Con un tono molesto, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ratificó que no se volverá a las aulas y dijo que denunciará a uno de los vocales de la Sala Constitucional de La Paz, que falló para que se anule la Resolución 050 que clausuró el año escolar. Mientras, un 70 por ciento de las escuelas y los estudiantes continúa pasando clases y  protesta por la informalidad.

El fallo de la Sala Constitucional da 10 días al Ejecutivo para crear un plan que garantice el retorno a clases, pero sectores ven al menos cinco dificultades para cumplir con este pedido: las falencias tecnológicas, las brechas entre sectores educativos, el problema de las pensiones, las contradicciones normativas y los factores políticos.

“Nos ratificamos en que el cierre del año escolar no limita el derecho a acceder a una educación, por vía virtual y a distancia (…) Nosotros estamos preparando una plataforma virtual gratuita que entregaremos la siguiente semana para que utilicen en las unidades educativas”, señaló Cárdenas.

El Gobierno determinó el cierre del año escolar el 3 de agosto y la inmediata aprobación de los escolares. Esto derivó en el caos. Estudiantes que no sabía qué hacer con sus clases, padres en la incertidumbre, al menos 28 mil profesores desempleados y crisis en las unidades educativas.

El miércoles, la Sala Constitucional de La Paz dijo que la Resolución de clausura del año es inconstitucional y dio 10 días a Educación para presentar un plan.

 Varias autoridades rechazaron esta determinación con el argumento que los estudiantes no pueden volver a las aulas, por el riesgo de enfermar, pero la determinación de la justicia no se refiere a la educación presencial.

Ante esta determinación, Cárdenas dijo que pidió a la Sala Constitucional que aclare sobre los argumentos. Además, calificó la decisión de política y “dictada desde Argentina”, donde se encuentra el expresidente Evo Morales. Acusó al vocal de la Sala, Israel Campero, de ser afín al MAS, debido a su cercanía con el exministro Héctor Arce, por lo que su participación sería irregular.

“La clausura escolar es académica y administrativa, no se ha cerrado la educación. Las universidades públicas y privada siguen trabajando, normales e institutos, sólo el sector inicial, primario y secundario se han visto afectados, pero va a seguir con su educación por vías alternativas”, aseguró.

Indicó que “los 10 días que nos da es un periodo muy corto, absurdo para solucionar los problemas que duran decenas de años”, añadió.

La autoridad pidió tranquilidad a los padres de familia. “Papás y mamás pueden estar tranquilos, aunque los masistas piden clases presenciales, no lo vamos a permitir”, dijo y aseveró que la educación continuará por otras vías.

En efecto, la mayoría de las unidades educativas privadas, de convenio y públicas vieron la forma de continuar.

Hay un 30 por ciento de estudiantes que abandonó su educación y este porcentaje es el que representa un verdadero reto para los educadores. Estos alumnos están principalmente en el área rural y, ante la clausura del año escolar, se vieron en la necesidad de volver a sus comunidades y trabajar, lo que los alejó de las modalidades virtuales o semipresenciales, dijeron dirigentes.

El delegado episcopal de los colegios de convenio (CEIL), Pablo Vargas, explicó que el 90 por ciento de los 259 centros educativos de Cochabamba están trabajando. En los que existe mayor dificultad es en el área rural.

“Nosotros estamos continuando con la actividad educativa. De manera indistinta de lo que diga el Ministerio de Educación, nuestra premisa es que la educación debe seguir. En la práctica un poco bajó el compromiso y eso fue evidente a la hora de tener presencia constante y el factor económico cuando se trata de comprar megas y demás”, dijo Vargas.

Con el objetivo de llegar a las zonas lejanas se plantea la educación a distancia. Los maestros dejan el material en puntos estratégicos donde los estudiantes pueden recogerlo en cualquier momento del día o la semana. La distancia y el poco acceso a internet son dos dificultades.

“En este caso se tiene menor presencia, porque muchos estudiantes se fueron a sus chacos(…).Estamos tratando de que esto no afecte en la voluntad de los docentes de enseñar y de los estudiantes de recibir educación”, agregó.

La situación es similar en los colegios particulares. Si bien se continuaron las clases, son bajo la modalidad de refuerzo. Además, se tiene un 40 por ciento de estudiantes que optó por no inscribirse, informó el representante de la Asociación de Colegios Privados (Andecop), Genaro Durán.

“Se están haciendo los cursos de complementación con los estudiantes que se han inscrito, que no son todos. Un 60 por ciento se inscribió. Aquellos que no estaban inscritos podrán hacerlo. La idea es pasar clases hasta la primera semana de diciembre”, manifestó Durán.

La dirigenta del magisterio urbano aseveró que no es posible volver a clases porque se sigue en las mismas condiciones que hace un mes, y no ha mejorado nada.  “Con qué condiciones vamos a volver si nada ha cambiado, estamos igual que cuando cerraron el año escolar, es una burla”, dijo.

Asimismo, Ronald Pinto, abogado de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados, informó que este sector no permitirá el reinicio de las actividades académicas mientras no se resuelvan sus pedidos sobre el descuento en el pago de pensiones.

Patty elabora proyecto de ley para el retorno a clases

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue la que presentó una Acción Popular en contra de la Resolución Ministerial 050/2020 del Ministerio de Educación.  Observó que se estaba vulnerando el derecho a la educación de los escolares del país al clausurarse el año escolar.

Ahora que se dio curso a su solicitud, dijo que trabaja en un proyecto de ley para el retorno a las actividades educativas; en caso que el Gobierno no cumpla con la elaboración de un plan en 10 días, como instruyó la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dijo la parlamentaria en el programa En Portada.

Asimismo, señaló que si el Gobierno no cumple con la presentación del plan, hará una denuncia por incumplimiento de deberes.

“Mi propuesta es que yo voy a plantear un proyecto de ley para que nuestros niños retomen la educación, están en su derecho. Este fallo ha sido en favor de los niños, de los jóvenes”, dijo Patty.

Cuestionó que el Gobierno no haya tomado en cuenta las propuestas de los padres de familia, ni de los maestros rurales. Además, dijo, en el programa En Portada, que si son convocados a trabajar en una propuesta conjunta, asistirá.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.