El coronel Maximiliano Dávila, exdirector de la FELCN durante el gobierno de Evo Morales, aseguró desde Estados Unidos que fiscales y agentes de la DEA le ofrecieron beneficios judiciales si implicaba a Morales, García Linera y otras exautoridades en casos de narcotráfico. Dávila, extraditado en 2022, mencionó que rechazó la oferta porque “jamás tuvo información que los relacionara con drogas”.

En entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas, Dávila afirmó que la presión era parte de un “montaje” de sus abogados de oficio en EEUU, quienes filtraron información a fiscales para forzarlo a declarar contra exautoridades. Uno de los ofrecimientos era enviarlo a protección de testigos y acelerar su liberación si cooperaba, algo que rechazó. “No puedo incriminar a personas que jamás vi vinculadas al narcotráfico”, indicó.

Asimismo, cuestionó la irregularidad de su extradición, señalando que la orden judicial boliviana prohibía entregarlo si había un proceso político. 

Dijo que nunca cometió delitos en Estados Unidos, solo cumplía funciones policiales en Bolivia, y denunció que sus abogados lo “engañaron” para aceptar acuerdos usados en su condena. 

Además, Dávila acusó directamente a la DEA de actuar de manera ilegal en territorio boliviano a pesar de su expulsión en 2008 y afirmó que agentes estadounidenses y locales realizaron actividades encubiertas entre 2020 y 2021 y pidió al Gobierno boliviano revisar su caso, afirmando que no cederá a presiones ni involucrará a inocentes pese a estar detenido más de dos años en condiciones que calificó de injustas. 

Tras su llegada al país – después de participar en la conferencia climática COP30 en Brasil y asistir a la final de la Copa Sudamericana en Paraguay-, Edmand Lara aseguró que no renunciará a la Vicepresidencia ante lo que considera la intención del Gobierno de “reemplazarlo” por el Viceministerio de Coordinación Legislativa.

En la sesión de honor realizada en el municipio de Arani, Lara señaló que no renunciará a su cargo ya que fue elegido “por el pueblo” y no fue designado “a dedo” como el viceministro de Coordinación legislativa, Wilson Santamaría.

“A mí me han elegido democráticamente, no a dedo (…) El capitán Lara no va a renunciar, me ha elegido el pueblo”, aseveró el Vicepresidente.

En esa línea, advirtió que el Viceministerio de Coordinación Legislativa fue creada para “que cumpla mis funciones” y pidió a legisladores, autoridades subnacionales y al “pueblo” no permitir “que vulneren la Constitución” Política del Estado.

“Vamos a luchar, todo es posible cuando hay voluntad. Necesito el respaldo del pueblo, los corruptos no quieren dejar de robar, se han articulado otra vez (…) No nos van a usar de escalera, pedimos lo justo”, señaló.

El Vicepresidente, en ese contexto, poco antes de arribar a Arani, se estrelló contra Wilson Santamaría y le exigió responder por las masacres de Sacaba y Senkata, como las calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocurridas el 2019.

“Tiene que responder por las muertes de Senkata y Sacaba, no puede quedar en la impunidad, vamos a pedir informes de dónde y en qué está ese caso. Les pido a los diputados y senadores de Cochabamba, no se vendan, seguramente van a venir los del Gobierno y les van a ofrecer pegas a sus familiares y a sus hijos”, expresó Lara, según un video difundido por CTV.

Finalmente, Lara respondió a lo expresado por la vocera presidencial, Carla Faval, quien había lamentado que el Vicepresidente haya estado de viaje 6 de los 14 días de gestión que lleva el Gobierno.

“Andan diciendo que no hago nada, he hecho mucho”, señaló Lara a tiempo de asegurar que en sus dos semanas de Vicepresidente se ha reunido con embajadores de China, Japón, la India y otros países.

El abogado Yamil García fue posesionado este lunes como Viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, tras la reorganización del ex Ministerio de Justicia.

Durante su posesión, García aseguró que su gestión estará enfocada en restituir la independencia del Órgano Judicial, tanto en términos normativos como financieros y presupuestarios. “Esta independencia no solamente debe quedar en texto, sino que se debe trabajar en asegurar la independencia financiera y presupuestaria del Órgano Judicial”, afirmó.

El nuevo viceministro también se comprometió a promover la transparencia, asegurando que se “ponga a la luz todo aquello que estuvo en la oscuridad durante todos estos años” y a establecer reglas claras para garantizar la seguridad jurídica, eliminando prácticas que calificó de arbitrarias como “la lógica del meterle nomás”.

“Cambios necesarios”

Con experiencia en la administración pública, García fue Secretario de Seguridad de la Gobernación de Tarija durante la gestión de Adrián Oliva. Su nombramiento tiene como objetivo, según el presidente Rodrigo Paz, generar vínculos con el sistema de administración de justicia para implementar reformas profundas. “Vamos a apoyar todos los cambios necesarios para que Bolivia entre en el siglo XXI. Estamos en este siglo XXI, pero todavía no hemos entrado al siglo XXI, vivimos con la lógica del siglo XX con una justicia del pasado”, sostuvo el mandatario.

El Viceministerio de Transparencia es uno de los cargos derivados del ex Ministerio de Justicia; aún resta designar al titular del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.

Continuidad de instancias de protección

El flamante viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, afirmó que las instancias de protección de víctimas, como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) continuarán funcionando, ahora bajo la tutela de esta cartera, pues el Ministerio de Justicia ya no existe.

“En relación a las instancias de protección a las víctimas, Sepdavi y otras, están garantizadas, el Estado no va a dejar en desprotección a ninguna víctima y vamos a mantener esos servicios”, dijo García tras su posesión.

El pasado jueves, el presidente Rodrigo Paz anunció el cierre del Ministerio de Justicia, señalando que era una instancia que se dedicaba a “perseguir”. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo, porque varias instancias de protección están bajo tutela de ese despacho.

Instituciones como el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu) y otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, corrían riesgo de desaparecer, según la Defensoría.