El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, dijo ayer que los representantes legales de la empresa accidental 26 de Febrero, María René Ramírez y Néstor García, huyen de la acción de la justicia, porque no se presentaron a declarar ante la Fiscalía por la venta con sobreprecio de útiles y mochilas de este año a la Alcaldía de Cochabamba.
“Entendemos ahora que estarían rehuyendo de la justicia hasta este momento, porque no se presentaron a declarar ante la Fiscalía”, dijo.
Explicó que los ejecutivos de la compañía cuestionada debían presentarse el 25 de abril en la Fiscalía, por lo que, manifestó que se espera que los operadores de justicia a cargo del caso hagan los esfuerzos necesarios para encontrar a ambos empresarios.
Dijo que llama la atención que los dueños de la empresa aparecieron hace algunas semanas para aceptar una solicitud de la Alcaldía de Cochabamba para la resolución del contrato de venta de los útiles y las mochilas escolares.
“Esto quiere decir que siguen en contacto y coordinación con funcionarios y autoridades del municipio, pero no quieren responder ante la justicia”, declaró.
La autoridad señaló que los empresarios buscan obstaculizar la investigación del caso, con su negativa de comparecer ante el Ministerio Público.
El 3 de abril, la concejal del MAS, Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas fueron provistas por la empresa accidental 26 de Febrero, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos.
NO HALLARON A NADIE EN SANTA CRUZ
La sede de las empresas cruceñas: Mane Comp y MSPC, ubicada en la calle Viedma No. 300 de la zona de Barrio Lindo, está cerrada desde el 12 de abril, cuando fue allanada.
El Ministerio Público no halló en el momento de la inspección a ningún encargado de las empresas que se adjudicaron dos años seguidos la compra de las mochilas.
MINISTERIO PÚBLICO APELA DETENCIÓN DOMICILIARIA DE LEYES
El fiscal superior, José Manuel Gutiérrez, informó ayer que el Ministerio Público presentó una apelación contra la decisión judicial de detención domiciliaria del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, por el caso de la compra municipal de útiles y mochilas escolares de este año con presunto sobreprecio.
“El Ministerio Público ya ha presentado la apelación en el marco del artículo 261 del procesal penal, en el plazo correspondiente”, informó.
El sábado pasado, el juez cautelar Fernando Pérez dictó detención domiciliaria con resguardo policial para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos y la prohibición de acercarse a dependencias ediles y tener contacto con funcionarios municipales, entre otras medidas.
Según Gutiérrez, una sala penal tendrá que atender la apelación de la Fiscalía en el transcurso de los próximos días. “No nos han notificado aún”, aclaró.
Gutiérrez, asimismo, dijo que cerca de 10 personas prestaron su declaración informativa por ese caso, entre testigos e imputados, y hay otras que fueron citadas para los próximos días.
“Hay de todo. Hay gente que trabaja en el municipio, otra que tiene que ver justamente lo que son los sistemas de administración de bienes y servicios y la disposición y luego gestiones administrativas”, dijo.
Aún revisan las computadoras
El fiscal aclaró que se encuentra abierta la fase de revisión de tres computadoras secuestradas en la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía de Cochabamba y la empresa vendedora de los útiles y las mochilas escolares.
Los equipos fueron secuestrados en el allanamiento a la Secretaría de Desarrollo Humano.

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