Para el gobierno hubo consenso

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, insistió ayer que la consulta “previa” que pretende realizar el Gobierno en el TIPNIS no puede comenzar sin consenso como señala la sentencia constitucional 0300/2012.

“La sentencia es explícitamente clara. Debe haber concertación respecto a los contenidos y los procedimientos para llevar adelante la consulta. Eso implica que es el proceso previo, preliminar a desarrollar la consulta”, explicó ayer el magistrado.

La sentencia constitucional a la que hace referencia Flores señala que el Gobierno y los indígenas del TIPNIS tienen que concertar el contenido del protocolo que es una especie de guía para la realización del proceso; sin embargo, el Órgano Ejecutivo elaboró un reglamento sólo con indígenas afines al MAS.

Los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente han previsto el inicio de la consulta para el 29 de julio, fecha en la que estarían ingresando a esa reserva natural 15 brigadas para consultar a 64 comunidades.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el martes que al Estado plurinacional y a los pueblos indígenas del TIPNIS, les esperaba “un gran diálogo, un gran acuerdo, un gran consenso” en el proceso de la consulta “que nunca debió ser negada”.

Con ello, esperaba sepultar las aspiraciones de la caminata que realizaron cientos de indígenas de tierras bajas hasta la sede del Gobierno para evitar que se realice ese proceso.

Este sector considera a la consulta como ilegal por ser a destiempo, sin consenso, no informada, ni de buena fe, de parte de las autoridades estatales.

Para respaldar la ejecución de la actividad dentro del TIPNIS, en los plazos que define la ley 222, el Gobierno quiso dar por cumplido el fallo del TCP por adelantado el 3 de julio pasado, cuando se reunió con supuestos 45 de los 63 corregidores del TIPNIS, que, luego, fueron desconocidos por la IX marcha.

Contrario a ello, el magistrado Flores manifestó que cuando se practique legalmente el relacionamiento Gobierno-indígenas, “se va a determinar si se ha cumplido la condición de concertar los contenidos y procedimientos y se podrá llevar adelante el proceso de consulta”.

Advirtió que si no hubiera este proceso de concertación, los afectados pueden usar los mecanismos legales ante el propio tribunal “para que se repongan en el ejercicio de sus derechos”, como el amparo constitucional o la acción popular.

El artículo 128 de la Carta Magna establece la acción de amparo constitucional contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

El artículo 135 de la Carta Magna dice que la acción popular procede contra todo acto de autoridades o personas que amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, el medio ambiente.

Fuente: ANF

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