A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, recibió y se reunió con su homólogo chileno, Francisco Pérez, en el paso fronterizo de Tambo Quemado. Luego se trasladarán a la ciudad de La Paz.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informa a la opinión pública que, en fecha 23 de abril de 2026, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la diplomacia de paz promovida por el Estado boliviano, el Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, recibió en el paso fronterizo de Tambo Quemado al Ministro de Relaciones Exteriores de República de Chile, Francisco Pérez Mackenna”, señala el texto.

La Cancillería, en ese sentido, resaltó que el encuentro “reafirma la voluntad de ambos Estados de sostener un diálogo directo, franco y constructivo, orientado al tratamiento de asuntos de interés común vinculados a la relación bilateral, la integración y la gestión fronteriza”.

“Concluido el acto de recibimiento, ambas autoridades se trasladarán a la sede de gobierno en La Paz, donde desarrollarán una jornada de trabajo junto a sus respectivos equipos técnicos”, añade.

Y agrega: “El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su cordial bienvenida al Canciller de Chile y a la delegación oficial que lo acompaña”.

Según información de medios del vecino país, Aramayo y Pérez, en el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, conversaron de forma informal e hicieron un corto recorrido por el lugar, acompañados por sus respectivos equipos y una delegación de empresarios privados.

Según el medio Cooperativa, en la agenda están temas de integración económica integral, inversiones y turismo; integración física, conectividad y logística; seguridad y crimen organizado transnacional; asuntos consulares y migratorios; minerales críticos y cooperación productiva; e integración cultural y académica.

En su momento ofrecido como un proyecto moderno y de alto impacto para la salud, la construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en Salud, en La Paz, ha terminado en un proceso penal, en el cual se han descubierto no sólo irregularidades en contratos, sino también que el terreno no era apto para esa edificación, generando un daño económico de más de 700 millones de bolivianos.

El proyecto fue adjudicado en 2018 mediante el contrato bajo la modalidad “llave en mano” a la empresa Makiber. Este tipo de contratación incluía la ejecución integral del proyecto: diseño, construcción, equipamiento, capacitación y puesta en marcha.

Sin embargo, ya se encendió la alarma en tras el deslizamiento de terreno ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en la parte posterior del Instituto, ubicado en predios colindantes al Estado Mayor en la zona Miraflores de La Paz. Este evento comprometió la estabilidad de la infraestructura sanitaria, generó riesgos para la seguridad de las personas y causó daños a estructuras cercanas.

Hechas las investigaciones, se constató que que no se realizaron evaluaciones minuciosas en las fases de preinversión, inversión, ni ejecución, ni una adecuada fiscalización por parte de la empresa contratista y la entidad estatal, informó el fiscal Wilson Medrano.

Terreno deleznable

Se llegó al extremo de establecer que el terreno no era apto para esa construcción. Según el fiscal, informes técnicos del Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor del Ejército ya advertían sobre fisuras, hundimientos y humedad en el terreno, condiciones incompatibles con una obra de gran envergadura.

Entre las irregularidades, se observó que, pese a las observaciones técnicas, el 21 de septiembre de 2024 se suscribió el acta de recepción provisional, otorgando conformidad a la obra. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2025 se firmó la orden de cambio, que permitió la modificación y continuidad del proyecto, pese a la insuficiente verificación de estudios geológicos y de suelos que garantizaran la estabilidad del terreno.

Imputación

La imputación contra el representante legal de la empresa cuantifica el perjuicio económico en desembolsos que alcanzan Bs 701.730.000, Bs 35.105.000 y Bs 5.200.164, recursos públicos invertidos en una obra que no fue concluida ni puesta en funcionamiento.

Según la Fiscalía, el proyecto debía concluir el 8 de abril de 2026, sin embargo, a la fecha no se encuentra operativo ni cumple su función social.

El Ministerio Público sostiene que la falta de previsión, la ausencia de estudios técnicos previos y la deficiente fiscalización configuraron una actuación lesiva a los intereses del Estado.

En el ámbito penal, la Fiscalía imputó al representante de la empresa por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato, y solicitó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. La autoridad jurisdiccional deberá definir su situación en audiencia cautelar.

El fiscal Medrano informó, además, que al menos 15 personas están siendo investigadas, entre ellas exautoridades, asesores técnicos y una exministra de Salud, quienes habrían participado en la suscripción, supervisión y continuidad del contrato sin observar los riesgos técnicos.

La investigación continuará en etapa preparatoria, donde se prevé la realización de pericias geológicas para determinar de forma concluyente la aptitud del terreno y establecer responsabilidades penales

La ministra de Educación, Beatriz Elena García, informó que este jueves se reunirá con la dirigencia del magisterio urbano, en el marco del tratamiento de las demandas del sector, que se movilizó este miércoles en las calles del centro de sede de gobierno.

El encuentro se desarrollará luego de que el Ministerio de Educación recibiera y respondiera el pliego petitorio presentado por el magisterio urbano y rural, en el que uno de los puntos pendientes es el incremento salarial.

“Este año se van a generar 4.000 ítems nuevos, y esto es un incremento considerable, tomando en cuenta que en los últimos 20 años en promedio solo se han creado 2.000 ítems nuevos”, precisó García, en contacto con BTV.

La reunión buscará dar continuidad al diálogo entre las autoridades y los representantes del sector educativo.

“Mañana (jueves 23 de abril) tenemos reunión con toda la dirigencia del Magisterio Urbano, la confederación, más todas sus federaciones a partir de las 11:00”, informó.

Entre las principales demandas del sector figuran el incremento salarial, la dotación de entre 4.000 y 6.500 ítems, la nivelación de horas y el “rechazo total” a los planes de descentralización de la educación que el Ejecutivo, aseguran, ha deslizado en el marco del proyecto de Presupuesto General del Estado Reformulado para este año.

Maestros movilizados

Este miércoles, grupos del magisterio se movilizaron en La Paz exigiendo un incremento salarial y mejoras en la infraestructura educativa.

En la mañana, un grupo de maestros urbanos logró vulnerar la seguridad policial e ingresar hasta la Plaza Murillo, concentrándose frente al antiguo edificio del Parlamento.

La Policía Boliviana intervino de inmediato utilizando gases lacrimógenos para desalojar a los manifestantes, lo que derivó en forcejeos y una persecución por las calles adyacentes a la plaza Murillo.

Según reportes de prensa, la gasificación afectó a transeúntes y hubo agresiones contra periodistas que cubrían el suceso, en una jornada marcada por la alta tensión social en el centro de La Paz.

La intervención policial no se limitó al epicentro de la sede de gobierno, sino que se extendió a las calles Ingavi y Comercio, donde el uso de agentes químicos dispersó a los grupos de docentes que intentaban reagruparse.

Ya en la tarde, los maestros volvieron a movilizarse y un grupo, pero del área rural, llegó hasta puertas del Ministerio de Educación.

Los maestros se plantaron en puertas del Ministerio e impidieron que salgan los funcionarios que se encontraban en el lugar.

Así, la Policía volvió a usar agentes químicos para despejar a los manifestantes y permitir que gente salga del lugar.

Tras la jornada de tensión, miembros del Magisterio anunciaron que mantendrán sus protestas hasta obtener respuestas de parte del Gobierno.

Asimismo, anunciaron que el fin de semana llegarán afiliados del interior del país para reforzar sus protestas.

De hecho, Lorenzo Chávez, dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, informó a DTV que este sábado 25 de abril más de 100 educadores se trasladarán a la sede de gobierno para masificar las protestas.