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Con los ojos llenos de lágrimas, el padre de dos jóvenes de nacionalidad chilena que fueron encerrados en El Abra, a raíz de varios hurtos, denunció a OPINIÓN que los delegados de este penal violaron los derechos humanos básicos de sus hijos y de otro de sus compatriotas.

Anunció que al llegar a su país, él y los padres del otro joven, presentarán una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos para evitar que más extranjeros sean víctimas de la corrupción y la crueldad del sistema carcelario boliviano.

Mitchel Portilla habló con este diario hace tres semanas, pero pidió que su denuncia solo fuese publicada cuando él pudiera poner a salvo a sus hijos en Chile, pues temía a las represalias del entonces delegado Edgar Ariel Tancara, alias El Tancara.

LA HISTORIA Nicolás (22) y Sacha (20) P.A. e Isaías A.M. A (20) llegaron a Bolivia en busca de un tratamiento quiropráctico para Sacha, que sufrió de un cáncer de huesos en una rodilla, del que habían leído en internet. Hicieron demasiados gastos y se quedaron sin dinero.

El 21 de mayo de este año, en la FELCC fueron presentados como integrantes de una banda que se dedicaba a robar negocios. La Policía informó que el 20 de mayo habían entrado a la tienda Tommy, de la avenida Santa Cruz, para hurtar poleras de marca que colocaban en bolsas forradas con papel aluminio para evitar que las alarmas los delaten en las puertas. El propietario los descubrió y atrapó a uno.

El 16 de mayo habían robado un televisor de 42 pulgadas de la hamburguesería Toby metiendo una caja vacía para distraer al personal. Las cámaras los filmaron. También habían hurtado productos de una farmacia de la cadena Farmacorp. En la audiencia cautelar, un juez los envió a la cárcel de San Sebastián.

“Antes de llevarlos a la cárcel, los policías los golpearon brutalmente, mis hijos narran que fueron torturados para confesar los delitos”, describió Portilla.

En San Sebastián fueron encerrados en calabozos alejados del resto, mientras se adaptaban. “Pero en ese proceso, reclusos intentaron violar al menor de ellos, a Isaías, y mis hijos lo defendieron”.

Luego pasaron a la población penitenciaria y todo iba bien hasta que hubo una riña en la cárcel iniciada por otros reclusos chilenos mayores. “Los tres estaban en su celda, les golpearon la puerta y al abrir los sacaron a la fuerza, los golpearon brutalmente con palos en la cabeza, a patadas y puñetes. A uno de mis hijos le lanzaron una cocinilla en la cabeza que le causó una burbuja en el cerebro, todo esto delante de varios policías que no movieron un dedo por parar las golpizas”.

Nicolás P. tuvo que ser hospitalizado. Afuera, para la prensa, la información fue escueta. Dijeron que un recluso chileno causó una pelea y los reos “lo frenaron”. El juez octavo cautelar penal ordenó el traslado de los tres jóvenes al penal de El Abra, sin notificar a sus abogados del Servicio Nacional de Defensa Pública. (Senadep). “Cuando los tres llegaron a El Abra les dieron una paliza de bienvenida terrible, para que sean dóciles al mando de Tancara”.

La madre de los jóvenes recibió en Chile una llamada advirtiéndole que sus hijos habían sido violados. Quien la llamó fue la familiar de otro recluso que los había visto maltrechos. “Yo me vine de inmediato a Bolivia porque, ¿se imagina lo que es para un padre enterarse de que sus hijos fueron vejados?”, dijo Portilla. Los tres jóvenes al verlo, lloraron.

“Chile llamó al cónsul nuestro en La Paz, vino hasta Cochabamba, se contactó con el Defensor, Ministerio de Justicia y presentó un reclamo”.

Mitchel Portilla relató que él entró a El Abra y vio varias irregularidades. “Ahí dentro los reclusos andan armados, los guardaespaldas y el delegado Tancara, tienen armas. No te dejan hablar con tu ser querido, a solas, ni un momento.

El delegado máximo (Tancara) me habló con otros cuatro delegados en un cuarto y me dijeron que los chicos tenían que pagar un derecho de piso para estar tranquilos, cinco mil dólares por cabeza”. Estaban molestos por las denuncias hechas vía Cancillería y querían tomar represalias contra los jóvenes.

Para garantizar su seguridad, el pago debía efectivizarse rápido. “Les tuve que decir que no seguiría con las denuncias y me rebajaron, por ser tres los chicos, a 2 mil dólares por cabeza, es decir 6 mil”. “Pedí más plazo para conseguir el dinero y me dijeron que le iban a consultar al gobernador, que no sé si era cierto, pero ya no lo dudo, luego me dieron hasta el lunes”, contó.

Procesos por las vejaciones

Gracias al consulado chileno y a las gestiones del Defensor del Pueblo, Andrés Cuevas, se hizo viable el traslado de los tres jóvenes a la cárcel de San Antonio, el viernes, dos días antes de que el plazo se venza. Los delegados del Tancara querían evitar que los internos se fueran sin pagar y los obligaron a firmar un documento diciendo que eran bien tratados en El Abra y que no deseaban irse. Sin embargo, la orden llegó “de arriba” y fueron trasladados a la cárcel de San Antonio, donde permanecieron varias semanas hasta el 10 de septiembre, cuando se llevó a cabo una audiencia donde fueron dejados en libertad, luego de reparar los daños y transar con dos de los dueños de las tiendas. El jueves 11 de septiembre, los jóvenes volvieron a Chile. Su abogado, Carlo Dante Reyes, dijo que está a la espera de que le envíen un poder protocolizado para iniciar varios procesos penales contra autoridades judiciales y policiales por todas las vejaciones sufridas por los jóvenes. Además, la madre de Isaías anunció que irá hasta la Corte Interamericana de Derechos para evitar que Bolivia siga vulnerando derechos humanos básicos en cárceles.

Sospechosos de matanza se negaron a someterse a peritajes

El gobernador del penal de El Abra, Yuri Duk, admitió ayer que peritos de la Fiscalía acudieron a ese recinto para tomar pruebas de absorción atómica a cinco sospechosos de liderar la matanza, pero “ellos se resistieron diciendo que existen 544 internos y que todos debían ser examinados”, detalló Duk.

Esta actitud fue cuestionada por políticos y asambleístas que protestaron por la falta de autoridad de la Policía y pidieron la renuncia del comandante Alberto Suárez. Por su parte, el fiscal de Distrito, Freddy Torrico, anunció que una comisión conformada por cuatro fiscales y tres forenses y peritos de La Paz se hicieron cargo de las investigaciones. El Fiscal de Distrito también dijo que, de forma preliminar, existe incumplimiento de deberes del gobernador de El Abra y del director de Régimen Penitenciario porque una fiesta de esa magnitud requería cumplir varias normas de seguridad.

El Defensor del Pueblo exige que se intervenga el penal

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, condenó la matanza ocurrida en El Abra y exigió una intervención. “Pedimos que, ante la gravedad de los hechos, se considere una intervención inmediata de la cárcel de El Abra por parte del Ministerio de Justicia, en mérito a lo que establece el artículo 46 de la Ley 2298, como primera medida para implementar soluciones de fondo al problema carcelario”.

Villena denunció, además, que el personal de esta institución fue víctima de una acción de amedrentamiento y censura cuando ingresó a El Abra el lunes.

Miembros de seguridad del Ministerio de Gobierno requisaron, confiscaron y borraron el registro fotográfico del Defensor que debía ser utilizado en el informe que se publicará sobre el hecho.

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