Tres concejales de Quillacollo, dos de Unidad Nueva Esperanza (UNE) y uno del Movimiento al Socialismo (MAS), enfrentan procesos legales que podrían derivar en la pérdida de sus curules.

Se trata de las concejalas, Cinthia Fernández y Patricia Pozo (UNE) y Mirtha Condori (MAS), quienes están procesadas desde hace dos años por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la ley, resistencia a la autoridad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, previstos en los artículos 159 y 161 del Código Penal.

Por los mismos delitos está procesado el concejal Julio Santos Tola, quien se vio obligado hace días a solicitar licencia al Concejo para enfrentar otro juicio por presunta tentativa de violación a una joven de 21 años.

Los juicios fueron interpuestos por la exalcaldesa y actual concejala, Carla Lorena Pinto Bustamante, quien pidió a los fiscales y jueces que atienden los casos celeridad en los procesos.

No descarta iniciar juicios a las autoridades por retardación de justicia, ya que las querellas, hace mucho tiempo, debían estar con resoluciones finales.

“Las autoridades judiciales están en la obligación de acelerar los casos y pronunciarse ya sea a favor o en contra, pero deben hacerlo bajo alternativa de procesos de retardación de justicia”, sostuvo la concejala, al señalar que en caso de prosperar los procesos, los tres concejales podrían perder sus mandatos y ser sustituidos por sus suplentes, como ya ocurrió con el caso de Santos Tola.

ADVERTENCIA: Por su parte, el concejal suplente Marcelino Cervantes, advirtió que de seguir la tardanza en las resoluciones en contra de las concejalas cuestionadas, denunciarán a las instancias superiores para que asuman sanciones contra los fiscales que con su lenidad se “parcializan” con las procesadas.

Cervantes, es suplente de la concejala Patricia Pozo, quien también fue cuestionada por su ineficiencia y no hacer nada por su distrito municipal, olvidándose de sus compromisos de trabajo.

Las concejalas enjuiciadas, por separado, informaron que asumirán su defensa y demostrarán en los estrados judiciales que son víctimas de una persecución política que busca una “reconfiguración” en el Concejo Municipal para defenestrar de su cargo al alcalde Charles Becerra Sejas, quien a su vez enfrenta cinco juicios por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, usurpación de funciones y encubrimiento y protección a funcionarios con denuncias de corrupción”.

Fuente: los tiempos

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