La Confederación Nacional de Jubilados anunció este lunes su declaratoria de estado de emergencia y la exigencia de una intervención técnica urgente a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, con el objetivo de verificar la administración de los aportes y la situación actual de los fondos de pensiones de los asalariados del país.

“Estamos pidiendo la intervención técnica, la auditoría interna y externa. Queremos que nos muestren esos contratos, las inversiones que se han realizado. La plata de los bolivianos no puede ser desfalcada”, afirmó el representante del sector, Rodolfo Ayala, reflejando la preocupación creciente entre los jubilados por el futuro de sus recursos.

Ayala informó, además, que la Confederación iniciará procesos legales contra exautoridades del Ministerio de Economía, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), y otras instancias involucradas, debido al presunto “mal manejo” de los fondos de pensiones, según reporte de la ABI.

La Gestora Pública asumió plenamente la administración del sistema de pensiones en mayo de 2023, haciéndose responsable tanto del pago de jubilaciones como de la recepción de los aportes de los empleadores destinados al retiro de los trabajadores activos.

Ante las dudas sobre la seguridad y rentabilidad de estos recursos, el sector de los jubilados remarcó la urgencia de garantizar total transparencia, señalando que está en juego la estabilidad de millones de bolivianos que dependen de estos fondos para su vejez.