Morales cree que no hubo ningún plan de previsión a pesar de que anteriormente, en reuniones privadas, advirtió al presidente Luis Arce sobre los riesgos por la disminución de la producción de gas.

El expresidente Evo Morales lanzó este domingo una preocupante voz de alerta al afirmar que la nacionalizada empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se encuentra en una “quiebra total”, por lo que planteó aplicar un plan de profunda reestructuración.

“YPFB siempre aportaba dinero al gobierno nacional; ahora el gobierno nacional tiene que prestar dinero a YPFB. ¿Qué hacemos con YPFB? YPFB está en quiebra total, tiene que haber una reestructuración total en YPFB”, afirmó durante su programa dominical.

Estos comentarios surgieron a propósito del reciente problema de abastecimiento de hidrocarburos y supone que se debe a que YPFB no tiene fondos para comprar combustibles y debe recurrir a préstamos del Banco Central de Bolivia o al Ministerio de Economía para financiar la importación.

Morales cree que no hubo ningún plan de previsión a pesar de que anteriormente, en reuniones privadas, advirtió al presidente Luis Arce sobre los riesgos por la disminución de la producción de gas.

Recordó que cuando dejó el gobierno, la producción de gas era de 60 millones de metros cúbicos por día en 2019 y al regresar al país (en el 2020), descubrió que la producción había descendido a 48 millones de metros cúbicos por día. Dijo que hoy en día no se tienen datos, aunque estima que debe estar entre 37 y 38 millones de metros cúbicos por día.

En la línea de la crisis en el sector de hidrocarburos, otras fuentes cercanas al “evismo” cuestionaron desde el Trópico de Cochabamba, la decisión injustificada de YPFB Corporación de transferir mediante adjudicación directa la administración de la Planta de Urea y Amoniaco (PAU) a la subsidiaria YPFB Refinación para tareas de operación, mantenimiento y otros, triplicando los costos de años anteriores.

Según las cartas de adjudicación, para el período de abril de 2022 a diciembre de 2023, es decir, durante 20 meses, el servicio de mantenimiento, operación y otros tenía un costo de 572.629.440 millones de bolivianos. Ahora, para el período de febrero de 2024 a diciembre de 2026, es decir, 22 meses, el costo por el mismo servicio se elevó a 1.140.283.264 millones de bolivianos.

Hace pocos días, YPFB Corporación entregó a YPFB Refinación la gestión administrativa de la planta, obligando a los trabajadores antiguos a renunciar para ser recontratados con una reducida escala salarial o ser despedidos sin derecho a beneficios sociales, como es el caso de los extranjeros.

Denunciaron el inicio de un “matonaje gerencial” al infringir derechos laborales y ejercer coacción por parte del Analista de Talento Humano de la Gerencia de Servicios de YPFB-Refinación, Gerson A.P., quien anunció un proceso de evaluación al personal técnico especializado, tanto extranjero como boliviano.

Dijeron que nadie sabe cómo serán evaluados los técnicos, si YPFB Refinación no tiene ninguna experiencia en la operación de plantas petroquímicas. Esta actitud agresiva ha provocado la renuncia de personal extranjero que ha cuestionado la prisa por transferir la PAU a una subsidiaria inexperta, sabiendo que en marzo la planta tendrá un paro programado que durará al menos un mes.

La situación de los hidrocarburos ha motivado la preocupación del expresidente Morales, quien ha planteado este domingo la necesidad de que el presidente Luis Arce Catacora convoque a una cumbre nacional con actores públicos, privados y organizaciones sociales para debatir soluciones a corto, mediano y largo plazo no solamente para el tema de hidrocarburos sino políticas integrales en otros escenarios.

Las cajas de material fueron enviadas a seis departamentos: Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que alcanzaron el 96% de voluntarios y 80% en el armado de cajas para el Censo de Población y Vivienda 2024. Hay más de 675.000 censistas.

“Ya estamos en la recta final, estamos a 34 días para llegar al día D, del 23 de marzo del 2024, siempre cumpliendo el cronograma tal cual como lo hemos venido haciendo durante todos estos meses que hemos llevado adelante este proyecto censal”, informó Arandia.

Además, aseguró que en los siguientes días se alcanzará al 100% de la meta de reclutamiento de voluntarios requeridos, tomando en cuenta que faltan 60.456 personas a nivel nacional.

Sobre el armado y distribución de las cajas censales, el titular del INE indicó que se alcanzó un 80%, las que fueron enviadas a seis departamentos: Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba.

 “En los próximos 12 días estaremos terminando la totalidad del preparado de material censal previsto dentro del cronograma (…). A nivel nacional la próxima semana estaremos comenzando ya a distribuir a los municipios y luego a las comunidades”, agregó.

También informó que se capacitaron a más de 110.000 personas, tomando en cuenta que el INE puso a disposición 2.252 brigadas de capacitación, las cuales están desplazadas a nivel nacional.

“Vamos a tener listos los 700.000 voluntarios capacitados dos semanas antes de la realización del proceso censal del 23 de marzo (…), estamos llevando adelante un Censo de Población eficiente con cronograma apropiado, en cumplimiento a un estricto estándar interno e internacional, pero sobre todo con calidad”, añadió.

Estas acciones surgieron en respuesta a la aparición reciente en redes sociales de presuntas ofertas de compra y venta de dólares a un tipo de cambio de Bs 8.60.

La Policía instó a no adquirir dólares estadounidenses por encima de la cotización oficial de 6.96 bolivianos, establecida por el Banco Central de Bolivia.

Mediante un comunicado oficial publicado en sus plataformas de redes sociales, la Policía informó que en las últimas semanas ha recibido varias denuncias relacionadas con especuladores que están vendiendo la moneda extranjera a precios excesivamente elevados, en respuesta a una demanda inusual para la compra de dólares.

Se advierte que incrementar el precio oficial del dólar constituye un delito conocido como “agio”, mientras que ocultar la divisa es considerado como “especulación”, ambos tipificados en el Código Penal del país.

Además, se hace hincapié en que obtener ganancias mediante la venta del dólar a precios inflados y de forma clandestina se considera ganancia ilícita, sancionable con penas de cárcel.

La Policía insta a la población a no caer víctima de estas prácticas delictivas y a evitar favorecer a los especuladores comprando dólares en el mercado paralelo.

Estas acciones surgieron en respuesta a la aparición reciente en redes sociales de presuntas ofertas de compra y venta de dólares a un tipo de cambio de 8.60 bolivianos, aparentemente en la ciudad de La Paz, mientras que en otras localidades se observaban ofertas de transferencias.

La creciente demanda de dólares también ha llevado al viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, a lanzar una iniciativa para reunir a varias instituciones, incluyendo ASFI, Asoban y la Policía Boliviana, con el fin de analizar estrategias para contrarrestar lo que el gobierno considera como “especulación” del dólar en el mercado paralelo.