[dropcap]L[/dropcap]as movilizaciones de la “guerra del gas” radicaban en que no se debía exportar gas por Chile para el proyecto LNG a un precio prácticamente regalado, entre 0,50 y 0,70 ctvs de dólar por millón de BTU.
Según algunas estimaciones el proyecto requería una inversión de USD3.000 MM de los cuales se generarían USD 1.000 MM anualmente; sin embargo, con la Ley 1689 de hidrocarburos el país percibiría únicamente USD180 MM.
En tanto se masificaban las movilizaciones populares, la entonces oposición sindical solicitaba discutir un incremento de los impuestos petroleros del 18 al 50%; sin embargo, persistía la negativa de la coalición del Gobierno MNR, MIR, UCS y NFR, por lo que el Rencuentro Nacional propiciado por la iglesia católica no prosperó.
El 18 de octubre Carlos Mesa visita El Alto y se plantea un referéndum vinculante para decidir sobre la exportación del gas, modificar la Ley 1689 y revisar el proceso de capitalización de las empresas estatales.
Con el Decreto Supremo 25507 de 2004, se dio a conocer las preguntas del referéndum, aunque se cuestionó el por qué no se incluyó la pregunta “¿Está de acuerdo con nacionalizar el gas y el petróleo en Bolivia?”.
En un marco de presiones, luego de varios proyectos de Ley presentados al Congreso, se sancionó la Ley 3058, pero el presidente Mesa decidió devolverla al parlamento, debido a que la consideraba “confiscatoria” para las empresas extranjeras, una de las razones para que renuncie en junio del 2005.
Si bien la nueva norma no establecía una nacionalización tacita, buscaba fortalecer YPFB y su participación en toda la cadena de hidrocarburos, además de una obligación para la migración de contratos en un plazo de 180 días, la creación del IDH y otros.
Cuando Rodríguez Veltzé subió a la presidencia el 9 junio de 2005, las petroleras mostraban su negativa para migrar los contratos y amenazaban con acudir a instancias internacionales, lo cual forzó a la ampliación de plazos.
En mayo de 2006, con el Decreto Supremo 28701, el Estado recupera la propiedad, posesión y control total de los recursos naturales hidrocarburíferos. En junio de ese año se acuerda la venta de gas a la Argentina a 5 dólares por millón de BTU, el cual se ratificó en octubre, además del incremento progresivo de los volúmenes exportados y la implementación de una fórmula de ajuste para el cálculo del precio de venta en función al precio internacional del barril de petróleo.
Con lo establecido en el Decreto de Nacionalización el 27 y 28 de octubre de ese año se suscriben 44 contratos de operación para brindar seguridad jurídica, pero con mejores condiciones para el Estado.
¿Qué hubiese pasado si se mantenían las condiciones anteriores?
Según cifras oficiales se obtuvieron más de USD19.705 MM desde la nacionalización, en tanto que con las condiciones de la anterior Ley de hidrocarburos se hubiesen obtenido apenas USD7.368 MM, alrededor de una tercera parte. La diferencia se constituye en lo que las transnacionales se hubieran llevado de no ser la decisión política de recuperar los recursos naturales.
Esta apropiación del excedente también permitió que YPFB deje de ser una empresa residual y se convierta en una Corporación que participa en toda la cadena de hidrocarburos con un patrimonio que se incrementó de Bs980,8 MM en 2005 a Bs38.123,3 MM en 2012, y beneficie con la redistribución principalmente a las Gobernaciones y Municipios.

Por: Omar A. Yujra Santos
Economista 



Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.