ley contra la violencia ala mujerLa Cámara de Diputados aprobó anoche en su estación en detalle el proyecto de ley de lucha contra la violencia a la mujer, luego de un intenso debate de más de 13 horas seguidas, que se centró sobre los procedimientos y el financiamiento.

El proyecto de ley sufrió una serie de modificaciones tanto de forma como de fondo, una de ellas, y la que más reclamo generó de la oposición, tiene que ver con el factor económico, el cual no estaría siendo garantizado para la aplicación de esta ley.

La diputada Marcela Revollo (MSM) señaló que el Gobierno central no dispondrá los recursos necesarios para aplicar la norma, pues delega tales situaciones a las entidades territoriales autónomas.

“La gran debilidad que ha habido, la discusión tanto en grande ha sido la parte económica, una de las razones por las que todo el plan de erradicación de formas de violencia que tuvo vigencia por 18 años en el país no tuvo resultado porque los diferentes Gobiernos no invirtieron en prevención y no invirtieron en mejorar las brigadas de protección a la familia y servicios legales integrales”, manifestó.

De acuerdo a su versión, el Ministerio de Economía se ha “resistido” a destinar recursos, por ejemplo, para la prevención, reparación y acogida de víctimas.

“Cómo van a funcionar las casas de refugio, cómo se va a crear la División Contra la Violencia a la Mujeres o crear nuevas instancias en el Ministerio Público y jueces especiales para el tema”, se cuestionó.

Al respecto, la diputada Rebeca Delgado (MAS), proyectista de la ley, señaló que existe el compromiso de invertir recursos para que la Policía Nacional, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público puedan crear las unidades que combatirán la violencia a la mujer, en un plazo de tres meses.

El proyecto de ley establece la creación de Juzgados Públicos contra la violencia hacia las mujeres y Fiscalías de Materia especializadas en esta temática, además de una División de Delitos de Violencia Contra las Mujeres en la Policía Nacional.

“Los municipios tienen plazos, el Gobierno central tiene plazo, en el término de tres meses tienen que hacerse todos los ajustes presupuestarios que tengan para que esto funcione, el hecho de que esto no se haga en tres meses ya implicaría un incumplimiento de la ley y se puede plantear en su caso una acción de incumplimiento”, explicó.

Se requerirán tres meses para su aplicación

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, informó que el proyecto de ley integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres prevé un plazo de tres meses para la plena aplicabilidad por los órganos del Estado.

La legisladora explicó que ese proyecto de ley, que se debate en detalle en la Cámara de Diputados, establece que los recursos para la implementación serán erogados por el Gobierno central, los gobiernos municipales, departamentales e indígenas originarios campesinos, además de las instituciones del Órgano Judicial.

“Lo que se ha planteado es poner plazos en la ley, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura tiene tres meses para implementar los juzgados y los tribunales públicos que atiendan los temas de violencia, la Policía tiene tres meses para tener una fuerza especial de lucha contra la violencia y la dirección especial de medicina forense, hemos garantizado que exista los recursos dando ese plazo a las instituciones”, explicó.

En esa dirección, Delgado sostuvo que las instituciones que no cumplan con el plazo de los tres meses serán pasibles a acciones constitucionales, que implican responsabilidad del Estado. “Se ha acordado ese plazo máximo de tres meses para la plena aplicabilidad de la ley”, sustentó.

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