También denuncian que gobierno hace lo posible para frenar la marcha

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, afirmó que las 13 regionales de esta organización confirmaron su asistencia y dieron su apoyo a la marcha, incluida la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), cuya vicepresidenta, Edith Cuarto, firmó la convocatoria a la movilización.

Cuarto denunció ayer que el Gobierno se comprometió a entregar 10 millones de bolivianos a la APG para el saneamiento de tierras, con lo que se pretende impedir que ese sector se sume a la IX marcha. El lunes, en cambio, según la agencia estatal de noticias ABI, el secretario ejecutivo de la APG, Faustino Flores, declaró que su organización no participará de la marcha.

Plataforma. Preliminarmente, la plataforma de la IX marcha indígena incluye cuatro grandes demandas: el respeto a la Ley 180 de Protección del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales; la elección directa de los indígenas a la Asamblea Legislativa; y la reconducción de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Estas demandas fueron consensuadas en la III Comisión, dijo el dirigente Adolfo Moye.

Adolfo Chávez añadió que la principal demanda es la defensa del TIPNIS, que el Gobierno pretende “violentar” con la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos por el medio del parque.

Moye señaló que la consulta es inviable y acusó al Ejecutivo de querer dividir a los indígenas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de La Paz ya rechazaron la marcha indígena.

Niños y mujeres embarazadas

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz manifestó ayer su preocupación por la participación de niños y mujeres embarazadas en la IX marcha indígena convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) para el 25 de abril.

La presidenta de la APDH-La Paz, Teresa Subieta, afirmó que “en este tipo de marchas los niños y las mujeres embarazadas sufren demasiado por las inclemencias del tiempo y la caminata de varios kilómetros”.

En la VIII marcha indígena, entre agosto y octubre de 2011, al menos 20 mujeres embarazadas participaron de esa movilización. Tres de ellas abortaron por la esforzada caminata; mientras que dos niños fallecieron: Pedro Moye, de 13 años, que se cayó de una camioneta, y Juan Uche, de ocho meses, que no resistió una infección estomacal.

Al respecto, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Roberto Rojas, aseveró que tanto niños como mujeres embarazadas son usados políticamente.

Fuente: La Razón

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