El municipio de Santiváñez es el que más avances tiene en la solución de sus conflictos de límites con sus colindantes, informó ayer el jefe de la Unidad de Límites de la Gobernación, Ángel Pinto. 

“Santiváñez está a punto de cerrar su polígono, probablemente se convierta en el primero en Bolivia en resolver sus conflictos. Seguimos en conciliación”, remarcó. 

El sector que falta conciliar se encuentra con la frontera con Cercado. Pinto indicó que próximamente se reunirán con los técnicos de ambos municipios para resolver la disputa de este sector. 

Los municipios Punata-San Benito, Arbieto-Tarata y Arbieto-Cercado han activado procesos en la Unidad de Límites para intentar resolver sus conflictos de límites con la Ley Nacional No. 339. 

La unidad atiende 13 procesos que están en la etapa final. Pinto dijo que pronto se emitirá una resolución y enviará al Viceministerio de Autonomías.

En tanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se tramitan 10 procesos que aguardan su ley de delimitación. En los casos que se zanjaron al 100 por ciento por medio la conciliación, ahora se tiene que aprobar la ley, y en los en que se firmaron actas de “no conciliación” se deben realizar referendos. 

Pinto dijo que la Ley 339 establece que los municipios pueden conciliar sus límites con la participación de sus habitantes de manera democrática. En 10 años, la norma sólo resolvió el tema limítrofe entre los municipios de Tolata y Arbieto con una delimitación.

Sólo una ley podrá definir los límites entre Cercado y Sacaba pese al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre Pacata, porque así lo exige la Constitución Política del Estado, explicó ayer el jefe de la Unidad de Límites de la Gobernación, Ángel Pinto.

“Esta sentencia no define límites. Hay un proceso de delimitación que ha solicitado Sacaba con la Ley 2150 que aún está en curso y tiene que haber una ley desde la Asamblea Legislativa Plurinacional”, remarcó. 

Cercado no está de acuerdo y exige el “cumplimiento inmediato” del auto supremo No. 48/2020 del TSJ que ratifica la sentencia del 14 de octubre de 1998 y de la resolución 223/2015 a favor de Cercado por la disputa de límites, dándole autoridad desde Pacata hasta el río Chakimayu.

Para Sacaba existe una mala lectura sobre el fallo. La asesora jurídica Pamela Alcocer dijo que, en 2017, el TSJ hizo una corrección a la sentencia de 1998 y pidió a Cercado que especifique qué competencia administrativa quiere ejercer que no implique definir límites. 

El proceso de delimitación está en curso y ahora se encuentra en la Gobernación de Chuquisaca. Alcocer dijo que la solución se aclarará con la Ley 2150 o 339. 

¿Dónde está el río?

Pinto dijo que existe una confusión del lugar exacto del río Chakimayu. La cartografía nacional del Instituto Geográfico Militar (IGM) identifica a la quebrada Chakimayu al oeste del colegio Calvert. Pero el letrero actual está en otro río que en el IGM figura como río Wara Wara. Existe un diccionario geográfico de Federico Blanco que menciona que hay varias quebradas con el nombre de Chakimayu, aunque una baja desde la cordillera del Tunari. 

La Gobernación anunció ayer que en un mes concluirá el informe del peritaje técnico, legal y financiero que decidirá el futuro del abandonado edificio del hospital del niño, en medio de la fase final de la transferencia de la obra. El alcalde Manfred Reyes Villa sugirió demoler la infraestructura, argumentando su inutilidad para fines hospitalarios.

“Ese hospital no sirve para nada. Yo creo que, si quieren hacer un hospital, tienen que demoler, porque no solamente el problema es el helipuerto; es un mamotreto”, manifestó Reyes Villa.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, recordó que el proyecto fue concebido como una obra en progreso (OP) hace más de 14 años, y quedó inconcluso y abandonado tras un daño estructural significativo por el helipuerto.

Tras pasarse la competencia de los hospitales de tercer nivel —en este caso el Viedma— a las gobernaciones, mediante la Ley 031, en 2023 se acordó entre la Alcaldía y la Gobernación que el municipio gestionaría el cierre administrativo y financiero del proyecto, mismo que culminó en noviembre de 2023, dijo Cruz.

En febrero de 2024, “toda la documentación existente”, incluyendo los denominados planos reales de construcción, fue remitida a la Gobernación, indicó. Sin embargo, añadió que se identificó que el proyecto se ejecutó sin la debida aprobación de planos.

La Gobernación, que desde noviembre de 2023 trabaja en la propuesta de refuncionalización de la infraestructura, demandó documentos como el proyecto a diseño final y los planos as built. 

El secretario de Planificación, Guillermo Bazoberry, adelantó la demolición del helipuerto y la adaptación de espacios para usos del materno y pediátrico si se decide proceder con la habilitación, según resultados del peritaje. Reyes Villa reiteró que “no falta absolutamente ningún documento”.