Ingenieros son sancionados con traslado de 1000 adobes

La tarde de este domingo y después de una larga audiencia dentro la justicia indígena originaria realizada por las autoridades indígenas de los Ayllus del norte de Potosí en la localidad de Chiro K´asa, se determinó la liberación de los últimos tres rehenes: los dos ingenieros de la empresa minera de Mallku Khota, Agustín Cárdenas y Fernando Fernández, además del cabo de la Policía, Herbert Pérez.

En la audiencia estuvieron presentes las autoridades originarias de la Federación de Ayllus del norte de Potosí, comunarios movilizados, los dos ingenieros Agustín Cárdenas y Fernando Fernández, y como veedores el secretario de la Gobernación potosina, René Navarro, el representante del defensor del pueblo René Arroyo y la presencia de representantes del Ministerio Público.

El Defensor del Pueblo de Potosí, René Arroyo brindó los resultados de la audiencia de justicia indígena originaria que culminó la promediar las 12:50 horas. Informó que los dos ingenieros retenidos desde el pasado 28 de junio, quienes presuntamente sacaron fotografías de un cabildo de los comunarios vestidos como originarios del lugar, deberán realizar 1.000 adobes en un plazo de 30 días.

“La sanción dada a los dos ingenieros es la de alzar 1.000 adobes, se les ha dado a ambos y de debe cumplirse en el plazo de 30 días. René Arroyo representante del Defensor del Pueblo es el garante”, reporto la radio Pio XII.

Entre tanto, las autoridades originarias determinaron dejar en libertad al cabo de la Policía, Herbert Pérez, previa declaración ante el representante del Ministerio Público. Sin embargo, la liberación es condicionada porque los comunarios exigieron el esclarecimiento de la muerte de José Mamani de 45 años de edad quien, según informé externo del médico forense, murió a consecuencia de un impacto de bala en la cabeza.

Los tres retenidos fueron trasladados hasta la ciudad de Oruro, ante una decisión de último momento que habría asumido el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez cambiando el destino que en primera instancia era el municipio potosino de Llallagua, según denunció el representante defensorial. Sin embargo, uno de los rehenes fue internado en un centro hospitalario de la capital de Pagador por una descompensación en su salud.

Según Arroyo, los ingenieros se encontraban estables de salud, pero con urgencia de una atención médica, en tanto el que mostraba mayores signos de dolor era el efectivo policial que fue trasladada a uno de los vehículos cargado en los hombros del representante defensorial.

En la recolección de elementos de convicción por parte del Ministerio Público en el lugar de la muerte del comunario, Arroyo detalló que se encontró “parte del lanza gas; 24 cartuchos de gas lacrimógeno usados; 30 cartuchos de balines usados; 4 cartuchos de balines cargados, 13 cartuchos de municiones 9mm usados; un cartucho de gas que tiene otras características, y una escopeta color negro”.

Este inventario, dijo Arroyo, ha sido elaborado junto al fiscal de Llallagua, Manuel Córdoba, la fiscal Wilma Blas de Sacaca, el alcalde del Municipio de Chiro K´asa, además de Juvenal Mamani Ramos, hijo de la víctima y Virgilio Huanca, Mallku de la Federación de Ayllus Originaos Indígenas del norte de Potosí.

Acuerdo

La mañana del domingo, antes de realizar la audiencia originaria, el ministro de Trabajo y los representantes de la Gobernación de Potosí, firmaron el acuerdo con los Ayllus del norte de Potosí para pacificar la zona, entre los puntos principales están la reversión de la concesión minera de Mallku Khota al Estado, el de dar garantías a los comunarios para que no se los procese, y de apoyar legalmente para defender al dirigente Cucac Cancio Rojas.

“El Gobierno se compromete a levantar todas las denuncias, pero al mismo tiempo evitar cualquier persecución en contra de los dirigentes originarios campesinos y sindicales. En cuanto se refiere a la liberación del compañero Cancio Rojas, el Gobierno Departamental de Potosí se ha comprometido de apoyar con dos abogados y al mismo tiempo coordinar las acciones de defensa con Derechos Humanos. Existe el firme compromiso de nuestro gobierno de anular la concesión de revertir al Estado boliviano el cerro Mallku Khota a favor del Estado boliviano”, afirmó Santalla.

Además, el acuerdo estipula que el Gobierno con relación al fallecido José Mamani realizará una “colaboración” de ocho mil bolivianos, de dar una fuente laboral a la viuda o una persona que decida la familia. Además que el Ejecutivo correrá con los gastos de los heridos. En lo que concierne a la petición de renuncia del ministro de Minería, será el presidente quien determine. Y en cuanto se refiere al proceso en contra de los policías que han atropellado las vigilias el Ministerio Público iniciar una investigación.

Fuente: ANF

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