Mientras avanza la investigación para esclarecer cómo fallecieron los tres policías asesinados la madrugada del sábado en la región del Bio Bío, en la zona centro-sur de Chile, continúa la intensa búsqueda para encontrar a los autores del crimen que este fin de semana ha conmocionado a todo el país.

El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, anunció este domingo que el Gobierno presentará una querella contra los responsables por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y organización criminal, delitos que conllevan una pena de cadena perpetua calificada.

“Estamos aspirando a las penas más altas”, dijo Monsalve en un punto de prensa desde el lugar de los hechos.

Durante la jornada de este domingo también fueron entregados los cuerpos de los agentes a sus familiares, después de que el Servicio Médico Legal (SML) finalizara sus pericias, que serán uno de los puntos claves de la investigación.

El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió en la localidad de Cañete, 600 kilómetros al sur de la capital, cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. Murieron calcinados un sargento y dos cabos.

“El modus operandi no corresponde con lo que conocemos”

Se trata del peor ataque contra Carabineros, la Policía militarizada del país, en la historia reciente, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma como habrían sido asesinados los agentes, según apuntan las primeras investigaciones.

“Este es un hecho cuyo modus operandi no corresponde con lo que conocemos en la violencia rural de los últimos años, y la investigación tendrá que determinar frente a lo que estamos”, apuntó más tarde Monsalve en una entrevista televisiva.

Las regiones del Bio Bío y La Araucanía son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra a pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.

Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques de grupos armados, en su mayoría sabotajes incendiarios.

Esta situación se combina ahora con una crisis de seguridad que atraviesa el país y que ha provocado un aumento de los delitos violentos y del crimen organizado.

“Podemos estar frente a un hecho específico y puntual o frente a un cambio de escenario y estrategias de la violencia rural. Eso es algo que hay que aclarar en el marco de la investigación”, insistió la autoridad.

Gobierno dice que “no es oportuno cambios de mando”

En medio de la convulsión, que coincidió con la conmemoración del Día del Carabinero en Chile, se reabrió la polémica sobre si es momento para que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abandone su cargo tras la imputación de la Fiscalía por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019.

Aunque esta misma semana el Gobierno, presionado por una parte del oficialismo, había anunciado que el jefe policial dejaría el cargo antes de su formalización (imputación del juez), prevista para el 7 de mayo, este duro golpe a Carabineros dio vuelta al escenario.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno no lo removerá del cargo pese a su próxima imputación: “En este momento no es oportuno tener cambios de mando”, aseguró.

“A pesar de que consideramos muy inconveniente que las autoridades estén enfrentando al mismo tiempo una investigación, en un instante como este, no sería adecuado remover al mando de las policías”, explicó.

Tantoel presidente Gabriel Boric como la misma Tohá el sábado ya habían puesto en duda su renuncia.

Este remezón a la institución policial se produce justo cuando se cumple un año de otra crisis también provocada por los asesinatos de tres carabineros ocurridos en menos de 21 días. Este episodio impulsó una agenda legislativa en materia de seguridad que otorga más atribuciones a los policías en el uso de armas y parte de la cual sigue su tramitación en el Congreso.