En la madrugada de ayer, un par de sujetos no identificados atentaron con una bomba molotov y granadas de gas contra la vivienda del juez de instrucción cautelar penal de Cochabamba, Fernando Pérez, donde vive con sus tres hijos (19, 12 y 3 años) y su esposa.
Se trata del tercer caso registrado contra un juez por lo que la Asociación Departamental de Jueces y Fiscales demandaron al Estado las garantías para ejercer su labor.
La casa, que está ubicada en el barrio Capacachi del municipio de Colcapirhua, quedó deshabitada temporalmente debido a que los vidrios están rotos, las cortinas quemadas y existen varios otros destrozos tras la explosión de los artefactos.
“Directamente he sentido el impacto de la explosión en mi ventana principal, vi que las cortinas comenzaron a arder, he atinado a correr a sacar a mis hijas, porque la menor tiene tres años, en ese ínterin seguían lanzando los gases lacrimógenos”, relató a Los Tiempos el juez.
“Fue una hora de pánico en mi familia. Afortunadamente, los vecinos nos ayudaron a apagar el fuego”, agregó.
Durante el incidente, algunos testigos relataron que habrían observado a dos sujetos que lanzaron los agentes químicos al domicilio. Así también, un taxista vio lo ocurrido y, ante esta situación, uno de los sujetos habría rociado con gas pimienta en el rostro del conductor, al momento de escapar, informó el comandante regional de la Policía de Quillacollo, José Borda.
Los testigos señalan que los sujetos vestían ropa oscura y tenían el rostro cubierto.
Después del hecho y cuando la Policía hizo la inspección de la vivienda, encontraron una bomba molotov y siete granadas de gas, de las cuales sólo una se habría activado; mientras que Pérez cree que al menos se activaron cuatro artefactos químicos.
Entre tanto, el comandante departamental de la Policía, Ronald Sánchez, declaró el caso como “prioridad” y se instruyó una movilización para dar con los autores del hecho.
Denuncia
Pérez formalizó ayer la denuncia ante la Fiscalía de Colcapirhua por los delitos de incendio, asociación delictuosa, daño calificado y coacción (imposición a funcionarios públicos a actuar en contra la ley), en contra del autor o los autores.
Pérez informó que, como Juez de Instrucción Cautelar Penal, atendió en la Estación Policial Integral (EPI) del Norte, 1.500 causas sólo en este año. Como resultado de estos procesos, varias personas terminaron con detención preventiva en cárceles de Cochabamba, sin embargo, el Juez no sabe quién habría organizado el atentado en contra la integridad de él y de su familia.
En el incidente no se registraron personas heridas, sólo daños materiales, pero la familia de Pérez no sabe cuándo retornará a la vivienda que hasta anoche continuaba con un fuerte olor a gas.
Pérez decidió por el momento poner a su familia a buen recaudo.
Garantías
A la par, el Juez de la EPI Norte inició un trámite de manera personal para solicitar garantías para su familia y resguardo policial para su domicilio.
La Unidad de Bomberos de la Policía llegó al lugar para realizar un trabajo de enfriamiento tras el incendio. Pese a ello, quedó la angustia y temor en la familia, pero también el asombro en los vecinos del lugar.
Siete granadas de gas lacrimógeno según el informe de la Unidad de bomberos de la Policía, sólo un artefacto se activó durante el atentado.
“Una bomba molotov y gases lacrimógenos provocaron un incendio en el domicilio del Juez. Estos incidentes preocupan a los administradores de justicia, por la forma en la que se nos viene tratando”. Martha Saavedra. Presidenta Asoc. de Jueces y Magistrados de Cochabamba
TRES ATENTADOS EN LO QUE VA DE 2017
Primer caso: una juez de Tiquipaya sufrió un atentado en su oficina, cuando intentaron incendiar su lugar de trabajo a inicio de este año y, según informó la Asociación Departamental de Jueces, la investigación quedó en nada.
Segundo caso: ocurrió en mayo en el municipio de Colcapirhua, desconocidos incendiaron el vehículo del Juez Gastón Rodríguez, quien acusó el hecho a “mafias” que actuaron presuntamente por venganza.
Tercer caso: la madrugada de ayer, según la investigación preliminar, dos sujetos lanzaron granadas de gas y una bomba molotov al interior del domicilio del juez de la EPI Norte, Fernando Pérez.
APOYAN A AFECTADOS Y PIDEN DAR CON AUTORES
La Asociación Departamental de Jueces y Fiscales de Cochabamba hicieron conocer ayer su apoyo y solidaridad al juez Fernando Pérez y su familia tras el atentado sufrió cuando estaba en su domicilio.
Expresaron su molestia por la actitud de algunos ciudadanos frente a la labor que realizan los jueces, pero además remarcaron que no se trata del primer caso, sino del tercero en el departamento.
La institución exige a la Policía, al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM) interponer todos sus medios de investigación para dar con los autores de este atentado.
“Como Asociación de Magistrados, estamos indignados por la forma en que algunas personas expresan su disconformidad por los fallos. Si las personas que pierden van a asumir acciones de hecho, estamos perdiendo el sistema democrático y de derecho. Nosotros sólo administramos la justicia”, señaló, la vicepresidenta de la Asociación Departamental de Jueces y Magistrados en Cochabamba, Patricia Torrico.
Por otra parte, la Asociación de Magistrados de Bolivia también realizó su representación ante a los organismos internacionales, así también acudió ante la Unión Interamericana de Magistrados y la Comisión Iberoamericana que en el transcurso de las próximas horas realizará su pronunciamiento, según informaron.
“En todos los países existe seguridad para los magistrados”, aseveró la secretaria de la Asociación Departamental de Jueces y Fiscales de Cochabamba, la juez Heidy Zapata.
La Policía informó que se puso en marcha un plan para dar con los autores de este hecho criminal y someterlos a la justicia con el fin de evitar que den más casos similares que atenten contra la integridad de las autoridades judiciales.

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