Un cabildo convocado por el Comité de Vigilancia de Tiquipaya resolvió ayer impedir el ingreso de la empresa Toyosa-Consarq a las 47 hectáreas de terreno en conflicto desde 2009.
El grupo empresarial, que adquirió las tierras a través de remates, denunció que esa acción y otras asumidas por los pobladores son ilegales.
El presidente del Concejo Municipal de Tiquipaya, Emilio Fernández, advirtió al término de una marcha desde Tiquipaya hasta la ciudad de Cochabamba que: “A Tiquipaya no tiene más llegada esta empresa Consarq, Tiquipaya no se lotea. Esas 47 hectáreas han sido adquiridas ilegalmente. Hoy Tiquipaya se ha levantado: la próxima ya no vamos a venir aquí, sino las 78 OTBs vamos a ir directamente a tomar esas hectáreas”.
Ante la determinación del cabildo la abogada de Consarq, Erika Backhaus, remarcó que “se trata de un hecho delictivo más. Es una pena que estemos viviendo en un Estado que no protege los derechos de las empresas. Es el colmo de la ilegalidad”.
A pesar de que la empresa Consarq ha expuesto sus documentos de propiedad, el alcalde de Tiquipaya, Saúl Cruz, insistió en demandar que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realice el saneamiento de las 47 hectáreas y no sólo de las cuatro que están cuestionadas bajo la premisa del presidente de Comité de Vigilancia, Adolfo Copa, de que “esas tierras nacieron como tierras fiscales y volverán a ser tierras fiscales”.
Para la asesora de Consarq, el INRA no tiene competencia para intervenir en terrenos urbanos, sin embargo, está pendiente la respuesta a una solicitud de “saneamiento de simple de oficio” que realizó la Alcaldía basada en una denuncia del Distrito 6 (OTB Collpa Pampa) de que los terrenos no cumplían con su función económica social.
Según Consarq, las 47 hectáreas fueron adquiridas en 2009 y desde entonces han intentado utilizarlas. Pero, desconocen por qué no se planteó ese reclamo a los anteriores propietarios.
El INRA aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de saneamiento de las 47 hectáreas. Según el director departamental del INRA, Jaime Copa, la prioridad es determinar si el terreno es “rural o urbano”.
Según Consarq, la Alcaldía declaró a esta zona área urbana y cobró impuestos bajo esa categoría, de acuerdo con la Ordenanza Municipal 211/2009. Sin embargo, ayer el Alcalde manifestó que al no haberse homologado esa disposición el Ministerio de Planificación, el terreno se mantiene en el área rural y eso no impide que el INRA realice el saneamiento.
“Después de tantos años se ha visto que este terreno nunca ha cumplido una función económica social: estas tierras no pueden beneficiar a unas cuantas familias; sino que tienen que ser para toda la colectividad”, enfatizó el Alcalde.
Para Consarq, la Alcaldía, el Concejo y el Comité de Vigilancia realizaron “una convocatoria ilegal, instigando a la comisión de delitos contra nuestro derecho propietario, constitucionalmente consagrado en los artículos 56, 308 y 309 de la Constitución”.
El cabildo entregó ayer documentos a la Gobernación, a la Brigada de Asambleístas y la Asamblea Departamental, les pidió que realicen un seguimiento del proceso que está en curso en el INRA y el inicio de acciones penales contra los funcionarios de Derechos Reales que habrían falsificado documentos de propiedad al eliminar algunos registros.
Al respecto, Consarq ha desvirtuado deficiencias en una partida de derechos reales y se amparó en una resolución del Tribunal Agrario Nacional que anuló un registro y les reconoce su derecho propietario.
El cabildo también pidió la inamovilidad funcionaria para el director del INRA, Jaime Copa, ante el riesgo de que sea removido de su cargo.
Cruz: no entramos a lotear
El alcalde de Tiquipaya, Saúl Cruz, quien enfrenta 4 procesos penales interpuestos por Consarq por avasallamiento, manifestó que los terrenos no pueden ser para unas familias, que se vendieron entre ellos a través de un banco sino para la colectividad.
¿Se lo señala de actuar como un loteador, de usar los terrenos como mercado?
En eso quiero ser muy claro: nunca la Alcaldía ha entrado para lotear; sino fueron los vecinos organizados que han dispuesto de hacer una venta de sus productos en ese lugar. La Alcaldía no cobra ni un centavo. Pero, además cuando los vecinos han pedido que se respete, que no se ingrese hasta que se resuelva el tema jurídico los de Consarq han empezado a hacer siembra y las comunidades se han organizado para hacer venta.
El INRA dice que no podría intervenir en área urbana, cuál es la calidad de este terreno
En el tema jurídico hay que tener muy bien en cuenta de que todo terreno que tiene título ejecutorial tiene que hacer un procedimiento de cambio de uso de suelo ante el INRA, que en este caso no se ha hecho. Y, la ordenanza de 2009 tampoco se ha homologado. Entonces, esto le permite al INRA intervenir.
¿Piden las cuatro hectáreas, las 47 o que defina el INRA?
Lo que está pidiendo la población es que el INRA verifique si las 47 hectáreas han cumplido la función social y se declare todo como tierras fiscales.
CONCLUSIONES
1.- Pedir que la Gobernación, Brigada Parlamentaria y Asamblea Departamental realicen un seguimiento del proceso en el INRA.
2.- El objetivo de la movilización será “recuperar los terrenos”.
3.- Prohibió la entrada a los terrenos en conflicto de la empresa Consarq y que el INRA realice el saneamiento de las 47 hectáreas.
4.- Pidió la permanencia del director departamental del INRA.
5.- Se anunció el inicio de acciones legales contra Derechos Reales.
6.- De manera interna, se decidió tomar posesión de los terrenos cada fin de semana y continuar con la instalación de una feria dominical.
7.- Resolvieron apoyar en su defensa al Alcalde, que tiene cuatro procesos penales por este conflicto, y los demás dirigentes.
Fuente: Los Tiempos
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