El medio español El Debate, en un reportaje firmado por el periodista Alejandro Entrambasaguas, ha presentado una investigación que expone presuntas pruebas de abusos sexuales cometidos por el expresidente boliviano Evo Morales contra menores de edad durante su mandato. La publicación, fechada el 27 de octubre, incluye fotografías y testimonios que, según el medio, confirman una relación sostenida de Morales con adolescentes y revelan la presunta participación de altos cargos policiales y figuras políticas en un encubrimiento de estos hechos.

Según el reportaje, Morales está siendo investigado por delitos de trata de personas, estupro y otros posibles abusos. El Debate sostiene que el expresidente habría mantenido relaciones con al menos dos adolescentes durante su gestión. Como parte de las pruebas presentadas, el medio asegura poseer fotografías en las que Morales aparece junto a una de las jóvenes y su hija, así como conversaciones que documentan una relación entre ellos.

Una de las jóvenes mencionadas en la investigación es Cindy Sarai Vargas Pozo, quien habría iniciado una relación con Morales desde los 14 años. Según el reportaje, la menor quedó embarazada a los 15, y en el acta de nacimiento del bebé, Morales habría sido registrado como padre. La investigación también señala que la joven y su hija fueron reportadas como desaparecidas la semana pasada, lo cual ha incrementado la atención de la Fiscalía boliviana sobre el caso.

Presunto encubrimiento

Además de Morales, el reportaje implica a familiares de Cindy Sarai en un posible encubrimiento. Según El Debate, varios miembros de la familia de la joven habrían sido favorecidos con cargos en instituciones gubernamentales, lo cual indicaría un posible intercambio de favores para mantener en secreto la relación. Se menciona que Idelsa Pozo, madre de Cindy, y uno de sus hermanos trabajaron en el Ministerio de Obras Públicas y en la Autoridad de Telecomunicaciones, mientras que el padre de Cindy, Emeterio Vargas, habría admitido ante la policía conocer la relación de su hija con Morales, lo que también está bajo investigación para determinar si existió un acuerdo económico con la familia.

Otro caso similar

El reportaje también menciona un segundo caso: el de Noemí Meneses Chávez, quien habría tenido una relación con Morales desde que era menor de edad. Este caso salió a la luz en 2020, cuando Meneses fue detenida durante un control policial en Cochabamba mientras viajaba en un vehículo oficial del Estado, reportado como robado. Las autoridades encontraron en su teléfono móvil imágenes y mensajes que documentaban una relación con Morales. La situación generó una crisis en la Gobernación de Cochabamba y dio lugar a nuevas investigaciones sobre posibles abusos y agresiones físicas, supuestamente encubiertas por altos mandos policiales.

En la investigación, se mencionan nombres de exministros y líderes actuales del Movimiento al Socialismo (MAS), como Álvaro García Linera, Carlos Romero y el senador Leonardo Loza, quienes habrían sido cómplices en el encubrimiento de los abusos. Según El Debate, estas figuras habrían colaborado para proteger la relación entre Morales y las menores con el fin de evitar un escándalo que pudiera afectar la imagen del expresidente y del partido.

El medio también sugiere que las menores fueron trasladadas en múltiples ocasiones en vuelos nacionales, con gastos de viaje que aparentemente exceden la capacidad económica de sus familias. Según la publicación, entre 2015 y 2019, Cindy Sarai habría realizado hasta 140 vuelos dentro de Bolivia, algunos de ellos junto a su hija, acumulando un costo estimado de 110.000 bolivianos, monto difícil de asumir para una familia de recursos limitados.

Reacciones

La investigación periodística ha generado gran polémica en Bolivia en medio de un contexto político ya polarizado. Mientras simpatizantes del MAS bloquean carreteras y califican las acusaciones como una persecución política, líderes de la oposición exigen una investigación profunda y justicia para las posibles víctimas.

La publicación también ha abierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia en Bolivia y las estructuras de poder que, según críticos, habrían protegido a Morales y a otros altos funcionarios. La presentación de estas pruebas genera expectativas sobre el accionar de la Fiscalía y las posibles repercusiones para el futuro del MAS, partido que Morales sigue liderando.

Un juez de Quillacollo otorgó la madrugada de este lunes, medidas sustitutivas a 37 personas que fueron aprehendidas durante la jornada de desbloqueos en Parotani, el pasado viernes.

Los 37 bloqueadores, seguidores de Evo Morales, fueron aprehendidos tras los enfrentamientos con la Policía en esa zona de la carretera al occidente del país y fueron acusados por portación de armas, instigación a delinquir y otros delitos.

“Nos han dado medidas sustitutivas, tienen que presentarse cada 15 días, tienen que pagar la suma de mil bolivianos, cada uno de ellos, también, obviamente, se van a arraigar a través de Migración”, manifestó el abogado de los aprehendido a la red Unitel.

La defensa de los acusados aseguró que apelarán la decisión, ya que les parece injusto, debido a que sus clientes -según su versión- no cometieron ningún delito.

“Pero de todas formas se ha planteado una apelación, porque no nos parece correcto, se ha demostrado que ellos tienen elementos arraigadores naturales como familia, domicilio y trabajo que no han sido adecuadamente valorados por el juez. Pero a pesar de ello van a gozar de la libertad, en este momento los 37 hermanos y hermanas están saliendo y se les va a devolver también los objetos personales que no han sido secuestrados”, señaló.

Los seguidores de Evo Morales cumplen 15 días de bloqueo, la mayor parte de ellos en Cochabamba, exigiendo una serie de medidas económicas y también la anulación de las acusaciones contra su líder, investigado por estupro.

Los bloqueos evistas cumplen este lunes 15 días. La jornada comienza con 22 puntos de bloqueo, 19 de ellos en el departamento de Cochabamba, según el reporte de Transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Los puntos de bloqueo están distribuidos de la siguiente manera: 4 en la carretera que va desde Cochabamba al occidente del país; 5 en la carretera nueva a Santa Cruz; 5 en la carretera antigua al oriente y 6 en la ruta hacia el sur.

También hay dos puntos de bloqueo en la carretera Oruro- Potosí y otro en el norte de Potosí.

Los evistas cambiaron varias veces de pliego petitorio. La protesta comenzó con exigencias económicas, como solución a la falta de dólares y combustible, además de exigir que se anulen los procesos contra Evo Morales, investigado de por estupro. Luego añadieron la renuncia del Gobierno.

El fin de semana la tensión aumentó con un supuesto atentado contra Morales.