El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó la voluntad del Órgano Ejecutivo de lograr, mediante un acuerdo concertado con los representantes de los policías amotinados, un incremento de 2.000 bolivianos para poner fin al conflicto y se permita normalizar los servicios de seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Pese al anuncio del Ministro de Gobierno las protestas continúan y el motín se ha extendido en todo el país.

En conferencia de prensa, la autoridad, quien reapareció tras 24 horas de ausencia, se limitó a comunicar la predisposición del Gobierno de solucionar esta crisis institucional, por lo que optó por no responder preguntas de diferentes medios de prensa que se dieron cita a Palacio Quemado, cuya puestas se mantiene cerradas desde las 13.00 del jueves pasado, cuando las esposas de policías tomaron la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

“En el marco del Decreto Supremo de nivelación salarial, el Gobierno ha previsto y lo hacemos ahora públicamente ante el conjunto del pueblo y a todas las unidades policiales desplegadas en el territorio nacional, que efectivamente nosotros queremos efectivizar la decisión de lograr estos ingresos que percibe la Policía Nacional por conceptos salariales que alcancen a los 2 mil bolivianos, de esa manera nuestra policía va continuar en este tratamiento especial que ha venido desarrollando el Gobierno Nacional”, manifestó Romero en conferencia de prensa.

La autoridad convocó a los representantes de los uniformados a entablar el diálogo con el Ejecutivo, para ello ofreció las oficinas del Ministerio de Gobierno para reunirse, sin embargo los policías amotinados, liderados por Guadalupe Cárdenas y el suboficial Edgar Ramos, descartaron esta invitación y pidieron reunirse con el presidente Evo Morales en Palacio Quemado, quien retornó del Brasil tras su participación de la cumbre de Rio+20.

Romero dijo que los requerimientos de los uniformados, que se encuentran en el motín en varias dependencias verde olivo del país, está fuera de contexto. Señaló que los uniformados no son funcionarios públicos y no pueden ganar igual que ellos, pese a que el planteamiento de los policías es tener un salario al igual que los militares y no igual que los funcionarios públicos.

“La demanda se dirige a lograr una nivelación de la Policía con el del funcionariado público, los policías no son servidores públicos, tienen un uniforme, cumplen un rol y en tal medida son servidores públicos porque brindan seguridad”, manifestó Romero.

Romero lamentó que los uniformados hayan quemado papeles del Tribunal Disciplinario de la Policía y que muchos efectivos de bajo rango se encuentren amotinados, por lo que los invocó a atender el pedido de dialogo del Gobierno. / Opinion

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