La Alcaldía de Quillacollo está a punto de declararse en “bancarrota” luego de ser notificada con el débito de 60 millones de bolivianos por tres obras mal ejecutadas y tras detectar una caída en la recaudación de impuestos, informó ayer el secretario general del municipio, José Terán.

La crisis económica e institucional podría afectar la ejecución de obras del Plan Operativo Anual (POA) 2019 y generar recortes en la contratación de personal en el Ejecutivo, alertó el secretario  Administrativo y Financiero, Jhonny  Medrano.

“Lo más preocupante son los débitos. Son alrededor de 42 millones por el plan maestro de servicios básicos, otros 14  porque la terminal de buses no  funciona y 2 millones por el proyecto de riego Tambo-Falsuri-Potrero”, precisó.

Los tres proyectos tienen observaciones y están inconclusos. A la fecha, la Alcaldía inició un proceso penal contra seis exalcaldes y  40 exfuncionarios sólo por el fallido plan de agua potable y alcantarillado que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El alcalde suspendido Eduardo Mérida indicó que en su gestión se resolvió el contrato con el consorcio Cochabamba, que ejecutó el plan y, además, quedó pendiente la conciliación de cuentas.

El secretario general explicó que para solucionar  el problema de inundación en el sector  de la nueva terminal  se requiere trabajos complementarios.  

Se prevé que la inversión superaría los 7 millones de bolivianos, debido a que se debe emplazar un colector, asfaltar vías  y consolidar  una plataforma. No existen aún autoridades procesadas.

El tercer caso corresponde a un débito anunciado por el Fondo de Desarrollo Indígena. La institución detectó presuntos actos de corrupción en la adjudicación durante la gestión del exalcalde Zacarías Jayta, en 2018.

Desde el Ejecutivo señalaron que la denuncia contra la exautoridad y otros no se concretó en el mandato del exalcalde Antonio Montaño y que el alcalde suplente Willy López debe encaminarlo.

El secretario administrativo sostuvo que en casi seis meses sólo se recaudó el 21 por ciento de 129 millones previstos para 2019  por  pago de impuestos. El monto equivale a 27 millones.  

“La cifra es alarmante, no tenemos fluidez, por eso urge aplicar un plan de emergencia”, acotó. Manifestó que se debe trabajar en incentivar a los contribuyentes para que cumplan con sus  obligaciones para  superar el  déficit financiero.

Quillacollo soporta una crisis institucional desde hace un año que derivó en el cambio de cuatro alcaldes por denuncias de corrupción. Ayer, Antonio Montaño presentó un amparo para ser restituido en la Alcaldía tras su súbito cambio.

“Lo más preocupante son los débitos. Son 42 millones de bolivianos por el plan maestro”, dijo el secretario general.

BUSCAN RESOLVER AMPAROS Y DÉBITOS

El alcalde suplente de Quillacollo, Willy López, viajó ayer a La Paz para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas una ampliación del plazo para el débito automático.

Asimismo, decidió conciliar con tres empresas que presentaron amparos contra la Alcaldía. El primero es de Ovoplus que impugnó la resolución con la que fue descalificada de la segunda licitación del desayuno escolar. Una juez de garantías aceptó en parte el amparo el 6 de junio, mientras la Alcaldía realiza la tercera licitación.

La segunda empresa es Vezla, implicada en la venta de la planta de asfalto por 11, 6 millones de bolivianos, y la tercera  es un aserradero dedicado a la  producción de mobiliario escolar.

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