Suxo levanta proceso de desacato

Con el fin de evitar que el caso del senador Róger Pinto, quien se encuentra asilado en la Embajada de Brasil en La Paz, sea calificado como un acto de persecución política, debido a más de una docena de juicios penales, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunció ayer que desistirá del proceso por desacato que interpuso en su contra.

“Yo estoy dispuesta a desistir de la denuncia hecha por desacato en contra de Pinto, pese a que jamás ha limpiado mi imagen, sino que la ha manchado. Pero yo desisto de mi denuncia y estoy segura de que lo hará también el Vicepresidente (Álvaro García Linera) para que no tengan ese argumento de que existe persecución política”, dijo.

En mayo del año pasado, la ministra formalizó una denuncia contra el senador de la opositora Convergencia Nacional (CN) y también contra el diputado Luis Felipe Dorado, ambos por los delitos de desacato y sedición.

Según la fiscal Ingrid Rodríguez, la denuncia fue sustentada en los comentarios que ambos legisladores emitieron en una rueda de prensa, en la que habrían ofendido, insultado y calumniado a la ministra.

El lunes de la pasada semana, Pinto pidió refugio en la embajada brasileña en La Paz porque -dijo- el Gobierno había emprendido contra su persona una persecución política.

En una carta leída por parlamentarios de la oposición, Pinto denuncia que hay más de 20 procesos penales abiertos en su contra por el Gobierno, “cada uno más descabellado que el otro”.

“A cada denuncia que hice por corrupción o narcotráfico se me abrió un proceso penal por desacato, sedición o difamación, entre otros. Ya no son un oprobio la corrupción y el narcotráfico, sino el denunciarlos. Se ha institucionalizado la impunidad”, sostiene en su misiva.

El diputado opositor Adrián Oliva aseveró que Pinto solicitó asilo ante el “acoso” y la “persecución inclemente” del gobierno del presidente Evo Morales.

La ministra de Transparencia dijo ayer que Pinto afronta cuatro procesos penales por desacato, los que fueron instaurados por el vicepresidente Álvaro García Linera, el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, el fiscal de materia Marcelo Soza y la ministra Suxo, además de otros diez procesos que tienen que ver con casos de corrupción y uno por intento de asesinato.

Recordó que uno de los procesos data de la época en que el hoy asilado político era prefecto de Pando. Pinto tenía que tramitar desembolsos para la creación de carreras de estudio que nunca se ejecutaron, acusó Suxo.

“El daño económico producido por estos hechos cometidos por Pinto alcanzan a más de 6 millones de dólares”, especificó la ministra a los medios de comunicación.

Fuente: La Razón

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