen a la luz los errores que cometieron un fiscal, un capitán y un abogado y que le han costado a la víctima más de Bs 10.000 hasta ahora.

El 21 de diciembre de 2011, la periodista Jackeline Rojas terminaba unas entrevistas con unos vecinos que bloqueaban el kilómetro 2 de la avenida Villazón, pidiendo la legalización de sus terrenos, cuando un taxi conducido por el chofer Johnny Sagardia, avanzó en contrarruta y en su intento de traspasar el bloqueo, atropelló a Rojas. Los dueños del vehículo infractor pidieron la devolución del carro y el fiscal Freddy Quiroz accedió nombrándolos depositarios judiciales, sin verificar que el carro n o tenía SOAT para resguardar los derechos de la víctima. Según el fiscal, el investigador policial del caso, capitán Vladimir Fernández, le informó que el carro tenía SOAT, pero lo que no especificó el efectivo, y tampoco verificó el fiscal, es que el SOAT presentado era de la gestión 2012. El chofer desapareció dejando una dirección falsa que la víctima tuvo que buscar sin éxito. Su abogado Wilfredo Blanco, jamás le dijo que él sí tenía el teléfono del conductor y recién se lo brindó el fin de semana pasado, al darle el pase profesional. Ni el abogado ni el fiscal pidieron la anotación preventiva del vehículo ni ampliaron la imputación a los dueños del taxi. Más bien intimidaron a la periodista diciéndole que los dueños podían iniciarle un proceso por difamación e injurias, cuando el artículo 261 del Código Penal señala que los dueños de la empresa de transporte o del vehículo pueden ser sancionados con dos años de cárcel si las lesiones de la víctima se produjeren a raíz de una grave inobservancia a la ley cometida por el chofer, lo que se aplica en este caso. El fiscal Quiroz dijo que está a la espera de que el seguro certifique que el 21 de diciembre de 2011 el taxi no tenía SOAT, para ampliar la imputación.

Matilde Orellana, ex fiscal de Tránsito y nueva abogada de la periodista, dijo que se han cometido errores en este caso y que su cliente podría presentar denuncias por incumplimiento de deberes. “Se ha adelantado criterio, no verificaron el domicilio del chofer, no se veló por los derechos de la víctima y vamos a redireccionar este caso”, dijo.

Fuente: Opinión

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