Después de declararse cuarto intermedio en el bloqueo evista las investigaciones continúan y la Fiscalía recopila informes para determinar en contra de que personas se emitirán ordenes de aprehensión, informó el fiscal general Roger Mariaca.

“Dentro de todos los procesos por los bloqueos, es importante poder mencionar que existen dichos memoriales, ya es una atribución del Ministerio Público aceptar las denuncias y segundo a través de informes el hecho que se pueda emitir un hecho de aprehensión, es un hecho que la comisión de fiscales lo va a analizar”, señaló. 

Aclaró que no se puede presentar más de una denuncia por un mismo delito a una persona, esto en torno a las diferentes denuncias presentadas por sectores en contra de Evo Morales y otros dirigentes. 

Una de las denuncias que pesa contra el expresidente Evo Morales en Argentina, por el presunto abuso sexual de menores, se ampliará a uno de sus familiares y a un exmilitar, afirmó ayer José Magioncalda, el jefe del Área Legal de la Fundación Apolo, institución que presentó la demanda.

Entrevistado por la Red Uno, Magioncalda dijo que el pariente —no especificó si de Morales o una de las víctimas— y el exmilitar eran quienes habrían facilitado el acceso a menores al expresidente boliviano.

“Le puedo decir que uno es un pariente y otro es una persona que en su momento era una autoridad militar, de tal manera que ésas son las dos personas que, de acuerdo a investigaciones, habrían participado en el acceso a menores”, manifestó Magioncalda.

Marco jurídico 

Consultado por Los Tiempos, el abogado y defensor de los derechos humanos Ramiro Orias dijo que el marco legal aplicable es para el derecho penal argentino, porque ahí se aplica la ley del territorio. “Los delitos imputados están cometidos en suelo argentino y lo que procede, una vez que la Fiscalía argentina inicie las investigaciones, es la solicitud de extradición que el Gobierno argentino pediría a través del conducto diplomático al Estado boliviano”, explicó.

Orias señaló que existen varios tratados internacionales vigentes de larga data; “el tratado del Mercado Común del Sur (Mercosur) sobre extradiciones, por ejemplo. También existe el tratado bilateral de 2013 entre Bolivia y Argentina. Se debe analizar detenidamente cuál es el tratado aplicable, pero definitivamente existe el marco jurídico multilateral y bilateral para justificar esa extradición”, puntualizó. 

Procedimiento

Sobre el tema, el analista político Daniel Valverde dijo a Los Tiempos que el tratado que hay entre Bolivia y Argentina estable el marco sobre el cual se tiene que desarrollar una extradición. “En el caso de Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la autoridad central que tendrá que recibir primero la documentación, luego la derivará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El TSJ analizará si se han cumplido todos los parámetros y exigencias legales, dictará un auto supremo para que uno de los tribunales departamentales de Justicia active el proceso operativo, es decir, la extradición, a través de un juzgado y con la colaboración de Interpol”, sostuvo.

¿Hay extradición?

Valverde señaló que el artículo cuatro del tratado con la Argentina habla sobre el rechazo facultativo, mencionando que puede negarse la extradición cuando ocurran alguna de las siguientes circunstancias: primero, si la persona solicitada está siendo juzgada actualmente en el territorio de la parte requerida, que sería Bolivia, por el mismo hecho o hechos en que se funda la respectiva solicitud. 

“Esto hace remota la posibilidad de que se efectivice una extradición de Morales, porque actualmente ya se ha abierto causa en contra de Evo Morales por los delitos de abuso sexual y trata y tráfico de personas. En Bolivia ya hay una investigación en curso. Una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa”, finalizó el analista. 

En conferencia de prensa el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, indicó que las “elecciones judiciales se mantienen para el 15 de diciembre”.

“Las elecciones se realizarán en las fechas previstas, bajo las constituciones legales vigentes, se trata de un anhelo y un pedido de toda la población y nosotros vamos a mantener el mandato del pueblo”, dijo.

Además, calificó como “violación del principio de preclusión” a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la suspensión de las elecciones judiciales en cinco departamentos. Y anunció una serie de acciones y  que se mantiene el proceso rumbo a las elecciones judiciales.

”Es momento de que el pueblo boliviano frene los abusos del Tribunal Constitucional”, dijo Hassenteufel, asegurando que la sentencia que anula parcialmente la convocatoria fue un “exceso” y fue firmada por magistrados que no gozan en estos momentos de legitimidad.

Hassenteufel además  convocó a los presidentes de los Órganos del Estado y al fiscal general del Estado a una reunión para este lunes a las 10:00 para abordar la situación y hacer respetar lo que dice la ley que es defender la realización de los procesos electorales.