Ante la proliferación de distintas movilizaciones protagonizadas por diferentes sectores en el país, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, exige al Ministerio Público asumir las acciones legales para que se investigue a estas personas responsables de promover estas acciones.
Durante esta semana se han movilizado padres de familia en la ciudad de El Alto, cañeros de Bermejo, transportistas en Cochabamba, entre otros. Según la autoridad estas acciones no pueden perjudicar a una gran mayoría que necesita realizar sus actividades.
«Hago un pedido público a la Fiscalía para que se investigue, he visto votos resolutivos de cañeros que amenazan con tomar pozos petroleros, eso no corresponde, está bien uno tiene que demandar, protestar, pero tiene que acudir a mecanismos que no sacrifiquen los derechos de la mayoría de la población boliviana. Exijo que la Fiscalía deba investigar a quienes estén afectando los derechos de los demás», afirmó Romero en contacto con los medios de comunicación.
Asimismo, pidió reflexión a los dirigentes para que abandonen las medidas «radicales», ya que la misma población empieza a criticar y a pedir que se asuman medidas coercitivas contra la gente que afecta los derechos de los demás.
«La gente está muy perjudicada y ha habido bloqueos que ya rayan en la intolerancia, no puede ser que gente que solamente compite por liderazgo de hacer demostración de fuerzas moviliza a la gente, perjudica a todo el eje troncal de la ciudad de La Paz y El Alto a lo largo de una buena parte de esta jornada y solamente por caprichos de algunos dirigentes», acotó.
Los cañeros de Bermejo y víctimas de violencia política en dictaduras bloquearon ayer por segundo día consecutivo las calles y avenidas del centro de la Sede de Gobierno, colapsando la circulación vehicular y generando malestar entre la población.
Los primeros exigen una reunión con el presidente Evo Morales, para demandar la instalación de un ingenio azucarero.
Mientras que en la ciudad de El Alto centenas de padres de familia paralizaron el tráfico vehicular en demanda de 1.000 ítemes para maestros y mejoras en la infraestructura educativa.
Por otro lado, las víctimas de violencia política, continúan con la vigilia en las puertas del Ministerio de Justicia hasta que el Órgano Ejecutivo cumpla la Ley 2640 del 2004, que establece el pago de un resarcimiento excepcional en consideración al grado de violencia política sufrida en los gobiernos de facto.
Fuente: Opinión
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