CASO WARA

En una inspección realizada a la casa de la menor de 14 años, imputada por asesinar a su compañera de curso Wara Azeñas Estévez (15), investigadores policiales hallaron el teléfono celular del hermano mayor de la adolescente, en el que encontraron mensajes “sospechosos” entre él y la madre de ambos, quien es abogada de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba.

Según las fotografías de los mensajes, la madre le escribe a su hijo el 5 de febrero, a las 9:06 de la mañana el siguiente texto: “si te preguntan qué hacías ese día qué vas a decir”. Al minuto el joven de 19 años responde: “le diré que estaba arrinconando mi cuarto y en la tarde durmiendo”.

Estos mensajes permiten a los investigadores manejar diferentes hipótesis, sobre el grado de complicidad del joven con su hermana menor. Para el exdirigente del Magisterio, el profesor Federico Pinaya, que es tío de la víctima Wara Azeñas, “es otra muestra más de cómo esta abogada pretende influir en la investigación de este caso”.

Según Pinaya, la abogada abandonó su fuente laboral para asistir a una audiencia de solicitud de libertad para su hija, sin siquiera pedir permiso a su jefe.

“Ya lo he verificado con su jefe y por eso estoy presentando ante el Ministerio de Educación, una solicitud de suspensión de cargo para esta funcionaria que además, no es institucionalizada”, sostuvo.

El profesor también hizo referencia a un informe del colegio en el que estudiaban ambas adolescentes. La presunta asesina fue sometida a una prueba psicológica en 2011, antes de ser admitida en la unidad y la psicóloga detectó que la menor “no tenía niveles adecuados de contención de impulsos, era agresiva hacia su entorno y poseía indicadores de omnipotencia, superiores a los esperados para su edad”.

Su ingreso fue rechazado, pero “el informe dice que a mucha insistencia, la familia logró forzar el ingreso de la menor, lo que me permite deducir, que la persona que insistió fue la madre y abogada de la Dirección de Educación, eso es uso indebido del cargo”, dijo Pinaya. De acuerdo con la ley, la menor debía ser llevada a juicio en un plazo de 45 días. Por lo delicado de este caso, el plazo fue ampliado 12 días más. “La defensa de la menor presentó chicanas para paralizar el procesamiento de la prueba de ADN, con la intención de evitar que la misma llegue al juicio y el juez debe pronunciarse al respecto”, informó Pinaya.

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