Y que no se puede modificar la CPE

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, afirmó ayer que la plataforma de la IX marcha en defensa del TIPNIS afecta a otros sectores sociales y calificó de un “despropósito” la propuesta de modificación de la Constitución Política.

La autoridad afirmó ayer que “varias de las demandas de la plataforma de la marcha afectarán a otros sectores de la población, tanto en su representación en los órganos del Estado como en otros aspectos”.

Mientras tanto la columna de marchistas recorrió ayer 30 kilómetros desde Yucumo, donde no se registró mayor confrontación, y acampó en la comunidad Quebrada, ubicada en cercanías de la localidad de Quiquibey.

La plataforma de la marcha indígena tiene demandas como la abrogación de la Ley 222 de consulta “previa” en el TIPNIS, titulación inmediata de todos los procesos de saneamiento de TCO (Tierra Comunitaria de Origen) en favor de las comunidades indígenas, pedido de más escaños en la Asamblea Legislativa, modificación de la Constitución Política del Estado y de varias leyes que están vigentes.

Específicamente, los indígenas demandan tener un representante por nación indígena en el Legislativo mediante una elección directa, pero el MAS considera que esta propuesta creará malestar en los departamentos.

La IX marcha también pide que las naciones indígenas tengan representantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal de Justicia.

Asimismo demanda modificar el artículo 349 de la Constitución, aprobada en un referéndum en 2009, sobre la administración de los recursos naturales que corresponde al Estado. Los indígenas plantean administrar estos recursos si están en sus territorios, pero Montaño rechazó esta posibilidad.

“Los recursos naturales son de propiedad de todos los bolivianos por lo que no podrían beneficiar sólo a un sector. Éste es un despropósito”, afirmó.

El Gobierno envió una respuesta escrita a la IX marcha con estas consideraciones, pero éstas fueron rechazadas.

Rafael Quispe, ex dirigente del Conamaq, afirmó ayer que “hemos analizado punto por punto esta respuesta del Gobierno y ya le hemos respondido con otra carta al Presidente (Evo Morales) de que su respuesta está infundada, que no hay ningún argumento jurídico ni político, que son respuestas muy vagas”.

Fuente: Página Siete

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