En mayo de 2024, la Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó que la Sentencia Constitucional  (SC) 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “dejó sin efecto (superó)” la  SC 084/2017, con la que Evo Morales intentó, de forma fallida, postular a una nueva elección presidencial en 2019.

La SC 1010 establece que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años. Pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua, fundamentada en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La SC 1010/2023 del TCP, al margen de aplicar para el presidente y vicepresidente, aplica también para otras autoridades específicas, como asambleístas, o para un cargo electivo de los Órganos Ejecutivos, Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos.

Respecto a las autoridades judiciales, se determinó que pueden ejercer dos mandatos, continuos o discontinuos, pero nunca en el mismo tribunal.

Lo que equivale a decir que los asambleístas tienen un mandato de cinco años que puede extenderse a otro periodo similar de manera continua, no siendo posible pretender, posterior a ello, volver a candidatear y menos ejercer dichas funciones por un tercer periodo

Los Tiempos consultó con la abogada y analista política Carolina Orias, quien recordó que la Sentencia Constitucional 1010/2023 deviene de una acción de amparo presentada por Miguel Ángel Balcazar Ruiz, postulante al proceso de preselección de las autoridades judiciales, porque consideró que sus derechos a la libertad de expresión y ciudadanía se veían afectados con los requisitos exigidos para poder postularse al proceso de preselección.

“Esta sentencia aprovecha la oportunidad para desarrollar más allá de lo pedido el derecho a la reelección en tres órganos del Estado. Si bien en la parte resolutiva concede la tutela al demandante, porque la sentencia aplica al caso en concreto, el análisis e interpretación de la Constitución Política del Estado (CPE) aplica para todos. En este sentido, sus alcances son para todos”, mencionó.

Además, Orias advirtió que, si bien la sentencia no establece de manera textual que Evo Morales no puede volver a postularse para presidente o a algún cargo que le permita estar en la línea de sucesión, “en el marco del control de convencionalidad, realiza una interpretación de la CPE, donde establece de manera clara que ninguna persona puede postular más de dos veces, continua o discontinua, al mismo cargo electo”, señaló.  

El analista político Paúl Coca detalló también que, por mandato constitucional, todos los cargos públicos electivos (presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y todo cargo electivo en síntesis) gozan de la prohibición constitucional de no postularse por encima de lo dispuesto en la CPE.

La SC 1010 se fundamenta en la Constitución Política del Estado, que en el artículo 168 establece que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

Los dirigentes evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho fueron detenidos ayer y posteriormente traslados a la ciudad de La Paz para declarar sobre las denuncias contra ellos por liderar los 24 días de bloqueos en el país.

Claros fue detenido en Quillacollo, en Cochabamba, y luego fue trasladado, vía aérea, a la ciudad de La Paz. Fue llevado hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en medio de una caravana de nueve vehículos policiales, con los vidrios polarizados.

Claros, dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, fue uno de los líderes de la extrema medida de presión que provocó daños económicos por más de $us 2.000 millones y perjuicios a la población.

En los puntos de bloqueo de Parotani y Mairana, además, los movilizados retuvieron a policías y periodistas, y respondieron con el lanzamiento de explosivos a los operativos de desbloqueo.

Horas más tarde, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Cucho, fue detenido en la ciudad de Potosí y se lo llevó a dependencias de la Felcc en La Paz.

La Fiscalía investiga a los bloqueadores por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tráfico de armas, tenencia o portación ilícita de armas, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro.

Tras conocer de las detenciones, el expresidente Evo Morales las calificó de “ilegal y arbitrarias, que pretenden acallar al pueblo”.

“Denunciamos la ilegal y arbitraria detención de Humberto Claros, dirigente de la Csutcb. Quien es injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia” dijo Morales en sus redes sociales.

Para el senador masista Andrónico Rodíguez, se tratan de  detenciones políticas. “Claramente, el Gobierno ha abandonado el diálogo para optar por el camino de las detenciones políticas a dirigentes como Humberto Claros y otros”, protestó en sus redes sociales.

La pasada semana, la Procuraduría había pedido la aprehensión de Claros, de Ponciano Santos y Juan Ramón Quintana,  por no asistir a declarar en el proceso iniciado por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y terrorismo.

Acusados están en varios penales

De los 90 bloqueadores evistas aprehendidos por la violencia en los desbloqueos dispuestos por Morales, 85 guardan detención preventiva en distintas cárceles de La Paz, mientras cinco están con detención domiciliaria.

El abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez, aclaró ayer que ofrecerán apoyo jurídico a los detenidos en las operaciones de desbloqueo.

Rechazó las denuncias de presunto abandono de los bloqueadores que fueron enviados a penales de la ciudad  de La Paz.

La Policía allanó la madrugada de este jueves una vivienda de propiedad del exministro Juan Ramón Quintana, en La Paz, y secuestró documentación y computadoras, según reportes de medios televisivos.

“Aproximadamente a las 02.00, tras un allanamiento realizado por la Policía en el domicilio del exministro de Evo Morales Juan Ramón Quintana (…), la Policía, luego de varias horas de la requisa, extrajo un CPU y dos cajas con información y de manera inmediata lo subieron a un vehículo color plomo tipo camioneta con resguardo policial”, señala el reporte del portal DTV.

Los efectivos llegaron hasta la vivienda, ubicada en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz, con una orden de allanamiento y aprehensión, en medio de una importante presencia policial en los alrededores., según DTV.

La Fiscalía dispuso la aprehensión de Quintana al incluirlo en las investigaciones por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros presuntamente cometidos durante los 24 días del bloqueo evista, en Cochabamba.

El 18 de octubre, al cumplirse el cuarto día de la protesta de las organizaciones afines a Morales, Quintana dijo que “los bloqueos se alimentan con sangre”.

La Procuraduría había pedido la aprehensión de Quintana en el marco del caso del bloqueo de caminos de los seguidores de Morales que se prolongó por 24 días, que se concentró en Cochabamba.

La orden de allanamiento fue emitida dentro del proceso en contra de José Ciprián Fabián y otros por la presunta comisión del delito de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, según el documento al que accedió la red Unitel.

Ayer la Policía aprehendió a los dirigentes evistas Ramiro Cucho y Humberto Claros, por los bloqueos de 24 días.