Estos son los 13 que se disputarán la presidencia de Brasil

Un presidente de 80 años con siete postulaciones en su haber, el hijo de un expresidente condenado por conspiración y once aspirantes más arrancaron el domingo 16 de agosto la campaña para las elecciones presidenciales de Brasil, fijadas para el 4 de octubre.

La Justicia habilitó 13 candidatos para la primera vuelta en el país más grande y poblado de América Latina, con más de 200 millones de habitantes. Las encuestas indican que la pelea real la protagonizarán dos: el presidente en ejercicio Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva — Partido de los Trabajadores

Lula da Silva gobierna Brasil desde enero de 2023, tras ganar su tercer mandato en segunda vuelta. Antes de dedicarse a la política, trabajó como tornero mecánico y lideró el sindicato de metalúrgicos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). Su trayectoria electoral no tiene precedentes en el país: esta es su séptima postulación presidencial, y ya triunfó en tres de ellas —2002, 2006 y 2022—. En 2018 no pudo participar porque cumplía prisión preventiva, luego de dos condenas por corrupción que la Justicia anuló posteriormente.

 

Lo acompaña en la fórmula el actual vicepresidente Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de São Paulo.

Patrimonio declarado: 4,8 millones de reales (920.000 dólares).

Flávio Bolsonaro — Partido Liberal

Flávio Bolsonaro es senador de 45 años e hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Jair no puede presentarse a esta elección: fue inhabilitado y condenado por planear un golpe de Estado tras perder los comicios de 2022, y actualmente cumple prisión domiciliaria. Fue él quien designó a su hijo como candidato de la oposición de derecha. Abogado de profesión, Flávio acumula cuatro períodos como diputado regional en Río de Janeiro antes de ganar una banca en el Senado en 2019.

 

Lo acompaña en la fórmula el ex fiscal Alfredo Gaspar.

Patrimonio declarado: 8,2 millones de reales (1,6 millones de dólares).

Ronaldo Caiado — Partido Social Democrático

Ronaldo Caiado tiene 76 años y es uno de los adversarios históricos de Lula: ya se enfrentó a él en los comicios de 1989. Gobernó durante ocho años el estado de Goiás y tiene vínculos estrechos con el sector agropecuario, uno de los motores económicos de Brasil. Los sondeos no le otorgan más del 5% de intención de voto. Lo secunda Gilberto Kassab, figura influyente del centroderecha.

 

Patrimonio declarado: 52,6 millones de reales (10 millones de dólares).

Renan Santos — Misión

Renan Santos tiene 42 años y se presenta como el candidato ajeno al sistema político tradicional. Empresario y músico, ganó notoriedad al liderar una ola de protestas anticorrupción desde 2014 y construyó una base de millones de seguidores en redes sociales, especialmente entre jóvenes. Propone replicar en seguridad el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele y adoptar en economía las recetas del mandatario argentino Javier Milei. Los sondeos le asignan menos del 5% de los apoyos. Lo acompaña el militar retirado Aroldo Medina.

Patrimonio declarado: 795.000 reales (152.000 dólares).

 

Romeu Zema — Nuevo

Romeu Zema fue elegido gobernador de Minas Gerais —el segundo estado más poblado de Brasil— en 2018 y reelegido en 2022. Junto a su familia, es propietario del Grupo Zema, un conglomerado con actividades en venta de electrodomésticos y distribución de combustibles. Las encuestas le proyectan alrededor del 2% de los votos. Su compañero de fórmula es el senador Eduardo Girão.

Patrimonio declarado: 178,7 millones de reales (34,2 millones de dólares).

Augusto Cury — Adelante

Augusto Cury es escritor y especialista en salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes. Sus libros de autoayuda fueron traducidos en más de 90 países. Los sondeos le otorgan alrededor del 2% de intención de voto. Lo acompaña el ex diputado Júlio Delgado.

Patrimonio declarado: 242,3 millones de reales (46,4 millones de dólares), la segunda cifra más alta entre todos los candidatos.

Samara Martins — Unidad Popular

Samara Martins es dentista y propone, entre sus principales medidas, nacionalizar “todas las riquezas estratégicas” del país. Las encuestas le asignan el 1% de los votos, el registro más bajo entre las candidaturas con presencia en los sondeos. La acompaña la trabajadora portuaria Raquel Brício.

Patrimonio declarado: 33.000 reales (6.300 dólares).

Edmilson Costa — Partido Comunista Brasileño

Edmilson Costa es economista y profesor. Milita en el comunismo desde los tiempos de la dictadura militar brasileña y representa al Partido Comunista Brasileño. No registra porcentaje detectable en los sondeos más recientes. Lo acompaña Cleusa Santos.

Patrimonio declarado: 454.000 reales (87.000 dólares).

 

Clariana Barão — Democracia Cristiana

Clariana Barão es abogada y empresaria. Compite por primera vez en unas elecciones presidenciales bajo la bandera de Democracia Cristiana. No aparece en los sondeos. La acompaña Fabiana Torquato.

Patrimonio declarado: 1,8 millones de reales (340.000 dólares).

Hertz Dias — Partido Socialista de los Trabajadores Unificado

Hertz Dias es historiador, rapero y activista del movimiento afrodescendiente. Defiende el fin del capitalismo y la suspensión del pago de la deuda pública brasileña. No registra intención de voto en los últimos sondeos. La acompaña Vanessa Portugal.

Patrimonio declarado: ninguno

Rui Costa Pimenta — Partido de la Causa Operaria

Rui Costa Pimenta es periodista autodefinido como antisistema. Esta es su cuarta candidatura presidencial: ya lo intentó en 2006, 2010 y 2014 sin éxito. No aparece en los sondeos. Lo acompaña Antônio Carlos.

Patrimonio declarado: ninguno.

Wilson Grassi — Demócrata

Wilson Grassi es veterinario y centra toda su campaña en la defensa de los animales. No registra intención de voto en las encuestas. Lo acompaña Suêd Haidar. Patrimonio declarado: 50 millones de reales (9,6 millones de dólares).

Pablo Marçal — Partido Renovador Laborista Brasileño

Pablo Marçal tiene 39 años y es influenciador digital e inversor. Su partido lo inscribió a último momento como candidato, pero enfrenta una inhabilitación vigente que podría llevar a la Justicia Electoral a anular su postulación antes del 4 de octubre. Es el candidato con el patrimonio declarado más alto de toda la lista: 7.420 millones de reales (1.420 millones de dólares). Lo acompaña Leonardo Avalanche.

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Un proyecto de ley busca reglamentar la eutanasia en Bolivia

La regulación de la eutanasia y el acceso universal a la muerte digna ingresaron en forma oficial al debate del escenario político en Bolivia, después de que el diputado Diego Brañez (APB-Súmate) presentara el proyecto denominado “Ley de cuidados paliativos, muerte digna y eutanasia” ante la Cámara de Diputados. 

La iniciativa surge por un argumento de impacto. De acuerdo con el proyectista, en el país hay procedimientos clandestinos de eutanasia que ocurren a la sombra del sistema que rige en el país.  

Urgencia 

El impulsor de la norma justificó la urgencia de la ley en cuestión luego de alertar sobre la existencia de un mercado ilegal de la eutanasia en clínicas y hogares. Según Brañez, la prohibición no frena la práctica, sino que empuja a las familias y a médicos de confianza a pactar en forma oculta la aplicación de dosis elevadas de sedantes para acelerar el deceso piadoso. 

“Se practica la eutanasia ilegal en nuestro país”, aseguró Brañez cuando defendía la necesidad de regularizar esta situación sin dar evidencia de los casos. Al carecer de un marco legal, estas acciones se realizan sin fiscalización estatal, de manera insegura y bajo el temor constante a la persecución penal.  No obstante, Brañez aclaró que “la meta de la propuesta de ley no es la muerte”, sino que se trata del hecho de “morir con dignidad y sin dolor”, como un derecho y no un delito. También aclaró que el paciente afectado por una enfermedad terminal tiene el derecho a recibir cuidados paliativos antes de decidir por sí mismo su muerte asistida y legalizada.  

Propuesta 

El proyecto de ley introduce varias disposiciones que ya empezaron a levantar fuertes controversias éticas, médicas y jurídicas en el país. El punto más sensible de la propuesta exige modificar el artículo 257 del Código Penal, referente al homicidio piadoso. El proyecto busca eximir por completo de sanciones a los médicos que ejecuten la eutanasia.  Críticos de sectores jurídicos advierten de que esto podría abrir una ventana peligrosa a la impunidad en caso de que falle el control. En cuanto a la obligación institucional sobre los hospitales, aunque la ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia para que ningún médico sea obligado a actuar en contra de sus creencias, impone un candado polémico. 

Las clínicas y hospitales tienen prohibido declararse objetores. Si un médico se niega, el centro de salud está obligado por ley a reemplazarlo en un plazo máximo de 48 horas, lo que genera rechazo en instituciones médicas de convenio o con principios religiosos. 

Mientras gremios como el Colegio Médico cuestionan que se debata la muerte asistida en un sistema sanitario con carencias estructurales, sectores de oposición afirman que la pobreza extrema en el país podría presionar a las familias de escasos recursos a optar por la eutanasia gratuita antes que enfrentar deudas impagables por tratamientos médicos que requieran de plazos largos. 

El corazón de esta propuesta consiste en crear un marco integral para el fin de la vida. El texto no ofrece la eutanasia como primera opción, sino como un último recurso médico. El proyecto exige al Estado la creación de una red nacional de cuidados paliativos de carácter gratuito y universal a través del Sistema Único de Salud (SUS), un sistema que ingresará a una reforma profunda para transformarse en el Seguro Integral de Salud (SIS), de acuerdo con anuncios de autoridades del Ejecutivo.   

De esta manera, el sistema público deberá asegurar medicamentos contra el dolor y apoyo psicológico a toda persona con diagnósticos médicos irreversibles, y no solo a pacientes con problemas de cáncer. Cuando la medicina paliativa resulte insuficiente para mitigar el sufrimiento físico o psicológico, se podrá activar el protocolo de una muerte digna.  

El paciente mayor de edad  boliviano o extranjero con un año de residencia legal podrá solicitar. 

 

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