Un nuevo estudio sobre el consumo legal de coca, para determinar la cantidad real de hectáreas necesarias para cubrir la demanda, perfila el actual Gobierno.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el análisis permitirá actualizar los datos sobre la demanda interna.

La coca que produce Bolivia debe estar destinada principalmente al acullico, además de otros usos tradicionales y productivos lícitos.

“Este año también vamos a hacer un nuevo estudio del consumo de la hoja de coca para saber realmente cuánto se necesita en hectáreas para el país para esta actividad legal que es el acullico”, señaló la autoridad, según reporte de ANF.

El último estudio de mercado, realizado en 2016 durante el gobierno de Evo Morales, estableció que el consumo legal de coca en Bolivia alcanzaba las 14.700 hectáreas.

Sin embargo, posteriormente el límite legal fue elevado a 22.000 hectáreas, desde las 12.000 hecáreas que fijaba la ley antidroga 1008.

La coca excedente es desviada por el narcotráfico para la producción de cocaína.

Según Justiniano, actualmente hay alrededor de 40.000 hectáreas de coca en el país, de las que 22.000 hectáreas tiene la protección de la ley promulgada por el expresidente Morales.

Confianza

En otro ámbito, Justiniano informó que el país recuperó la confianza de los países vecinos en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional, en Europa y con los Estados Unidos, después de 18 años en los que se generó una total desconfianza, según un reporte de Visión 360.

Justiniano informó que la pasada semana participó en una reunión en Montevideo, Uruguay, donde estuvieron los nueve países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Según la autoridad, en este evento el país volvió a ocupar el lugar que abandonó desde 2008.

Justiniano informó que  ese encuentro ayuda al Bolivia, debido a que, junto a los otros países se puede articular impactos más grandes contra la infraestructura del crimen organizado, según declaró a Red Bolivisión.

Justiniano mencionó que se están investigando objetivos criminales de alto valor en el país; también hay personas que están siendo investigadas y se está tras ellas.

La marcha de la Federación de Trabajadores Campesinos de Pando, a la que también se adhirieron los de Beni, ya va por su sexto día y tiene el objetivo de llegar a la ciudad de La Paz y pedir la anulación de la ley 157.   

Varios sectores campesinos han anunciado que se sumarán a la marcha a medida que se acerque a La Paz,

La ley 157, norma promulgada por el presidente Rodrigo Paz, permite la conversión de la pequeña a  mediana propiedad de la tierra y está generando rechazo de algunos sectores, así como apoyo de otros.

Debido al intenso calor de la zona y al agotamiento físico de los marchistas, la dirigencia campesina aún no ha fijado una fecha de llegada a la sede de Gobierno.

Observaciones

La Fundación Tierra cuestionó la Ley 157 porque no beneficiará a la mayoría de los productores de valles y altiplano, sino a grandes propietarios de tierra en el país.

Esta Organización No Gubernamental mencionó que la ley generalmente beneficiará a sectores de zonas agroindustriales y que llegará a grandes propietarios, que ahora podrán legalizar sus latifundios encubiertos.

El diputado de la agrupación política Libre, Rodrigo Antonio Loma, dijo que la Ley 157 de conversión de tierras puede ser modificada, siempre y cuando las observaciones sean coherentes.

Loma aseguró que la Ley 157 permite que las pequeñas propiedades ahora puedan tener la categoría de mediana propiedad, con eso ya pueden ser pasibles a su comercialización, situación que abre la posibilidad de que los grandes empresarios puedan absorber esas tierras. El legislador resaltó que esa recategorización es libre y voluntaria.

Impulsor

Uno de los principales impulsores de la ley fue el empresario y senador Branko Marinkovic, quien afirmó que la marcha campesina es el resultado de la “mala información por parte de ciertas ONG que están confundiendo a los campesinos”.

Afectación

En una entrevista con el programa Encontrados, el dirigente campesino Yeris Galindo. aseguró que la ley afectará a más de 200 comunidades del departamento de Pando que tienen solicitudes de dotación de tierras en curso.