Exige la derogación de la ley 1126

Después de 35 días de paro en el sector salud, el polémico decreto 1126, que incrementa las horas de trabajo de médicos y trabajadores, de seis a ocho horas, fue congelado por el presidente Evo Morales, que además convocó una “cumbre por la revolución de la salud” a todos los sectores y debatir esta problemática del 27 al 28 de julio.

“Quiero esperar que en esta cumbre todos los movimientos sociales y autoridades electas municipales y departamentales, expertos de la comunidad internacional, participen para que el pueblo y sus trabajadores disfruten de la salud como un derecho humano. Mientras tanto, el decreto 1126 se suspende en su aplicación”, dijo Morales en mensaje público.

La oferta presidencial tuvo dos efectos, el primero, expresado por los profesionales médicos, que saludaron la cumbre y calificaron el ofrecimiento como “un buen paso” para retomar las conversaciones.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, adelantó que ellos esperan un documento escrito del Ejecutivo con la propuesta para luego remitirlo a las regionales del país, para que decidan si la aceptan o no.

En el otro extremo se ubicaron los trabajadores del sector, que a través de su máximo dirigente, José Gonzales, rechazaron el ofrecimiento. “Nosotros pedimos la abrogación, no la suspensión, ya conocemos las acciones del presidente y estamos seguros que al día siguiente de su cumbre pondrá en vigencia el decreto”, manifestó.

Tanto el Colegio Médico como los trabajadores reiteraron que las movilizaciones se mantienen y que se radicalizarán el fin de semana.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, aseguró que ellos aceptan la cumbre, pero sin la presencia de los movimientos sociales que propone el Gobierno. “En ese encuentro deben estar los actores y no movimientos que acuden con consignas políticas”, refirió.

Morales recordó que el decreto es producto del encuentro de movimientos sociales que acudieron a una cita en diciembre en Cochabamba y donde también estuvieron presentes los dirigentes del sector y de las universidades.

Afirmó que de la cumbre deben participar todos los movimientos sociales y también las autoridades. Añadió que en la reunión se definirá el diagnóstico y el remedio para la crisis estructural que vive el sector.

“Saludamos que el presidente se haya dado cuenta de que se requiere de una cumbre para solucionar este problema”, opinó Barrios, que dijo que ellos acudirán con propuestas concretas, pero que previamente esperarán el documento oficial.

El conflicto amenaza con agravarse la siguiente semana, pues está en puerta el paro de 72 horas de la Central Obrera Boliviana (COB) y las universidades han decidido sumarse a la lucha contra el decreto.

Ayer, algunas rutas del país fueron nuevamente bloqueadas, aunque de forma esporádica.

Apuntan a la oposición por los líos

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, acusó a los partidos de oposición de promover la convulsión social en el país para desgastar al Gobierno de Evo Morales. En la misma línea, la vicepresidenta de la Dirección Nacional del MAS, Concepción Ortiz, rechazó las protestas de los trabajadores y de los médicos porque, en su opinión, están “comandadas por la derecha y sus logias”.

Pérez acusó al Movimiento Sin Miedo (MSM), de Juan del Granado; a Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina; y a Verdad y Democracia Social (Verdes), de Rubén Costas, de alentar el clima de confrontación para debilitar la gobernabilidad en el país.

En el caso de Verdes, indicó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) organizó la movilización de gente en buses “para provocar a los policías en Paila”, extremo que fue negado por el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, que explicó que se trasladó personal en ambulancias para prestar atención a manifestantes y policías heridos.

El senador opositor Róger Pinto dijo temer un estado de sitio por la falta de recursos del Gobierno para solucionar los conflictos.

“Paren la represión”
Inés Gálviz | Asamblea de DD HH

El Gobierno debe ser sensato y escuchar a su pueblo, tiene que suspender el decreto 1126. Eso sería como una bendición de Dios, de lo contrario la situación será peor, pues la violencia llama a más violencia.

Si el Gobierno no respeta, la gente saldrá a las calles y se hará respetar. Hemos pedido a nuestra presidenta nacional que hable con el Gobierno y la Policía para que paren la represión, están gasificando a ancianos y niños en los pueblos y eso provoca que la gente se moleste. Cuidado que pronto tengamos enfrentamientos ya no con los trabajadores de salud, sino con pobladores. Por favor, paren la represión. Gobierno, escuche al pueblo.

Fuente: El Deber

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