Equidad

La discusión sobre el financiamiento o no de los partidos políticos por parte del Estado se reabrió en medio del debate de un nuevo proyecto de ley de Organizaciones Políticas. Analistas políticos señalan que la controversia sobre este tema, no sólo en el caso de Bolivia, tiene dos aspectos de fondo: equidad y fiscalización.

Según diferentes estudios, el financiamiento estatal es una forma de asegurar que los partidos políticos participen en los comicios electorales en igualdad de condiciones, y que no existan esas grandes desproporcionalidades en el gasto de recursos económicos en las campañas.

Por otra parte, consideran que por tratarse de recursos estatales es posible establecer una fiscalización de los recursos que manejan los partidos y se eviten los financiamientos de dudosa procedencia.

Para la analista política, María Teresa Zegada, el financiamiento de la política con recursos públicos es altamente positivo. “Es bueno, siempre que sea bien fiscalizado”, dice.

Zegada argumenta que la política con financiamiento por parte del Estado atenúa las desigualdades en las contiendas políticas, ayuda a la fiscalización de las organizaciones políticas por parte de la sociedad civil, por tratarse de recursos públicos.

“Ayuda también a los partidos políticos a contar con autonomía con relación a los poderes fácticos de la sociedad, como los grupos empresariales”, dijo.

Según Zegada, quien participó junto a otros politólogos y analistas, de varios encuentros organizados por el Tribunal Supremo Electoral para la discusión del anteproyecto de ley de organizaciones políticas, existe una tendencia para reponer el financiamiento a la política, restringida mediante ley en 2008,

No obstante, señaló que las discrepancias están en si esa subvención debe ser económica o a través de otro tipo de ayudas, siendo esta última la que tiene mayor respaldo.

Zegada calificó el tema de la financiación de la política como un “tema controvertido”, ya que a lo largo de la historia boliviana siempre estuvo en permanente debate, desde 1932 cuando no existía ningún tipo de ayuda por parte del Estado a los partidos políticos, situación que se cambio en 1997 cuando se aprobó una norma de financiación.

La organización IDEA Internacional realizó en los últimos meses diferentes reuniones con distintos sectores sociales, para debatir el tema, resultado de ello se tiene un proyecto de ley de Organizaciones Políticas que fue enviado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en dicho documento se sugieren varias alternativas, para la subvención estatal a los partidos políticos.

Se propone un financiamiento indirecto, es decir, que el Estado boliviano se haga cargo de la propaganda política de los partidos que participan en elecciones, como también el apoyo por ejemplo para la construcción programática a cargo del TSE.

TSE no tomó una decisión

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, manifestó que existen varios criterios, que aún son analizados por los miembros del TSE, para definir el financiamiento a los partidos políticos.

“Estamos trabajando nosotros en un proyecto de ley de organizaciones políticas y precisamente uno de los puntos del anteproyecto es el tema de financiamiento a organizaciones políticas, si se debo o no finaciar. La pregunta ¿el Estado debe financiar o no a los partidos políticos como en algún momento ha acontecido en la historia de Bolivia?”, dijo el vocal electoral.

Criterios divergentes

• Una de las posibilidades de financiamiento que el Tribunal Supremo Electoral maneja es la posibilidad de financiar a los partidos políticos, pero “en especie” o “servicios”. Por ejemplo, invertir en la capacitación interna en los partidos y para sus campañas posteriores”.
• Para el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Sánchez, que refleja la posición de este partido, el financiamiento para las campañas políticas se suspendió para evitar que ese dinero de los bolivianos “se distribuyan entre cuatro o cinco dirigentes, que en el pasado utilizaron esos recursos para comprarse casas y no rendir cuentas de ellos”.

• Líderes de los partidos opositores al Gobierno coinciden que el partido gobernante está en amplia ventaja de los opositores, porque como sucede ahora utiliza recursos y bienes estatales sin control para hacer campaña.

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