reforma educativa
El Gobierno optó por aplicar en la gestión 2014 la totalidad de los cambios establecidos en la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez en cuanto a la currícula educativa. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo que el proceso debió ser gradual, pero que esto generó “confusiones” en los profesores.
La nueva ley sustituye el sistema de evaluación trimestral por el bimestral; también deja de lado los reforzamientos escolares y cambia la escala de calificaciones de 1 a 70 por la de 1 a 100 puntos.
“El 2014 ingresamos de manera plena a la aplicación a la nueva Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, dijo Aguilar en la cumbre de autoridades y delegados del Sistema Educativo Plurinacional (SEP), al anunciar que para este cometido, el Gobierno destinará 40 millones de dólares.
El viceministerio de Educación Regular, Juan José Quiroz, dijo que a partir de la presente gestión todas las unidades educativas del nivel secundario serán colegios técnico humanísticos.
“A partir de ahora, no sólo se trabajará la dimensión cognitiva, sino también otras capacidades de los estudiantes por sobre todo cualitativas”, dijo.
La ley, que según el Gobierno, apunta a una educación comunitaria socio-productivo y tiene como base cuatro dimensiones: ser, saber, hacer y decidir, sustituyó a la Ley de Reforma de 1994.
Así, las materias serán agrupadas en campos y áreas del saber para unificarlas y crear una dimensión integral.
Bachillerato
Otra de los cambios anunciados por el Gobierno es el bachillerato técnico humanístico, y para ello 620 unidades educativas del país tendrían la capacidad técnica y física, es decir, infraestructura, laboratorios y talleres, para lograr este objetivo.
“Las otras unidades educativas que son aproximadamente 6.000 de educación secundaria empezarán a implementar el nuevo plan de forma gradual”, dijo Quiroz.
Se instruyó a las 282 direcciones distritales de los nueve departamentos realizar acciones coordinadas con los centros tecnológicos de educación alternativa y regular.
Para este fin, Aguilar anunció destinar entre 9 y 12 millones de dólares para la construcción de núcleos tecnológicos, uno en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, otro en el Plan 3000 de Santa Cruz y el tercero en El Alto. Las edificaciones tendrán la capacidad de albergar 15 talleres por área científica, entre física, química y computación, además de ambientes para mecánica, carpintería y otras ramas técnicas y los rubros de las vocaciones productivas definidas en cada región.
Por otro lado, Aguilar dijo que se planificó también la construcción de centros tecnológicos de menor tamaño en provincias que cuenten incluso con internados y talleres.
Evaluación
Para la evaluación, la ley obliga a cada escuela a conformar una “comisión técnico pedagógica” para realizar procesos de apoyo a maestros y estudiantes.
Se incorporará también a otros actores al proceso de calificación y evaluación, como los directores, padres de familia y estudiantes. La ley busca que el estudiante valore lo que aprende.
“Se incorporan elementos que van a permitir que el estudiante durante el desarrollo de los procesos educativos tenga apoyo con un seguimiento permanente y continuo”, dijo.
Educación alternativa
El Viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noé Aguirre, explicó que para este año los centros de educación especial, los puntos de alfabetización vincularán la parte humanística, tecnológica y productiva.
La educación productiva en la microrregión guaraní, los valles del sur y El Alto. “También vamos a desarrollar en las educación de la población joven y adulta”, dijo Aguirre.
Se creará la educación a distancia para mayores de 15 años, que asistirán a clases sólo sábados y domingos. La educación alternativa brinda educación a 132 mil jóvenes y adultos, 7.248 facilitadores distribuidos en 657 centros especiales. La creación de varios programas semiprofesionales y en centros penitenciarios del país que será intensificado, están contemplados en este campo.
$us 40 millones para nuevo currículo
El viceministro de Educación Superior, Jiovanny Samanamud, dijo que se tiene previsto crear la reglamentación específica y general de los institutos técnicos privados y públicos, que permitirá realizar auditorías para garantizar la calidad de la educación, e implementar procesos de institucionalización en los cargos de docentes y directores.
También se logró consenso para nueve reglamentos específicos con las 41 universidades privadas legalmente reconocidas.
Estos reglamentos incluyen “sanciones, multas y reglamentos para la defensa de estudiantes”, dijo.
El Gobierno tiene pensado también otorgar anualmente 100 becas de posgrado para enviar estudiantes destacados a las empresas estratégicas como la planta de urea y amoníaco.

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