Nacionalización de recursos naturales

El Gobierno argentino rechazó ayer pagar los 10.000 millones de dólares exigidos por el grupo español Repsol por el 51 por ciento de sus acciones en YPF. Adelantó su intención de “revisar” el valor de la petrolera, mientras que avanzó con su mayoría parlamentaria en la tramitación de la expropiación de la compañía.

El Gobierno español, entretanto, continuó con su ofensiva diplomática. El presidente Mariano Rajoy, en el Foro Económico Mundial en México, dijo que la decisión de Argentina “puede perjudicar a toda Latinoamérica”.

En Bolivia, el presidente Evo Morales indicó que entre Bolivia y Repsol existe confianza y dijo que está conforme con las inversiones de la petrolera española, pero también alabó la decisión de la mandataria argentina Cristina Fernández de nacionalizar las acciones de YPF.

Los interventores de YPF, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, protagonizaron ayer un tenso debate con dirigentes de la oposición críticos con la política energética del Gobierno, durante su comparecencia en el Senado para debatir el contenido del proyecto de expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF.

Kicillof, a quien fuentes empresariales atribuyen un especial protagonismo en el diseño de la expropiación, acaparó la atención de la jornada al anunciar una “revisión” del valor de la petrolera y rechazar los 10.000 millones de dólares que reclamó ayer el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo.

Denuncias

“Brufau dijo que el año pasado hubo niveles récord de inversión (…), pero hay una deuda cercana a los 9.000 millones de dólares”, según Kicillof, ahora interventor de YPF.

Repsol, sostuvo, “ha tenido beneficios extraordinariamente grandes” y “nadie puede decir que les estamos sacando algo que era suyo”.

“No podíamos darnos el lujo de esperar para discutir con el grupo trasnacional de qué hará con los recursos de Argentina”, insistió el alto cargo, que acusó a Brufau de “soberbia” y de tratar de “quebrar la muñeca” a Argentina para “sacar más precio” por el petróleo.

Brufau, en una conferencia de prensa en Madrid, dijo que 10.500 millones de dólares es el valor de su participación del 57,4 por ciento en su filial argentina, a la que otorga un valor total de 18.300 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y Estatutos de la petrolera YPF.

ESPAÑA VE INJUSTIFICABLE LA EXPROPIACIÓN

El presidente español Mariano Rajoy aseguró ayer que la expropiación de YPF por parte de Argentina es injustificable y sienta un precedente de lo que podría suceder con otras inversiones extranjeras en el país sudamericano.

El Mandatario español señaló que lo ocurrido “afecta y mucho a la reputación internacional de Argentina”. “Lo que ayer le ha pasado a una empresa española, alguien puede pensar que puede ocurrirle mañana a cualquier otra inversión”, dijo Rajoy durante su participación en el Foro Económico Mundial en el balneario mexicano de Puerto Vallarta, donde recibió el apoyo de los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Guatemala, Otto Pérez.

Rajoy reiteró que el anuncio argentino “rompe el buen entendimiento” que había existido entre ambas naciones. “Afecta y mucho a la reputación internacional de Argentina”, perjudica a España, puede dañar la imagen de Latinoamérica y perjudica a Repsol.

Morales: Hay “confianza” con Repsol

El presidente Evo Morales dijo ayer que la expropiación de YPF, filial argentina de Repsol, es un “tema de Argentina y España” que no supondrá ningún problema para Bolivia, donde con la petrolera española hay una relación de “mucha confianza”, pero también alabó la decisión de Cristina Fernández.

En una rueda de prensa en La Paz, el Gobernante afirmó que “el tema Argentina-Repsol es un tema de Argentina y España. No nos va a traer ningún problema, porque nosotros tenemos una relación de mucha confianza con Repsol”.

Horas después, en un acto en Cobija, Morales señaló: “Esta mañana nos hemos informado que la república de Argentina, un país vecino y hermano, a la cabeza de la presidenta Cristina Fernández, también recupera sus recursos naturales como los hidrocarburos (…) Quiero pedir un aplauso para la Presidenta, para el país hermano Argentina”.

En La Paz, el Presidente afirmó que “Repsol respeta todas las normas bolivianas y las inversiones (…) van bien”.

Morales dijo que “hubo un momento de tensión” con Repsol cuando la Asamblea Constituyente redactaba la nueva Carta Magna de 2009, entonces “se paralizaron un poco las inversiones”, pero “una vez aprobada la Constitución, se aceleró la inversión”.

APOYO A DECISIÓN

La decisión del Gobierno argentino recibió ayer el apoyo de algunos mandatarios. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, apoyó la determinación de Buenos Aires y rechazó las “amenazas o intentos de intimidación” contra esa nación, según informó el canciller venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente de Uruguay, el exguerrillero José Mujica, se solidarizó con el Gobierno argentino y criticó la “la prepo (prepotencia)” de la “Europa Rica”.

El ministro de Minas y Energía de Brasil, dijo que “cada país tiene su soberanía y puede actuar como mejor le parece”.

Chile, entre tanto, señaló que apoyará a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en el cuidado de sus bienes en Argentina, donde tiene proyectos con YPF.

EN CONTRA DE MEDIDA

El anuncio realizado por Cristina Fernández fue valorado de forma negativa por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y los gobiernos de algunos países, como México.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recordó al Gobierno argentino que las nacionalizaciones empeoran el clima de inversión del país y son perjudiciales para su crecimiento económico.

En Bruselas, la Comisión Europea suspendió la reunión del comité conjunto UE-Argentina de los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires en respuesta a la expropiación del 51 por ciento de YPF.

El Gobierno francés, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bernard Valero, abogó por buscar una solución dialogada y para que se respeten las garantías jurídicas.

Fuente: Los Tiempos

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