El Gobierno de Rodrigo Paz oficializó ayer una reestructuración profunda del Órgano Ejecutivo, que reduce de 17 a 15 los ministerios y fusiona áreas clave para impulsar una gestión “más ágil, austera e institucionalizada”. El cambio fue formalizado mediante el Decreto Supremo 5488, una de las primeras medidas de la nueva administración.

La modificación incluye la creación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que integra las funciones de los antiguos ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo Rural y Tierras, además de incorporar la gestión del agua y saneamiento. Medio Ambiente, por su parte, pasa a formar parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, esta reestructuración —que modifica el Decreto Supremo 4857 de 2023— busca fortalecer la articulación de políticas productivas, agropecuarias y de recursos hídricos, al tiempo que reorganiza competencias para optimizar la estructura estatal. “Esta actualización normativa responde a la necesidad de impulsar el desarrollo económico, productivo y rural y garantizar una administración más eficiente del agua”, señala el documento.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Julio Linares, destacó que la medida forma parte del compromiso del presidente Paz de desmontar el “Estado tranca” y avanzar hacia una administración pública más moderna. “A partir de este decreto podemos iniciar la transformación del Estado tranca, como lo llama el presidente, en un gobierno más transparente, más ágil, más eficiente y, sobre todo, institucionalizado”, afirmó.

Linares detalló que la nueva estructura implica la reducción de dos ministerios, cuatro viceministerios y varias direcciones, en el marco de una política de austeridad y disciplina fiscal que guiará el Presupuesto General del Estado 2026. “Buscamos reducir el gasto corriente de los ministerios y darle otra cara a nuestra forma de gobernar”, explicó.

El viceministro también señaló que la reestructuración pretende devolver la centralidad a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), que —según dijo— fue aplicada de manera distorsionada durante los últimos 19 años.