La Fiscalía de Sustancias Controladas desestimó ayer acusar al gerente de contenidos de TeleC Canal 21, Mauricio Noya, y al periodista Edward Aima por la presunta comisión del delito de omisión de denuncia, tipificado en el Código Penal sólo para funcionarios públicos, por no alertar de un supuesto tráfico de precursores y coca en los terrenos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en Valle de Sajta.

En tanto, en La Paz el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo ayer que “no es correcto que por una labor periodística el Ministerio Público cite a dos periodistas a prestar declaraciones”.  Agregó que “vamos coordinar con el Ministerio Público de tal manera que se resguarde el trabajo de la prensa y no sea objeto de citaciones judiciales cuando no corresponde”.

No hay juicio

La coordinadora de la Fiscalía de Sustancias Controladas, Claudia Mancilla, dijo ayer a la Red Uno que “no se los va a procesar. Nosotros hemos tomado declaraciones para ver las razones por las que no denunciaron el hecho (filmación de embarcaciones con precursores) inmediatamente.

La fiscal agregó que los periodistas Noya y Aima  no son parte de la investigación, “simplemente se los ha citado para que digan lo que saben, lo que les consta”.

De acuerdo con la versión de la fiscal Mancilla, los dos periodistas fueron convocados en calidad de testigos, no de procesados. Afirmó que “la única intención de la Fiscalía es identificar a los autores, porque lo que se les ha dicho (a los periodistas) es que por lo estratégico de la zona cuando Umopar está llegando los narcotraficantes tienen formas de comunicarse antes de que lleguen”.

Aima se mostró extrañado por las declaraciones de la coordinadora y ratificó que fue citado por segunda vez por el fiscal antinarcóticos, Marco Antonio Gálvez, para responder por el presunto delito de omisión de denuncia, el 26 de febrero.

En la primera ocasión, el 9 de febrero de 2012, Edward Aima fue llevado a los terrenos de la UMSS, donde tras ser separado del grupo de periodistas que acompañaba la inspección fue conducido en lancha por la coordinadora y el fiscal Gálvez hasta un lugar cercano a donde realizó las filmaciones. Ahí el fiscal le pidió que revele su fuente y luego que explique por qué no denunció el hecho a Umopar.

En la segunda ocasión, el 26 de febrero Edward Aima y el gerente de contenidos fueron citados por la Fiscalía Antinarcóticos.

“Gálvez me dijo: Bueno, no le voy a insistir más sobre su fuente, porque creo que la Ley de Imprenta lo protege; pero sí vamos a iniciar un interrogatorio para determinar un proceso por omisión de denuncia”, agregó el periodista.

Mancilla puntualizó “no entiendo por qué, discúlpenme, se ha armado un circo alrededor de una investigación que tiene la única finalidad de dar con los autores del delito”.

Declaraciones contradictorias

Según Claudia Mancilla, las declaraciones del fiscal Marco Antonio Gálvez fueron malinterpretadas y reiteró que los periodistas fueron citados como testigos.
En una entrevista a Los Tiempos, el 26 de febrero, el fiscal Gálvez dijo: “El propósito de la citación es porque se está investigando las razones por las que el periodista no denunció el hecho (tráfico de precursores y coca) luego de haberlo conocido”.

Y concluyó que: “Se ha citado a los periodistas no para que digan sus fuentes. Lo que nos interesa es meter a la cárcel a los autores del delito de tráfico de sustancias controladas, que se ha denunciado públicamente en el medio de comunicación, ya que el periodista podía llamar a la Policía y nosotros actuar”.
La actuación de la Fiscalía ha sido cuestionada por el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, quien expresó que el aparente proceso “es una total violación de la Ley de Imprenta. De acuerdo con la función social que cumple el periodista, en el marco de una investigación, ya se ha hecho la denuncia al presentar el material.

A partir de eso la Fiscalía tiene que realizar las investigaciones”.
Según el representante de la prensa, el fiscal demostró un desconocimiento de la Ley de Imprenta y violó derechos constitucionales, consagrados en normas internacionales, al citar a los periodistas a declarar sin tener competencia.

Fuente: Los tiempos

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