Argentina y Reino Unido expondrán sus argumentos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM o ITLOS, por sus siglas en inglés) los próximos 10 y 11 de noviembre sobre las medidas solicitadas por Buenos Aires respecto de la explotación del yacimiento de Sea Lion, próximo a las islas Malvinas, administradas por Londres, aunque el país sudamericano reclama su soberanía.

Según informó este martes en un comunicado el TIDM, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, el presidente de dicho tribunal, Maurice K. Kamga, fijó esos días para la audiencia sobre las medidas provisionales anunciadas por Argentina el mes pasado y solicitadas el pasado martes.

La audiencia será pública y se celebrará en la sala principal de la sede de esa instancia internacional.

Hace una semana, el Gobierno argentino solicitó dichas medidas  “con arreglo al apartado 5 del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, en el marco de su contencioso sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Suroccidental, recordó el tribunal.

Argentina se opone a la extracción británica de crudo

Buenos Aires quiere frenar la explotación británica de los hidrocarburos en las islas y, en concreto, que Londres se abstenga de utilizar la información obtenida durante la etapa de exploración y deje de “impedir” que Argentina “cumpla con su obligación” de “proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia”.

El Gobierno de Javier Milei también pidió medidas para que Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa”.

El objetivo de Argentina pasa por detener el avance de Sea Lion, un proyecto offshore operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago. Argentina considera “ilegales” los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas y ya ha denunciado a las petroleras.