Policías de rango bajo y sus esposas radicalizaron ayer sus medidas de protesta, con el cierre de varias unidades policiales y comandos en casi todas las ciudades capitales del país, el repliegue y el acuartelamiento de los uniformados y la masificación de los piquetes de huelga de hambre.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que es imposible en este momento atender el incremento salarial que exigen los uniformados de bajo rango y que su amenaza de replegarse y de no participar en los actos de celebración del aniversario de la entidad policial en los próximos días, es un “desafío” que no se va a permitir.
Mientras, el comandante General de la Policía, Víctor Maldonado, advirtió con “duras sanciones” contra los efectivos que se sumen a las manifestaciones públicas, exigiendo un incremento salarial, porque “los efectivos no deliberan”.
Dijo que se estaban analizando, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, las demandas presentadas para ver su viabilidad, aunque no especificó qué puntos del pliego petitorio.
En La Paz, un grupo de mujeres cerró con candados y cadenas un regimiento policial en el centro de la ciudad con «más de 180 policías» en su interior, dijo la dirigente de las esposas de los agentes, Guadalupe Cárdenas.
Anoche, esa unidad policial y otras tres en la sede de gobierno continuaban cercadas por las esposas, quienes aseguraron que no se moverían hasta que sus demandas sean atendidas, además de que sus esposos estaban dentro amotinados y replegados.
El comandante departamental de la Policía de La Paz, Rosalío Álvarez, confirmó que las puertas de esa unidad fueron cerradas y bloqueadas, pero negó que ello suponga un motín de los agentes, como dicen las mujeres.
En Cochabamba, las esposas mantienen el piquete de huelga de hambre que se instaló el martes. Ayer protagonizaron una movilización y tomaron simbólicamente el Comando Departamental y la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (UTOP) exigiendo al Gobierno que atienda sus demandas.
En Sucre, Oruro Tarija y Potosí, agentes de varias unidades anunciaron la suspensión de sus labores de seguridad en las calles, mientras que sus esposas iniciaron huelgas de hambre, bloqueando la entrada a los cuarteles y a las oficinas de los comandos departamentales. En Trinidad, capital de Beni, y en el municipio de Riberalta del mismo departamento, las esposas también cerraron con candados instalaciones policiales, y en Oruro comenzaron el ayuno.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Clases de la Policía (Ansclapol), Edgar Ramos, informó que de los 33 mil efectivos del país, cerca de 3 mil ayer no cumplieron con sus funciones diarias y los uniformados de clases se hallan acuartelados, en respaldo a las medidas que realizan sus esposas. Pidió al comandante General de la Policía, Víctor Maldonado, cumplir el compromiso que hizo a sus subalternos, en su posesión, “de estar con ellos y apoyarlos”.
Cárdenas dijo que reclaman que los salarios de sus esposos se igualen con los de los militares, la creación de una Defensoría del Policía que vele por los derechos de los agentes, la anulación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, porque consideran que aplica sanciones fuertes por faltas leves sin derecho a la defensa y coarta el derecho a pronunciarse.
POLICÍAS ACUARTELADOS
El Comando Departamental de la Policía en Sucre se encuentra cerrado desde la tarde de ayer por decisión de 1.300 efectivos, que rechazan el no “importismo” del Gobierno a sus demandas.
“Decidimos acuartelarnos en el Comando sin salir al servicio porque el Gobierno no responde a nuestras demandas; desde hace un par de días, nuestras esposas están en huelga de hambre, medida sacrificada porque no nos alcanza la plata para sobrevivir. Le pregunto a usted: ¿con 14 años de servicio, le parece justo ganar sólo 2.000 bolivianos? No me alcanza para nada, mi esposa me ayuda trabajando, con cuatro hijos no podría solventar los gastos básicos”, dijo a radio Loyola Fides en Sucre, un policía que por razones de seguridad no fue identificado.
“A partir de la fecha no habrá servicio en las calles hasta no tener una respuesta satisfactoria de parte del Gobierno”, dijo otro policía con lágrimas en los ojos, impotente ante la situación de su esposa en la extrema medida.
La representante de las esposas de policías en Trinidad, Beni, Heydi Barba, aseguró ayer que mantendrán el piquete de huelga de hambre, hasta lograr la atención del Gobierno.
«Esto (la huelga) no se va a suspender hasta que el Gobierno nos llame y se siente a dialogar con nosotros. Si tomamos esta medida, fue porque el Gobierno nos cerró las puertas», dijo.
Barba informó que ese sector instaló otro piquete de huelga en la localidad de Riberalta. «Nuestra posición es clara, queremos un mejor salario para nuestros esposos, que les nivelen el sueldo al de las Fuerzas Armadas, porque también tienen derecho a tener un mejor salario», insistió la representante.
Romero descalifica protestas
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que pedirá un informe al comandante General de la Policía, Víctor Maldonado, sobre las advertencias de los uniformados de bajo rango, porque “la Policía no puede asumir un rol deliberativo de manera directa.
Yo entiendo que la Asociación de Clases y Policías respondía a fines recreativos, deportivos —en sus inicios—, y si ahora está adquiriendo una acción sindical, es un tema que el Comandante deberá responder”.
Romero dijo que reconocía las necesidades de los policías, en las cuales se está trabajando, pero que en este momento era imposible incrementarles los salarios, porque implica al menos 100 millones de bolivianos. “No podemos resolver todos los temas que proponen de una vez, lo hacemos gradualmente de acuerdo a las necesidades”, dijo. Aseguró que la Policía recibió durante la presidencia de Evo Morales incrementos salariales superiores a los registrados en gestiones anteriores.
El presidente de la Ansclapol, Edgar Ramos, dijo que ese incremento salarial significa 50 bolivianos. “Lo que se ha pedido es que al policía se le reconozca su justo trabajo, de las 460 horas que trabaja al mes”.
Sobre la decisión de los policías de no asistir a los actos por el 186 aniversario de la institución, Romero dijo que representaría un “boicot”, porque el Gobierno entregará en esos actos vehículos y equipamiento.
Ramos respondió que si se tratara de un “boicot” no hubieran participado en las emergencias que se presentan en el país. “Nosotros siempre hemos estado cubriendo todo, recibiendo palos, piedrazos, incluso con muertos, secuestros, linchamientos por falta de atención, pero no tenemos un justo reconocimiento”. / Los tiempos
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