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El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, pidió ayer a la Fiscalía enjuiciar a los importadores y comercializadores de ropa usada por dedicarse a una actividad ilegal que ocasiona un daño a la industria nacional.
En tanto, los ropavejeros, en una marcha que paralizó el centro de la ciudad de La Paz, demandaron al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 28761 para permitirles la libre importación y venta. “La prendería usada es ilegal en este país y esa prendería tiene que ser capturada por las autoridades, y los que tienen esa prendería deben ser arrestados, enjuiciados por la fiscalía que es el órgano que está llamado a resguardar la legalidad del país”, manifestó Sánchez.
El Decreto Supremo 28761, del 21 de junio de 2006, prohíbe la importación y comercialización de prendería usada y propone la reconversión productiva de los ropavejeros mediante el acceso al crédito y la tecnología.
En Cochabamba, la Confederación Nacional de Micros y Pequeños Empresarios (Conamype) advirtió con salir a las calles y trancas para decomisar la prendería a medio uso, si el Gobierno no da cumplimiento cabal al Decreto Supremo, señaló Salustiano Acapa, vicepresidente de esa entidad gremial. “La Conamype Bolivia está en estado de emergencia por esta actitud del compañero (diputado Ever) Moya, que presentó un anteproyecto de ley para su legalización (de la venta de ropa usada)”, declaró Acapa a radio Pío XII de Erbol.

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