A pocas semanas de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, el escenario electoral en Bolivia se tensa con dos protagonistas en el centro del debate: Andrónico Rodríguez, candidato presidencial por Alianza Popular, y Jaime Dunn, líder de Nueva Generación Patriótica (NGP), cuya habilitación no está definida.
En tanto, el presidente Luis Arce acusó al evismo de favorecer a la derecha en desmedro del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Rodríguez, que hasta hace poco era visto como una figura emergente del Movimiento Al Socialismo (MAS), ahora se presenta como opción presidencial por Alianza Popular. Sin embargo, su postulación desató una ola de rechazo desde la facción “evista”, liderada por el expresidente Evo Morales. Legisladores cercanos a Morales no sólo se han negado a respaldarlo, sino que han llamado abiertamente al voto nulo si Morales no figura en la papeleta. “Está perdido como Alicia en el País de las Maravillas”, lanzó el diputado Héctor Arce, quien tildó a Rodríguez de “primer traidor” y aseguró que su voto será nulo, con el nombre de Evo Morales escrito a mano en la papeleta. En la misma línea, el senador Leonardo Loza acusó a Rodríguez de insinuar el encarcelamiento de Morales por decir que respetará la ley. “Jamás votaremos por un traidor”, afirmó con dureza.
Pese a la hostilidad, el androniquismo no cesa en su campaña. Su entorno insiste en conquistar el voto del trópico de Cochabamba, bastión histórico de Morales. La senadora Simona Escóbar confirmó que ya están en campaña en esa región y que, incluso, reciben llamados de apoyo de sectores rurales que aún simpatizan con Rodríguez como “hijo del pueblo”.
Dunn enfrenta un desafío judicial que amenaza con dejarlo fuera de competencia. El 2 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó su inhabilitación como candidato.
Apenas 16 minutos antes del vencimiento del plazo legal, Dunn logró presentar ayer un “recurso de revisión extraordinaria” para intentar revertir la medida. “La burocracia nos ha puesto obstáculos, hubo pérdida de documentos y carpetas, pero llegamos a tiempo”, declaró al borde del cierre de oficinas del TSE.
La acción legal busca frenar la inhabilitación del economista del proceso electoral.
