Las concejalas de Vinto, Martha Choque y Elizabeth Ancalle, que son presionadas desde hace un mes para renunciar y cumplir con la alternancia en el MAS, lloraron ayer por el trato humillante que recibieron el lunes.

Contaron que un grupo de pobladores de Llave Grande que les lanzó llajua, tomates y cáscaras al rostro en la puerta del Concejo Municipal.

“Qué hemos hecho. Nos tildan que hemos entrado en corrupción, pero no demuestran nada”, cuestionó Martha Choque. Siguió: “Nuestro delito es resguardar los predios municipales que son el hospital Esperanza y las tierras fiscales de Combuyo”.

Las concejalas, junto con Hugo Cáceres, lamentaron que el acuerdo firmado con la mediación del ministro de Gobierno Carlos Romero no se cumpla y, al contrario, se les inicie un proceso por incumplimiento de deberes por no haber asistido a las sesiones desde que comenzó el conflicto, en marzo.

Choque reclamó: “Dónde están los derechos de las mujeres, dónde está la Ley 243 en su aplicación, dice claramente que se debe denunciar estos casos de violencia y acoso político, pero nadie lo hace”. Luego agradeció a la asambleísta Lizeth Beramendi, que intervino en el conflicto desde que los concejales fueron tomados como rehenes por tres días sin que hasta ahora se dé con los responsables.

“En el municipio ni un concejal se pronuncia, ni la Alcaldesa que está detrás de todo esto”, remarcó Choque.

En anteriores declaraciones, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, lamentó que algunos concejales hayan entrado a servirse de cargos públicos y sugirió que algunos tenían familiares trabajando en cargos.

Al respecto, los pobladores señalados de agredir a las concejalas evitaron dar declaraciones a la prensa y dijeron que sus dirigentes tampoco iban a hablar sobre el maltrato a las autoridades.

DENUNCIAN VIOLENCIA POLÍTICA

El abogado de las concejalas, Juan Carlos Terán, presentó una denuncia por agresiones, acoso y violencia política, amenazas, coacción y atentados contra la libertad de trabajo contra Bladimir Pelaez y otros.

Las concejalas advierten que su labor de fiscalización se ha visto obstruida por las agresiones de los pobladores de Llave Grande a pesar de que rige un acuerdo para cumplir con la alternancia cuando falten ocho meses para cumplir su mandato.

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