El presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, confirmó este martes el debate que se dará en Parlamento, donde el MAS tiene la mayoría, para eliminar el desacato dentro del Código Penal, pero se la sustituirá por otra figura legal con el propósito de evitar las acusaciones “llenas de infamias, calumnias, mentiras por parte de la oposición”.

En conferencia de prensa, García Linera, quien retirará al igual que la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, las denuncias de desacato contra el Jefe de Bancada de Convergencia Nacional en la Cámara de Senadores, Roger Pinto, beneficiado de asilo político en el Brasil, dijo que una vez se excluya el desacato se debatirá una reglamentación democrática legal en la Asamblea dirigido a frenar las denuncias falaces por parte de los opositores.

“Entonces necesitamos sacar el artículo sobre desacato, hay que sacarlo, pero hay que colocar algún tipo de mecanismo que por lo menos obligue al opositor a pensar cinco segundos antes de hablar, yo fue opositor y sabía lo que tenían que criticar, me cuidaba, me respetaba en primer lugar, pero me daba diez segundos para reflexionar mis palabras de lo que iba a decir. Necesitamos ese tipo de reglamentación democrática, pero en principio se va debatir en la Asamblea, sacaremos ese artículo de desacato”, dijo.

“Pero hay que debatir que hacemos con las calumnias con estas campañas infamantes, que hacemos habrá algo que hacer, seguramente en el debate democrático que se da en la Asamblea encontrarán alguna figura, o, sino viendo la legislación comparada alguna figura que ponga un cierto freno no a la crítica política que la respetamos, sino que ponga freno a la calumnia, a la mentira, a la falsedad, a las acusaciones infundadas que es muy común entre opositores carentes de ideas, carentes de propuestas”, sostuvo la autoridad.

El asilo político otorgado por el Brasil y oficializado el 8 de junio a la Cancillería boliviana, obligó al Gobierno y a las bancadas del MAS en la Cámara de Diputados y Senadores a tratar la anulación de la figura penal del desacato, tal como había sugerido en febrero y marzo pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque “podría considerarse contraria a la libertad de expresión”.

En ese marco, el vicepresidente considera que es necesario deparar la crítica política bien fundada y argumentada, de los insultos, mentiras y calumnias que emplean los opositores para atacar a las autoridades en función de Gobierno ante la falta de ideas políticas y planteamientos: “Que se hace para este Gobierno, el que viene, y el que viene y el que viene, con personas que calumnian, que difaman, hay que encontrar una figura democrática en el marco del respeto de las ideas, pero que ponga un límite a este tipo de falsedades y de campaña fascistoide, porque mentir, mentir y calumniar y calumniar siempre deja una huella ese es el método fascistoide de intentar cambiar la opinión de las personas”.

El delito de desacato está previsto en el artículo 162 del Código Penal que establece: “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años. Si los actos anteriores fueren dirigidos contra el Presidente o Vicepresidente de la República, Ministros de Estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción será agravada en una mitad”.

Fuente: Anf

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