Los problemas en la gestión pública en los tres niveles del Estado (Gobierno central, gobernaciones y municipios) y la difícil situación económica de la población son las principales fuentes de conflictos en Bolivia y en abril hubo 120, según el informe de la Fundación Unir. Aún no se conocen los datos de mayo.

La cifra es mayor a la registrada en marzo (98 casos) y la más alta del año. “Es importante destacar que sólo 14 por ciento de estos conflictos proviene de meses pasados, eso quiere decir que nueve de cada 10 casos se originaron y plantearon su primera medida de presión en abril”, según el informe.

Entre las causas para el aumento de la conflictividad en Bolivia, Unir cita la complicada situación económica por la que atraviesa el país.

Por ejemplo, personas con discapacidad se movilizaron exigiendo al Ministerio de Justicia y al Comité Nacional de Personas con Discapacidad el incremento del Bono de Discapacidad de 250 a 500 bolivianos debido al aumento del costo de vida.

Gremiales de Oruro demandaron autorización para instalar puestos de venta en distintos sectores de la ciudad.

Hubo conflictos municipales en Monteagudo, con protestas en demanda de cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2022 para la construcción de la carretera El Salto-Puente Limón. Otros conflictos ocurrieron en El Alto, Potosí, Sucre, Cochabamba y otros municipios del país.

En general, los conflictos de abril no alcanzaron niveles de radicalidad elevados; hubo medidas de presión de mediana intensidad, como marchas, concentraciones y bloqueos de vías públicas.