El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este miércoles que el Ministerio Público apertura una investigación en contra de Ruth Nina, dirigente de Pan-Bol y aliada de Evo Morales, quien amenazó al Gobierno y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) diciendo que el día de las elecciones se contarán “muertos” en lugar de votos.

En conferencia de prensa, Mariaca señaló que se admitió la denuncia presentada por María Galindo en contra de Nina por los delitos de obstrucción de procesos electorales, instigación pública a delinquir y amenazas públicas.

Detalló que el resto de denuncias presentadas contra Nina, en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, serán acumulados en Cochabamba para que sean parte de una sola investigación.

“Esta persona de nombre Ruth Nina se encuentra en calidad de investigada”, dijo el fiscal general. En ese sentido, informó que la Fiscalía Departamental de Cochabamba citó a declarar a la aliada de Evo Morales para el próximo viernes.

“Una vez admitida, el fiscal departamental de Cochabamba me ha informado que se ha citado a esta persona para que pueda prestar su declaración informativa para el día viernes”, informó.

El fin de semana, en un acto del evismo en Lauca Ñ, Ruth Nina, alta dirigente de Pan-Bol y aliada de Morales, advirtió al TSE que sin la participación del dirigente cocalero el día de las elecciones (17 de agosto) no se contarán votos, sino “muertos”.

“Nosotros, principalmente nuestras organizaciones sociales, porque Pan-Bol nace desde los Yungas, hemos decidido que el 17 de agosto preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha, y ese día el Tribunal Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos”, amenazó.

Nina —que años anteriores lanzaba duras críticas a Morales— se mostró como la defensora de la fallida candidatura de Morales y exigió al TSE reconocer a Pan-Bol, partido cuya personería jurídica fue retirada tras no haber alcanzado el porcentaje mínimo de apoyo (3%) en las elecciones generales de 2020.

Tras sus dichos, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que Nina incurrió en una serie de delitos, incluido terrorismo, y pidió a las instituciones relacionadas al caso que se haga la denuncia respectiva.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que no es Cochabamba el único lugar de conflictividad por la realización de las elecciones generales, también identificaron 13 espacios con este tipo de problemas.

“Tenemos mapeado los lugares de conflictividad y no solo es Cochabamba, hay por lo menos 13 espacios en el territorio nacional que tienen desde nuestra perspectiva la necesidad e incidencia de la Defensoría del Pueblo”, señaló Callisaya.

Entre las zonas de riesgo están Cochabamba, el norte de Potosí, el este de Santa Cruz colindante con Cochabamba. “Son las tres áreas grandes mapeadas con los municipios identificados como posibilidad de que pueda existir alguna dificultad en las elecciones”.

Este jueves la Defensoría del Pueblo presentó el Plan de Monitoreo para las Elecciones Generales e informó que desplegarán al menos 700 voluntarios, los cuales serán capacitados sobre derechos humanos en un proceso electoral.

“Para que el proceso electoral pueda desarrollarse en forma tranquila, con un voto informado que la población tenga los elementos suficientes para asumir una decisión en un proceso electoral”, señaló.

Asimismo, Callisaya rechazó declaraciones de políticos que incitan a la violencia en época electoral. “Rechazamos cualquier llamado a violencia que se pueda dar por cualquier factor. La violencia venga de donde venga no es vía para nada”, sostuvo.

Las seis alianzas y partidos políticos que participaron en el primer Debate Económico del ciclo “Compromiso por Bolivia” coincidieron ayer en la necesidad de realizar cambios en el modelo, una mayor participación del sector privado y modificaciones a normas en sectores como hidrocarburos, minería y litio, así como la necesidad de garantizar la seguridad jurídica.

El encuentro, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y realizado en alianza con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), permitió identificar coincidencias, pero también evidenciar las diferencias en la forma en que se pretende ofrecer una solución a la población. 

Más de 300 personas, entre líderes empresariales, autoridades nacionales, departamentales y municipales, público general y medios de comunicación asistieron al recinto Ferial Alalay, mientras que miles de personas lo siguieron a través de las plataformas.

Ante la evidencia de que el país vive una crisis económica, los participantes también destacaron la necesidad de recuperar la institucionalidad y garantizar la independencia de la justicia, como elementos esenciales para brindar seguridad a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, que es uno de los elementos esenciales para reactivar la economía, generar divisas y mitigar el actual impacto de la escasez de dólares, la inflación y el subsidio a los carburantes, entre otros problemas, según un comunicado de prensa de la FEPC. 

Representantes

En el debate participaron los líderes de los equipos económicos de Alianza Unidad, José Gabriel Espinoza; de Alianza Libre, Ramiro Cavero; de APB Súmate, Vincent Gómez-García, y del Movimiento Al Socialismo (MAS), Martín Moreira. Asimismo, estuvieron presentes Wilder Véliz Armas, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Andrés Rolando Ortega, candidato a primer diputado por Cochabamba por Alianza Libertad y Progreso – Acción Democrática Nacionalista (ADN).

Aunque con matices, todos los panelistas destacaron la importancia de establecer un diálogo con el sector privado y tomar en cuenta su posición a la hora de elaborar leyes y políticas públicas. Mientras el representante de ADN abogó por una libertad plena y con un retroceso de la presencia estatal de la economía, los representantes de Libre, Unidad y Súmate coincidieron en la necesidad de dialogar con los privados para avanzar en la elaboración de normativas que impulsen la formalización.

Cavero adelantó que se conformarán mesas de trabajo porque “de nada sirve una ley si no se trabaja con quienes la deben aplicar”. Gómez-García expresó que la participación del sector privado está establecida en los mecanismos legislativos y debe viabilizarse a través de la Asamblea Legislativa.

Espinoza precisó que “el sector privado no va a participar en una ninguna negociación salarial porque no habrá decreto el 1 de mayo”, agregando que debe volver “la racionalidad económica” y los acuerdos entre empresarios y trabajadores. Reiteró que se trabajará con el sector para reducir la “sobrerregulación” y “quitar los cuellos de botella”. 

Ortega insistió en la necesidad de reducir los impuestos, en un modelo en que el Gobierno no tenga dinero para gastar y deje la actividad productiva a los privados. A su vez, el representante del MAS, Martín Moreira, destacó la importancia de generar alianzas estratégico-productivas.