El Gobierno cambió de estrategia política para afrontar la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS. Dejó atrás el ataque y la judicialización para buscar consensos sectoriales con el objetivo de aislar al “núcleo duro” de los indígenas y debilitar la protesta.

Éste es el criterio con el que coinciden tres analistas políticos consultados por Página Siete: Romano Paz, Jorge Komadina y Marcelo Silva.

Para Paz, el Ejecutivo “ha cambiado de estrategia” porque “los indígenas con sus reivindicaciones han despertado mucha afinidad de los bolivianos y a nivel internacional”, por eso ahora apuesta a “acercarse e intentar romper la unidad de los indígenas” antes del inicio de la marcha, previsto para el 25 de abril.

Si los acuerdos realizados por el Gobierno con los indígenas producen el resultado esperado, el Ejecutivo “se enfrentará con determinados sectores que se oponen a la construcción de la carretera” y no con un bloque mayoritario de indígenas.

El politólogo también dijo que percibe una estrategia “de la zanahoria y el garrote”, “es decir se agrede y se ataca, y también se da premios” en referencia a los recientes pactos firmados. “Se dan beneficios a las comunidades alineadas al Gobierno y se castiga a aquellas que son críticas”.

Marcelo Silva, por su parte, dijo que “no nos olvidemos que la estrategia gubernamental en la anterior marcha fracasó porque judicializó la marcha, desprestigió a sus dirigentes y se usó la violencia y la fuerza, como fue la represión del 25 de septiembre”. “El Gobierno aprendió la lección y no va repetir, ahora intenta la estrategia prebendal”.

El experto recordó que la ley corta establece que el TIPNIS es un territorio intangible y se establecieron restricciones al aprovechamiento de recursos naturales y la pesca, pero recientemente el presidente Evo Morales fue a la comunidad de Oromomo a entregar motores fuera de borda y generadores de luz.

“Creo que el Gobierno está agotando esta primera instancia (acuerdos) y no me parece nada bueno que opte por otras estrategias, como deslegitimar la marcha o realizar otro tipo de pactos políticos que vaya a restar apoyo a la marcha indígena”.

Jorge Komadina afirmó que el Gobierno, a diferencia de lo que hizo con la VIII marcha indígena, ahora aplica una “estrategia diferente y quizás más eficaz”.

“En la primera marcha lo que se hizo fue criminalizar, judicializar y estigmatizar a los dirigentes (…) acusándoles de no ser transparentes y corruptos y toda esta estrategia conduce al aborto violento de la marcha, como fue la represión”, dijo Komadina, quien también recordó que el Gobierno, en 2011, se oponía a la consulta previa, ahora la promueve. Esta maniobra gubernamental “estuvo reforzada de una campaña mediática de descalificación”, pero ahora el que tomó las riendas de la estrategia no es uno de escritorio, sino es un hombre de terreno, (el ministro Juan Ramón) Quintana, y ahora lo que se pretende es evitar la fusión y unidad indígena con acuerdos por separado con la comunidades y así tratar de debilitar la marcha y aislar al núcleo duro de los indígenas antes del inicio de la marcha”.

El martes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que los acuerdos alcanzados con organizaciones indígenas busquen debilitar la IX marcha.

Fuente: Pagina siete

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