Brasil se basa en la Constitución Federal

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó ayer la “concesión de asilo” para el senador opositor Róger Pinto, horas después de que el canciller David Choquehuanca negara conocer una comunicación oficial sobre esta decisión.

“El Gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Róger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano, y basado en el artículo 4 e inciso X de la Constitución Federal”, señala el texto publicado en la página web de dicha repartición de Estado.

El senador opositor solicitó el 28 de mayo asilo al Gobierno brasileño a través de la embajada en Bolivia, lugar donde el asambleísta se refugió desde ese día, aduciendo persecución política y amenazas contra su vida.

El miércoles, Página Siete publicó la información de que Brasil concedió asilo político y que un avión brasileño trasladaría al senador a Brasilia. Ayer, también informó que el vicecanciller Juan Carlos Alurralde recibió la aceptación del asilo en su despacho ese mismo día a las 19:00.

La Cancillería de Brasil habría solicitado en esa oportunidad que Bolivia entregue un salvoconducto para que el senador Pinto pueda salir del país, de no hacerlo, el peticionario del asilo se mantendría de forma indefinida en la embajada.

Al promediar el mediodía de ayer, el canciller Choquehuanca aseguró que su despacho no recibió ninguna comunicación oficial de Brasil. “Pero en este caso, de manera oficial, por los conductos establecidos no he recibido ninguna comunicación”, afirmó.

La autoridad explicó que el Gobierno nacional envió documentación e información a su similar en Brasil para que consideren los elementos que existen en contra de Pinto y evitar que se tome una decisión “a priori”.

“Es más, les hemos manifestado que nosotros estamos dispuestos a realizar una auditoría jurídica”, explicó el canciller.

Sin embargo, de acuerdo a fuentes de la Cancillería de Brasil consultados por este matutino, ese Gobierno considera “válidas” las denuncias del asambleísta que acudió a la legación diplomática y que además un equipo de abogados detectaron irregularidades en los juicios.

Al menos 20 procesos judiciales están abiertos en su contra por desacato, presuntos hechos de corrupción, entre otros. Pinto además puso en tela de juicio que la parcialidad de la administración de justicia le impediría defender en el marco de un debido proceso. Alegó en una carta que su situación era “insostenible” no sólo por los varios casos que tenía que enfrentar, sino porque los juicios fueron instalados en diferentes ciudades capitales del país.

El ex prefecto de Pando, en la misma carta, señala que las acciones jurídicas de autoridades gubernamentales en su contra fueron en respuesta a las denuncias que realizó en contra de funcionarios vinculados presumiblemente a hechos de corrupción e incluso al narcotráfico.

El oficialismo rechazó que exista una política de persecución en el país y reiteró que el asambleísta tiene varios procesos por sus actos en el ejercicio de la administración pública.

Fuente: Página Siete

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