Sentencian a Bolsonaro a 27 años de cárcel por intentar golpe de Estado

Tras la condena de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal del Brasil sentenció al expresidente a 27 años y tres meses de cárcel en régimen cerrado.

La pena está dividida en dos partes: una de 24 años y nueve meses de reclusión, y otra de dos años y seis meses de prisión, más una multa de 379.290,33 reales, unos 72.000 dólares.

Al fijar la sentencia, el relator del juicio, Alexandre de Moraes, consideró el rol de liderazgo que Bolsonaro ejerció en la organización criminal que tenía como objetivo dar un golpe de Estado.

Sin embargo, Morales consideró el hecho de que Bolsonaro tiene más de 70 años. Además, el expresidente y los otros acusados tienen aún el recurso de apelar las sentencias, por lo que no comenzarán a cumplirlas de inmediato.

 

Paso trascendental

Brasil da un paso trascendental contra la impunidad. Por primera vez en la historia, un tribunal ha condenado por intento de golpe de Estado a un expresidente y a militares de alta graduación. El ultraderechista Jair Messias Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, de 70 años, ha sido condenado en Brasilia por liderar una conspiración golpista para no entregar el poder a su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.

Este jueves la primera sala del Tribunal Supremo alcanzó la mayoría necesaria, tres de cinco votos, para declarar culpable a Bolsonaro de cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a organización criminal. Varios generales han sido condenados también por el intento de asonada. Pese a la formidable presión de Donald Trump desde Estados Unidos, el juicio ha seguido su curso. La corte brasileña pretende decidir las penas este viernes.

En el juicio políticamente más relevante de Brasil en los últimos años, Bolsonaro también ha sido condenado por daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.

El voto decisivo ha sido el emitido ayer por Carmen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer de la alta corte.

La jueza considera probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el poder judicial”.

Tras recordar que Brasil recuperó la democracia hace 40 años, la magistrada ha destacado que “los hechos descritos no han sido, en esencia, negados” por los acusados. Tras ella, el juez Cristiano Zanin, que era abogado de Lula, es el último en emitir  su voto.

El juez instructor, Alexandre de Moraes, poderoso, controvertido y al que la trama quiso asesinar, votó el martes por condenar a Bolsonaro por todos los delitos porque, dijo, las pruebas muestran que expresidente reclutó, como parte de “un proyecto autoritario de poder”, a hombres de su máxima confianza para orquestar juntos un plan que le permitiera permanecer en el poder pese a la derrota electoral de 2022.

Esas acciones incluyeron descalificar el sistema electoral, amenazas al poder judicial, denunciar un fraude inexistente, planear el asesinato de las principales autoridades del Estado, elaborar un borrador para anular las elecciones e intentar reclutar a la cúpula de las Fuerzas Armadas para que se sumaran al complot. Y ayer ha enfatizado que el 8 de enero de 2023 “no fue un paseo dominical, un paso por Disneylandia, ni un acto por combustión espontánea. Fue un intento de golpe por parte de una organización criminal”. Y ha emitido un clip del día que Bolsonaro llamó “canalla” al juez y dijo que desobedecería sus órdenes.

El miércoles el juez Luiz Fux emitió un durísimo voto discrepante a favor de absolver a Bolsonaro de todas las acusaciones por falta de pruebas y que además incluyó la petición de anular todo el proceso al considerar que el Supremo no es el tribunal competente.

 

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Diputados aprueban ley de diferimiento de créditos y suspensión de embargo de vivienda

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes el proyecto de ley que establece la suspensión temporal de embargos y el diferimiento de créditos de vivienda social y de pequeños negocios por un periodo de seis meses.

La medida busca aliviar la situación de familias y emprendedores afectados por la crisis económica, fenómenos climáticos y conflictos sociales.

La norma, registrada como Ley N° 547/2024-2025, fue aprobada en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y será remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional, informó el presidente de Diputados, Omar Yujra.

Explicó que el diferimiento no implica condonación de deudas, sino una reprogramación de cuotas para dar un respiro a los prestatarios.

 

“La deuda no desaparece, solo se pospone”, explicó Yujra, quien reafirmó que con esta medida, se busca evitar la pérdida de viviendas y el cierre de unidades económicas de micro y pequeña escala, al tiempo que se protege la estabilidad del sistema financiero frente a un posible incremento de procesos judiciales por impagos.

La ley introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.

El diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, dijo el parlamentario, sino a una reprogramación temporal de las cuotas, lo que garantiza que los deudores continuarán con sus pagos una vez finalizado el periodo de suspensión.

“Así, la deuda no desaparece, sino que se pospone de manera accesible”, acotó.

Mediante un comunicado difundido el pasado 8 de septiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que este proyecto de ley “no compromete la estabilidad y solidez del sistema financiero porque no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras”.

 

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Suspenden la prueba de ADN sobre presunta paternidad de Luis Arce; parte denunciante pide que el mandatario esté presente

En el marco de las investigaciones de la presunta paternidad del presidente Luis Arce con una exfuncionaria, la prueba de ADN, que estaba fijada para este viernes en Cochabamba, fue suspendida sin fecha.

La denunciante en la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, quien acusó a Luis Arce de abandonarla en el embarazo y no hacerse cargo de su hijo nacido en 2024.

El abogado de Lafuente, Patricio Vargas, explicó que ha solicitado suspender la muestra, tomando en cuenta de que deberían estar presentes los tres involucrados: madre, hijo y el denunciado.

“Solo se estaba pretendiendo tomar las muestras a la madre y al menor. Bajo un principio de protocolo de toma de muestras, se necesita que estén los tres”, sostuvo en declaraciones recogidas por radio Pío XII de la Red ERBOL.

 

“Necesariamente, tienen que estar las tres personas. Tiene que ser una sola muestra, tienen que hacer un solo análisis en comparación y es lo que corresponde”, recalcó.

Además, la parte denunciante ha pedido tener un consultor técnico presente para cuando se haga el procedimiento y verifique la cadena de custodia. El abogado señaló que no hay fecha para la toma de muestras, en tanto se realizan los trámites de notificación.

El presidente Luis Arce informó, anteriormente, que se enteró de este caso por los medios de comunicación. Anunció que asumiría defensa con abogados particulares.

 

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Rechazan insultos de diputada chilena a bolivianos por “xenófobos y racistas”

Pese al rechazo del canciller de Chile, Alberto van Klaveren, a las expresiones “xenófobas” emitidas por la diputada de su país, María Luisa Cordero, quien tildó de “tontorrones” a los bolivianos, el malestar y repudio en Bolivia a las expresiones de la legisladora fue unánime.

 “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”, sostuvo el Canciller de Chile en su cuenta X.

Cordero aseguró que debido a que los bolivianos nacieron en la altitud tienen menos oxígeno en el cerebro y por ello sufren de “bradipsiquia”, que es lentitud en el pensamiento.

Cordero hizo referencia a una polémica propuesta del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, sobre legalizar autos “chutos”.

 

Desde el presidente del Estado, Luis Arce, hasta asambleístas, políticos y excandidatos pasando por analistas y ciudadanos en las redes sociales, rechazaron las declaraciones de la diputada chilena que, en otras palabras, dijo que por falta de oxígeno en el cerebro,“los bolivianos son tontos”.

El presidente Luis Arce dijo “rechazamos enérgicamente las declaraciones de Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano”, afirmó el jefe de Estado, a través de sus redes sociales.

Arce aseguró que “es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”.

Arce anunció que realizará las acciones correspondientes a través de los “canales diplomáticos establecidos”. 

Diputados planteó que la Cancillería envíe una comunicación formal al Gobierno chileno y que el pleno apruebe una resolución de rechazo.

La opositora de Creemos, Rosa Añez, pidió la aprobación inmediata de una declaración de repudio.

El excandidato presidencial Samuel Doria Medina increpó las declaraciones de Cordero y las calificó como una “estupidez” que fomenta el racismo por medio de teorías ya desestimadas usadas para crear discursos de odio.

“La única estupidez es la de quienes siguen siendo racistas y deterministas geográficos a esta altura. Son ideologías del siglo XX completamente descartadas por la ciencia, pero se usan para expresar odios”, dijo Doria Medina.

 

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Al menos cuatro muertos y varios heridos en una explosión de camión de gas en México

A cuatro subió el número de muertos y a 90 el de heridos tras la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP (licuado de petróleo), que provocó un incendio en el este de la Ciudad de México, confirmó hoy la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana.

En sus redes sociales, la Fiscalía señaló que los heridos reciben atención médica en distintos hospitales de la Ciudad de México y del estado central de México.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, provocando una onda expansiva que dañó 32 vehículos ubicados en sus inmediaciones, según las primeras indagatorias.

Al lugar de los hechos llegó personal especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar las causas de lo ocurrido.

Además, las autoridades han trabajado en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a fin de determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

Horas antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo y solidaridad a los familiares de las personas fallecidas y a los lesionados.

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Tuto acusa a Lara de promover guerra sucia

El candidato de la Alianza Libre a la presidencia del país, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó este miércoles al aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a la vicepresidencia, Edmand Lara, a quien acusó de incurrir en “guerra sucia” durante la campaña electoral.

Tras la reunión sostenida en Santa Cruz con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Quiroga afirmó que el compromiso por una “elección limpia”, impulsado por la entidad, debe ser suscrito por todos los frentes.

“La cláusula 5 hay que denominarla la ‘cláusula Lara’, porque ese señor ha violado lo establecido con discursos de odio, difamaciones y la difusión de información falsa”, señaló.

Lara no asistió al encuentro con el TSE. El candidato presidencial del PDC, Rodrigo Paz, explicó que la ausencia se debió a un problema de vuelo desde La Paz. “Lara no ha llegado por un problema de línea aérea”, declaró Paz.

Quiroga sostuvo que la jornada dejó en evidencia “quiénes inventan guerras sucias y quiénes somos víctimas directas de ellas”. Asimismo, recalcó que su partido seguirá priorizando propuestas para dar respuestas a “las angustias de las familias bolivianas”.

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Justicia manda a Murillo a San Pedro por el caso “Gases Ecuador”

El exministro de Gobierno durante la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, Arturo Murillo, fue enviado ayer con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, en el marco del proceso por el caso denominado Gases Ecuador; se trata del tercer fallo de arresto carcelario desde su extradición a Bolivia.

La decisión fue tomada en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer N.º 25, tras una audiencia celebrada ayer, en la que se evaluaron los riesgos procesales que pesan sobre el exministro.

“Las partes procesales del caso fundamentaron la solicitud de ampliación de los riesgos procesales correspondientes, por lo que el juez emitió la Resolución 97/2025, donde se detallan dichos riesgos”, informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

Durante la audiencia se presentaron elementos suficientes para acreditar el riesgo de fuga, por lo que el juez asignado al caso determinó la detención preventiva del acusado en el centro penitenciario de San Pedro.

Murillo es procesado por los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes. El material fue traído desde Ecuador en 2019, durante la gestión de Áñez, tras la renuncia de Evo Morales debido a irregularidades en el proceso electoral y en medio de una crisis política y social.

Otros casos

El exministro también enfrenta otras medidas cautelares por casos como la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Esta sería la tercera orden de detención preventiva contra el exministro de Áñez. 

El exministro también fue cautelado por otros casos, como por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Esta sería la tercera orden de detención preventiva contra el exministro de Áñez, el primero fue por el ‘caso gases Brasil’ y el segundo por el ‘caso catering’.

En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al Estado boliviano.

En mayo de 2021 fue detenido en Estados Unidos, acusado y luego condenado por lavado de dinero y sobornos vinculados a la compra irregular de material antidisturbios, proceso que generó un daño económico millonario al país.

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Balotaje: Paz y Quiroga firman nueve compromisos con el Órgano Electoral

El “Encuentro por la Democracia”, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), concluyó con la firma de un compromiso de nueve puntos por parte de los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, y de la alianza Libre, Jorge Quiroga y Juan Pablo Velasco, quienes competirán en la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.

El documento señala: “Con la participación de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de las dos organizaciones políticas con mayor votación, sus delegados, invitados especiales nacionales e internacionales, el cuerpo diplomático y organismos internacionales, en este histórico encuentro se emite el siguiente Compromiso por la Democracia”.

Los nueve compromisos

El TSE reafirma su compromiso de trabajar con transparencia, imparcialidad y profesionalismo, tanto por parte de los vocales como de los servidores públicos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

 

Los participantes ratifican su confianza en el Padrón Electoral Biométrico, destacan su solidez técnica y acuerdan ampliar la información sobre su fiabilidad a las organizaciones políticas, la sociedad civil y la ciudadanía en general.

Se valora positivamente el funcionamiento del Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) y del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que operaron de manera óptima y transparente en la primera vuelta.

Los delegados de los partidos podrán acceder en cada mesa de sufragio a las copias de las actas de escrutinio y cómputo, así como tomar fotografías de las mismas.

Las organizaciones políticas, sus candidatos y militantes se comprometen a participar en la segunda vuelta dentro del marco legal y reglamentario, evitando campañas de desinformación o prácticas de guerra sucia. En su lugar, deberán difundir sus planes de gobierno en una campaña respetuosa, informativa y equilibrada.

Asimismo, se exhorta a actores políticos, líderes de opinión y medios de comunicación a contribuir en la lucha contra la desinformación, evitando la difusión de información falsa, no verificada, discursos de odio o propaganda negativa.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) realizará un monitoreo oportuno, en el marco del artículo 6 del Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral para las Elecciones Generales 2025.

Se insta a actores políticos, organizaciones sociales y ciudadanía a respetar el derecho de todas y todos los bolivianos a realizar campaña electoral en cualquier lugar del territorio, en un ambiente de tranquilidad y pluralismo político.

Con el fin de promover el voto informado y la deliberación pública, los candidatos se comprometen a participar en los debates organizados por el TSE.

Los candidatos de PDC y Libre se comprometen a respetar los resultados de la votación de la segunda vuelta del 19 de octubre de 2025.

La segunda vuelta electoral deberá desarrollarse en un marco de libertad y respeto, valores indispensables del sistema democrático boliviano.

En el encuentro también participaron representantes de misiones de observación electoral nacionales e internacionales, además del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia.

 

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Reportan al menos seis personas fallecidas tras ataque de Israel a Doha

El ejército israelí señaló que este tuvo como objetivo a “los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre”.

Israel llevó a cabo este martes un ataque contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha, en el que murieron 6 personas.

El ejército israelí señaló que este tuvo como objetivo a “los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que autorizó un ataque “de precisión quirúrgica” contra los líderes del grupo palestino y asumió la responsabilidad del mismo.

“Al inicio de la guerra, Israel dijo que daría con los responsables de ese horror. Hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa”, afirmó Netanyahu.

El anuncio del ataque se produjo pocos minutos después de que se reportaran explosiones y se viera humo elevándose sobre la capital catarí.

Un funcionario de Hamás confirmó a la BBC que su delegación negociadora fue objeto de un ataque durante una reunión en Doha.

En un comunicado posterior, el grupo palestino afirmó que todos los negociadores sobrevivieron al ataque, pero 6 personas fallecieron.

De acuerdo con la información proporcionada por Hamás, entre los fallecidos están Abu Yahya, hijo de uno del jefe negociador Khalil al-Hayya, y Mohammed Al-Humaidi, miembro de las fuerzas de seguridad de Qatar.

El equipo de Hamás que participa de las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza está radicado en la capital catarí.

El comunicado de Hamás tras el ataque señaló que los hechos “confirman sin lugar a dudas que Netanyahu y su gobierno no quieren llegar a ningún acuerdo”.

Qatar actúa como mediador entre Israel y Hamás y ha acogido negociaciones entre ambas partes desde octubre de 2023.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, condenó “en los términos más enérgicos posibles” el ataque del que se responsabilizó Israel.

El funcionario afirmó que el ataque alcanzó un edificio residencial “donde viven varios miembros de la oficina política de Hamás” y agregó que constituye una “flagrante violación” del derecho internacional, así como una “grave amenaza” para los habitantes de Qatar.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región, ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía”, concluye la declaración.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, afirmó posteriormente que su país “se reserva el derecho” de responder al “ataque flagrante” de Israel.

“Toda la región debe responder a acciones tan bárbaras”, afirmó.

Medios israelíes informaron que el ataque involucró a 15 aviones de combate israelíes, que dispararon 10 municiones contra un solo objetivo.

 

 

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Dos “jukus” mueren por gases tóxicos en mina de Potosí

Dos personas murieron asfixiadas por gases tóxicos en el interior de la mina de la cooperativa Unificada de Potosí, mientras intentaban sustraer mineral de forma ilegal.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí, coronel Marco Antonio Dávalos, informó que las víctimas no pertenecían a la cooperativa y fueron identificadas como “jukus”, término con el que se denomina a quienes ingresan a las minas sin autorización con fines de robo.

“Había dos personas que habían fallecido en el interior de la mina, fueron sorprendidas por el gas de mina. Realizando las investigaciones, se determinó que eran dos personas que no trabajaban en la mina de dicha cooperativa, por lo tanto eran ‘jukus'”, dijo el jefe policial en una entrevista con Bolivia Tv.

Según la investigación preliminar, uno de los cuerpos fue hallado a 40 metros de profundidad y el otro a 150 metros y ambas personas fallecieron de intoxicación por gas de mina.

“Estos habían ingresado a robar mineral y fueron sorprendidos por los gases. (…) Lamentamos informar que ya tenemos 90 personas fallecidas en el interior de la mina hasta la fecha”, añadió el jefe policial.

Este nuevo suceso eleva a 90 el número de víctimas fatales en bocaminas potosinas en lo que va del año.

 

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