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INSURGENTE.ORG- El Gobierno español está llevando a cabo modificaciones legislativas con el Código Penal y la introducción de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para limitar, mitigar y reducir el derecho inalienable de protesta. A partir de ahora se se contempla como infracción “muy grave” -sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros- el uso y la distribución de imágenes de los policías. 

  Se trata de enmascarar el derecho constitucional de libertad de expresión e información para ‘facilitar’, esconder y dificultar la denuncia del trabajo (sucio) de las fuerzas de orden público.

Esta es una recopilación de fotos y vídeos de acciones de dudosa profesionalidad de las fuerzas de orden público cuya difusión o ejecución serán prohibidas con el nuevo reglamento bajo la excusa de comprometer la seguridad de operaciones o de funcionarios públicos. La seguridad de los ciudadanos no importa.

Que no se olviden.

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