España llevó al Grupo de los Veinte (G20) su denuncia de la expropiación del 51 por ciento de Repsol en la petrolera YPF, llevada a cabo por el Gobierno de Argentina, y decidió limitar sus compras de biodiesel de ese país como parte de una ofensiva encaminada a presionar a Buenos Aires. El Ejecutivo de Cristina Fernández, sin embargo, minimizó las acciones tomadas por España.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aprovechó los encuentros de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) para airear el contencioso ante el influyente grupo que reúne a los países más ricos y a los emergentes, entre ellos Argentina.
Según anunció el propio De Guindos en rueda de prensa, el resultado de la gestión fue la inclusión en la declaración final del G20 de un párrafo en el que los ministros y banqueros centrales instan a “proteger las inversiones” y “evitar el proteccionismo”.
El ministro de Economía de Argentina, Hernán Lorenzino, rechazó que el G20 haya tratado la expropiación y señaló que es una “cuestión bilateral” fuera de la agenda del foro.
Importaciones
El Gobierno español también anunció medidas encaminadas a limitar las importaciones de biodiésel de Argentina.
El anuncio fue realizado por la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del consejo de ministros, en la que se analizaron posibles pasos ante la expropiación y después de que el Parlamento Europeo aprobará una resolución en la que pide medidas contra Argentina.
Entre tanto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, garantizó ayer que por respeto a la “soberanía” de España no responderá a represalias españolas por la expropiación del grueso de acciones de la petrolera argentina YPF en manos de Repsol.
“No haremos ningún planteamiento” a la Organización Mundial del Comercio (OMC), apuntó Fernández tras indicar que Argentina está en condiciones de absorber con su consumo las 400.000 toneladas anuales de biodiésel que coloca en el mercado español.
REPRESALIAS
El Parlamento Europeo (PE) dijo ayer su visto bueno a los líderes de la Unión Europea para que tomen las medidas comerciales necesarias para defender las inversiones comunitarias en el extranjero tras el precedente de la nacionalización de YPF.
Por amplia mayoría, la Eurocámara sacó adelante una resolución en la que se pide a la Comisión Europea y al Consejo de la UE que valoren opciones como la “posible suspensión parcial” de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP).
De estas ventajas arancelarias se benefician en su entrada al mercado europeo varios productos.
Fuente: Los Tiempos
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