Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó el pasado miércoles la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El presidente de Diputados, Omar Yujra, informó el martes que: “Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”.

Impulsada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, la norma tiene como objetivo proteger de manera integral la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de violencia y abuso sexual que se cometen mediante el uso de tecnologías digitales, como redes sociales, aplicaciones, plataformas de mensajería y videojuegos en línea.

Con ese fin se logró incorporar nuevos delitos al Código Penal, como el contacto con fines sexuales a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el abuso sexual digital, la exposición a contenido sexual y la producción y posesión de material de abuso infantil.

La norma plantea una pena privativa de 10 a 15 años de cárcel para las personas que distribuyan, arrienden, intercambien, vendan o comercialicen contenido digital que contenga representación visual de las partes íntimas de niñas, niños y adolescentes, o de exhibicionismo corporal con fines económicos.

Además, establece que toda persona que contacte a niñas, niños y adolescentes a través de comunicaciones electrónicas, enviando mensajes, videos, fotografías u otro contenido erótico o sexual, será sancionada con 4 a 8 años de privación de libertad.

Además, se establecerá medidas urgentes de protección, como la eliminación de contenido ilegal y el alejamiento virtual de los agresores.

Una vez en vigencia, se permitirá el uso de agentes encubiertos digitales para investigar estos delitos; se fortalecerá el rol del sistema educativo y de salud, estableciendo obligaciones de prevención, denuncia y atención integral.

También se impulsará la corresponsabilidad de las familias, empresas tecnológicas y gobiernos subnacionales, además alinea la legislación boliviana con tratados internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fiscalía

“Celebro con esperanza y determinación esta aprobación, porque el avance de las tecnologías, si bien trajo múltiples beneficios, también genera nuevos riesgos que amenazan la seguridad y la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero con esta aprobación estamos avanzando con decisión hacia un país más seguro para nuestra niñez”, dijo el fiscal Roger Mariaca.

La justicia definirá hoy a qué cárcel le corresponde ingresar al exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien arribó ayer a la ciudad de La Paz, deportado de Estados Unidos luego de cumplir una pena de cárcel en ese país por delitos de lavado de dinero.

La exautoridad del Gobierno de Jeanine Áñez tiene dos sentencias por cumplir en cárceles de Bolivia, además de 15 procesos en curso por diversos delitos.

Desde ayer en la tarde, Murillo espera su audiencia cautelar en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz.

La audiencia será a las 13:45 de este viernes con la presencia del acusado, informó el fiscal Omar Yujra.

La Fiscalía pedirá al tribunal sexto de sentencia que Murillo sea enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, por un periodo de seis meses, mientras se lleva adelante el proceso.

Este caso en particular está relacionado con la compra con sobreprecio de agentes químicos durante la gestión de Jeanine Añez.

El exministro ya tiene una sentencia de ocho años de cárcel por este proceso, aunque ahora se encuentra en etapa de apelación restringida, y será resuelta según el trámite correspondiente, indicó Yujra.

Estado de salud

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó ayer que Murillo padece de hipertensión arterial y un cuadro de ansiedad. Sin embargo, a su llegada a Santa Cruz y traslado a La Paz, el exministro no demostró signos de mala salud o debilidad. 

Por el contrario, en los dos momentos en que la prensa lo pudo ver mostró un rostro serio y firme, mucho más en el aeropuerto de El Alto.

Procesos y sentencias

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, precisó que “a la fecha”, Murillo “tiene 15 procesos penales” abiertos en el país, de los que diez están en fase de juicio oral, es decir que ya existe una acusación formal “por diferentes hechos” y otros dos están en “etapa preparatoria”, en la que ya “se encuentra con imputación formal para que resuelva el juez cautelar”.

Los tres restantes están “en etapa preliminar, en la cual los fiscales determinarán el imputar o rechazar el caso cuando amerite y conforme a procedimiento”, indicó.

El Fiscal General recordó que, además de estos procesos, ya hay dos “sentencias condenatorias”, una por ocho años de cárcel dentro del caso denominado ‘gases lacrimógenos’, por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Mariaca explicó que hay “diferentes comportamientos legales” en cada proceso, ya que sobre Murillo pesan tanto sentencias condenatorias como mandamientos de rebeldía y órdenes de aprehensión que se tendrán que resolver conforme a procedimiento.

La entrega incluye 83 conjuntos completos de protección, como cascos, guantes, chaquetas, pantalones y botas. Además de 49 tiendas de campaña, radios de comunicación, bombas de agua, mangueras, kits para quemaduras, machetes y mochilas de hidratación.

Estados Unidos entregó este jueves al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz equipos de lucha contra incendios valorados en más de 160.000 dólares.

La ayuda llega después de que el Gobierno declarara Emergencia Nacional el pasado 20 de agosto y solicitara apoyo internacional para hacer frente a los focos que han arrasado miles de hectáreas y puesto en jaque a comunidades enteras.

La entrega incluye 83 conjuntos completos de protección, como cascos, guantes, chaquetas, pantalones y botas. Además de 49 tiendas de campaña, radios de comunicación, bombas de agua, mangueras, kits para quemaduras, machetes y mochilas de hidratación. El objetivo es reforzar el trabajo de los bomberos que desde hace semanas se enfrentan a incendios que arrasan los bosques cruceños.

“Hoy marcamos un hito significativo en la hermandad entre los Estados Unidos y Bolivia, al entregar equipo esencial para la lucha contra incendios al departamento de Santa Cruz. Porque no solo es un apoyo material, sino un compromiso compartido para proteger vidas y preservar la Amazonía boliviana”, declaró en el acto de entrega la jefa de misión de la Embajada de Estados Unidos de América, Debra Hevia.

Con esta nueva entrega, el apoyo de Estados Unidos a Bolivia en materia de ayuda humanitaria supera los 1.4 millones de dólares desde 2019. La cooperación estadounidense en la atención de emergencias en el país tiene una sólida trayectoria, enfocada no solo en fortalecer la capacidad de respuesta inmediata ante desastres, sino también en consolidar los lazos de colaboración entre ambas naciones, construidos a lo largo de años de trabajo conjunto frente a desafíos naturales.

Hevia también destacó el trabajo sacrificado de los bomberos bolivianos. “Su valentía y compromiso son encomiables. Estados Unidos está con ustedes y nos enorgullece apoyar sus esfuerzos para proteger a las comunidades y la tierra que todos compartimos”.

Septiembre arrancó con 917 focos de calor activos en el país, según datos del Viceministerio de Defensa Civil. Santa Cruz concentra la mayor parte, con 588 focos, seguido de Beni con 268 y Pando con 60, de acuerdo con el reporte oficial.

Un fuerte contingente policial llegó este jueves a un hangar en una zona boscosa del municipio cruceño de Warnes, como parte de un operativo de búsqueda del cuerpo de Lorgio Saucedo Méndez, un hombre que fue asesinado en un caso que aún es investigado y del que ya hay cuatro personas aprehendidas.

De manera preliminar, se conoce que cuando los uniformados intentaron ingresar al lugar, sujetos armados abrieron fuego contra los efectivos para frenar su avance.

Después de esta balacera, se realizaron sobrevuelos en la zona y los agentes fuertemente armados lograron tomar el control del interior del hangar. Sin embargo, se desconoce aún el resultado final de la intervención y si hubo detenidos o heridos.

Un grupo de agentes de la División de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) se encuentra en el lugar trabajando para identificar a los responsables de la balacera y determinar las circunstancias exactas del incidente.

Se espera que en las próximas horas, la Policía y el Ministerio de Gobierno brinden más detalles sobre este hecho y se confirme la situación actual en la zona.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, deportado la madrugada de este jueves desde Estados Unidos a Bolivia, enfrenta acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas y corrupción en la compra irregular de gases lacrimógenos, que ocasionó un daño económico al Estado superior a 16 millones de bolivianos.

Además, está señalado en procesos por genocidio vinculados a las masacres de Sacaba y Senkata.

El abogado de las víctimas de Senkata, Thomas Becker, recordó que Murillo desempeñó un rol central en el gobierno de Jeanine Áñez y fue uno de los principales responsables de la represión durante la crisis poselectoral de 2019.

“Unánimemente, han dicho que lo ocurrido en Senkata y Sacaba fueron masacres, y uno de los autores principales, la persona que movilizó el operativo conjunto entre la Policía y los militares, es Murillo”, afirmó Becker.

Agregó que el exministro estaba a cargo de las fuerzas estatales en ese contexto y que su procesamiento es fundamental para garantizar justicia y evitar hechos de violencia en el futuro.

Antecedentes de Sacaba y Senkata

El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba (Cochabamba), una movilización de campesinos cocaleros que se dirigía hacia la ciudad fue reprimida por fuerzas policiales y militares, con un saldo de al menos 10 personas muertas y decenas de heridos.

Días después, el 19 de noviembre, en la zona de Senkata (El Alto), otra intervención armada contra manifestantes que protestaban cerca de la planta de YPFB derivó en la muerte de 10 personas y más de 70 heridos.

Ambos hechos fueron calificados como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante los operativos conjuntos ordenados por el gobierno transitorio de Áñez.

Murillo, quien estuvo al frente del Ministerio de Gobierno en ese periodo, es señalado por su responsabilidad directa en la coordinación de esas operaciones.

El 4 de septiembre vence el plazo para que los candidatos comuniquen su declinación.

Rodrigo Paz, candidato presidencial por el PDC, se ubicará en la posición uno de la papeleta de sufragio, a la izquierda; y Jorge Tuto Quiroga, de libre, en la dos, a la derecha.

Esta es la determinación a la que llegó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras el sorteo que realizó este miércoles, rumbo al balotaje del 19 de octubre en Bolivia.

Una franja dividida entre las dos organizaciones políticas, y la papeleta tendrá el mismo diseño para el exterior, indicó el vocal Gustavo Ávila, quien además recordó que el 4 de septiembre vence el plazo para que los candidatos comuniquen su declinación.

En caso de que exista una declinación la segunda vuelta ya no se realizará y se da por ganador al candidato que no se retiró de la contienda electoral.

En el marco de la reorientación de la administración de justicia, la defensa del exgeneral Juan José Zúñiga anunció que pedirá la cesación de su detención preventiva, para que se defienda fuera de la cárcel en el proceso por la asonada militar.

La abogada Silvia Tapia informó que este martes está presentando la solicitud para que Zúñiga salga de la cárcel, bajo el argumento de que ya se ha excedido el plazo de detención preventiva.

El excomandante del Ejército se encuentra en el penal de El Abra de Cochabamba, mientras es investigado por delitos como terrorismo y alzamientos armados, debido al movimiento militar que encabezó el pasado 24 de junio de 2024 en la plaza Murillo.

En las últimas semanas, el Tribunal Supremo de Justicia instruyó a los jueces a revisar la situación de los detenidos preventivos, para verificar excesos, como el plazo.

Su abogada explicó que, en la fundamentación en defensa de Zúñiga, se mencionará justamente el instructivo emitido a favor de los detenidos preventivos.

Indicó que se intentará enervar los riesgos procesales que pesan contra el excomandante, para lograr que se le otorgue las medidas alternativas a la detención.

La situación de Zúñiga se definirá en una audiencia ante el juzgado de la causa.